Mientras continúan las protestas, el gobierno peruano aceptó responder en el plazo de 60 días a un pedido de relatores de las Naciones Unidas sobre posibles violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis social y política que vive el país.

El gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, informó a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que aportará la información solicitada por la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el accionar del Ejecutivo durante las protestas sociales en el país. Este jueves se registraron 20 bloqueos de vías nacionales y movilizaciones en neve provincias.

El representante de la Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, Luis Juan Chuquihuara, pidió hacer llegar a la canciller, Ana Gervasi, el documento suscrito por siete relatores de este organismo. En ese escrito solicitaron al Gobierno peruano pronunciarse sobre denuncias relativas al uso de la fuerza que provocó "un elevado número de muertes ilícitas". También piden respuestas sobre la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes, detenciones arbitrarias; así como un caso de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de los protestantes desde que iniciaron las marchas a nivel nacional.

“El Estado Peruano tiene hasta 60 días para absolver estas consultas, las mismas que serán respondidas en el plazo establecido”, se lee en el comunicado publicado este miércoles 1° de marzo. El gobierno señaló que el pedido de la ONU “no prejuzga sobre la exactitud de los hechos detallados en la mencionada comunicación conjunta”.

Mientras prosigue el conflicto social por la falta de un gobierno representativo tras la dimisión de Pedro Castillo, el gobierno de Boluarte aclara “que la comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión de Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, mencionaron.

Además precisó que el gobierno -antes de ser notificado con el comunicado de la ONU- extendió una invitación a relatores de ejecuciones extrajudiciales y al derecho a la reunión pacífica a visitarnos en los próximos meses.

Por otro lado, el comunicado reitera que el gobierno brinda facilidades al desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público, que se desarrollan contra Boluarte y su gabinete por las decenas de muertes ocurridas durante la represión de la Policía Nacional del Perú a las protestas sociales.

“El pueblo peruano está ejerciendo su derecho a la insurgencia”

Un protocolo para la cobertura periodística

Mientras la represión deja un saldo de muertes y heridos y de periodistas lesionadas y lesionados, el Gobierno publicó ayer un proyecto de "protocolo" para la cobertura periodística de los hechos. Se trata de la Resolución Ministerial N.° 0277-2023-IN, que promueve el "Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”.

El mismo establece los siguientes puntos

• Garantizar un trabajo articulado entre los medios de comunicación y la Policía Nacional del Perú para el desarrollo de su labor informativa en el contexto de los conflictos sociales, procurando la prevención de riesgos y afectaciones a la vida e integridad física de los periodistas.
• Designar un oficial de enlace a nivel de la Policía Nacional del Perú para la coordinación con los medios de comunicación sobre su labor en escenarios de violencia.
• Procurar la identificación de los periodistas en el lugar de los hechos con lo determinado por el gremio periodístico, para efectos de brindar recomendaciones de seguridad y evitar daños físicos y/o materiales en un escenario que se torne violento.
• Sugerir a los periodistas la ubicación adecuada en un escenario de violencia, a fin de garantizar su integridad.
• Realizar la evacuación y coordinar la atención médica necesaria ante una afectación a la integridad física de un periodista.
• Realizar reuniones de coordinación después de las movilizaciones para evaluar las deficiencias y disponer mejoras.

Según informó el medio RedEcoAlternativo, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se mostró en desacuerdo "con reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas".

IPYS resaltó que cada medio de comunicación debe crear sus propios protocolos de seguridad. Por otro lado, demandó que se investigue con diligencia las denuncias contra los que agreden a la prensa en las protestas.