Integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres realizaron una misión oficial en nuestro país para evaluar la situación de la violencia política por razones de género. Apuntaron contra los discursos de odio y establecieron recomendaciones para el Estado y los medios de comunicación.

El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en septiembre pasado no es un hecho aislado. Tampoco lo es la cobertura mediática estigmatizante que se ha hecho sobre su rol como funcionaria pública (en diversos cargos) en los últimos 20 años. Esto se llama violencia política por razones de género y constituye un obstáculo que impide la plena participación y el ejercicio de los derechos políticos de mujeres y diversidades. 

Esta semana, por pedido del Gobierno, expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitaron Argentina para evaluar la situación respecto a la violencia política en nuestro país. La misión, que duró tres días, incluyó entrevistas con políticas y resultó en una serie de recomendaciones para el Estado y para los medios de comunicación.

Las expertas integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi) de la OEA. El órgano tiene como función evaluar el cumplimiento de la Convención de Belem do Pará, que desde 1994 reconoce derechos de las mujeres que residen en los estados americanos. Argentina es uno de los países firmantes de la convención y por eso la visita se realizó en el marco de ese acuerdo.

El Mesecvi es presidido por la abogada peruana Marcela Huaita. En diálogo con Página/12, la especialista advirtió que “los discursos de odio que se reflejan en redes sociales y portadas de medios” hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner “pavimentan la situación” que desembocó “en el atentado contra su vida: el ataque no vino del vacío”. En efecto, una de las reuniones que mantuvo la comitiva de la visita oficial fue con la actual vicepresidenta, quien les entregó un informe que sistematiza los ataques simbólicos y físicos vividos por ella en calidad de militante y funcionaria durante los últimos años.

El escrito señala que Fernández de Kirchner es la política más acosada mediáticamente de la historia de nuestro país, con veinte años de ataques sistemáticos a través de los medios de comunicación, hostigamientos, insultos, burlas, acusaciones falsas e incitaciones constantes y permanentes a ejercer la violencia en su contra.

El intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández fue el hecho más grave de la democracia reciente, la expresión extrema de una serie de violencias más sutiles pero no por ello menos dañinas. “El tipo de imágenes con las que la representan en portadas de medios y en redes sociales constituyen violencia política por razones de género y naturaliza este tipo de violencia contra las mujeres”, subrayó Huaita. 

El disparo que no salió de la pistola de Fernando Sabag Montiel fue el corolario de una serie de mensajes de consumo masivo que, durante años, deshumanizaron a una mujer que ocupó varios lugares de importancia en la institucionalidad argentina. Al momento del ataque, el Mesecvi repudió el hecho, considerándolo “una grave expresión de violencia contra las mujeres y contra el sistema democrático”. 

Ese atentado tampoco fue un hecho único. En enero pasado la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció un ataque en su contra luego de que su equipo de seguridad desactivó un artefacto explosivo en inmediaciones de su vivienda. En 2019, Márquez ya había sido objeto de un ataque con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento de Cauca, donde aún reside. 

Los crímenes de las concejalas Juana Quispe en Bolivia (2012) y Marielle Franco en Brasil (2018), evidencian de forma extrema la violencia que sufren las mujeres que toman parte activa en la vida pública de sus comunidades. 

Las militantes de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos e incluso periodistas que trabajan en medios de comunicación (señalaron las expertas) viven diferentes modalidades de disciplinamiento. Otra visita que realizaron las integrantes del Mesecvi fue a las Ramonas Atrevidas, siete dirigentas de la Unión Cívica Radical de Catamarca, suspendidas por su propio partido luego de haber impugnado la candidatura a presidente del Comité Capital de la provincia, Roberto Gómez, por tener en curso una causa por acoso y abuso sexual en su contra.

Huaita subrayó que “el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de Diputados o las líderes sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas Atrevidas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública”.

Para las expertas de la OEA estos hechos constituyen un socavamiento de la democracia puesto que desalientan la participación de mujeres, lesbianas, travestis y trans en las diversas instancias institucionales. Y marcaron que las situaciones de violencia se profundizan cuando se cruzan con otras expresiones como el racismo y el odio hacia las diversas expresiones sexuales y de género.

El Comité también expresó su preocupación por “la situación de periodistas y comunicadoras sociales, así como defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes manifestaron un claro retroceso en los espacios logrados y un elevado costo personal que obligó a muchas de ellas a silenciar su voz para protegerse, dándose así un proceso amplio de inhibición y autocensura”.

Sin respaldo

Marcela Huaita expresó que “estos hechos se agravan por una evidente tolerancia por parte de los órganos del Estado, que parece ser sistemática”. Al respecto, hizo hincapié en los procesos de administración de justicia. “En algunos casos, los resortes de atención e investigación de estas violencias pueden ser menos o más eficientes, dependiendo del nivel de tolerancia, aceptación y desarrollo de los mecanismos institucionales para combatir la violencia”, indicó.

Por otro lado, manifestó que los partidos políticos “no están apoyando a sus propias militantes y esto se da en las provincias y a nivel nacional”. Y agregó: “Las mujeres siguen sintiendo que no tienen respaldo. Esto le hace daño a la democracia y es un mensaje que va calando en las nuevas generaciones. Hemos conquistado espacios, hemos llegado para quedarnos, pero necesitamos que haya un cambio cultural, que todos tenemos que construir”.

De acuerdo a los testimonios recogidos, las expertas valoraron que los mecanismos institucionales existentes en el país “no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político”.

¿Qué hacer?

La misión estuvo conformada por Leila Linhares Barsted, de Brasil; Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia; y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica; por la Secretaria Técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero y por Susana Chiarotti de Argentina.

Durante su visita la delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado: representantes de la Cancillería, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio del Interior; con la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, con la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozetta, y con el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía; también con diputadas, senadoras y representantes de partidos políticos.

Como resultado de las reuniones con las funcionarias y funcionarios, miembras de organizaciones y periodistas, las especialistas dejaron una serie de recomendaciones.

Al Estado Argentino se le recomendó incluir a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” dentro del bloque de constitucionalidad, tal como lo tiene la CEDAW.

Si bien el Comité destacó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, instó al Ejecutivo a establecer de forma urgente un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, así como para la efectiva resolución de los casos;

También recomendó —tanto al Ejecutivo como a los órganos electorales— incorporar la violencia contra las mujeres en la vida política en los protocolos de atención e investigación de violencia contra las mujeres. Además, pidió que se recopilen estadísticas sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres en la vida política, determinando los medios para su divulgación

En cuanto a la violencia mediática, se instó a promover que los medios de comunicación y las redes sociales no violenten los derechos de las mujeres, la imagen de las mujeres que participan en la vida pública y su privacidad, y combatan los contenidos que refuerzan, justifican o toleran la violencia contra las mujeres en la vida política.

El artículo 5 de la Convención de Belem do Pará consagra el derecho de toda mujer a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, contando con la total protección de esos derechos. En este sentido, el Comité de Expertas recuerda que los Estados Partes (como Argentina) reconocieron —al suscribirlo— que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.