El último paso de los militares por la Casa Rosada dejó un tendal de crímenes y la destrucción de la economía nacional tal como era hasta entonces. ¿Qué significa la responsabilidad civil y empresaria en la dictadura y por qué a Mauricio Macri le molesta tanto "el curro" de los derechos humanos?

“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Rodolfo Walsh, Carta abierta de un escritor a la Junta Militar (1977)

La violencia, el adoctrinamiento, la desaparición forzada, los campos de exterminio y los fusilamientos fueron los cimientos sobre los que se edificó el neoliberalismo en Argentina. Desde hace tiempo comenzó a visibilizarse la responsabilidad civil en el gobierno de facto que tomó la Casa Rosada en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Empresas como Techint, Ledesma, Acindar y SOCMA (Sociedad Macri) —por citar algunas— fueron engranajes necesarios del sistema represivo. Mientras eran favorecidas en la obra pública, sus directivos contribuyeron entregando obreras y obreros sindicalizados, ofreciendo sus instalaciones para la tortura y el asesinato y aportando nombres propios para cargos oficiales.

No sólo fueron cómplices. Mataron para aumentar sus ganancias y para eliminar a una clase trabajadora urbana y rural que se resistía a ser tratada peor que las vacas de la oligarquía ganadera. El listado de las firmas del genocidio estremece por su posterior convivencia con la cotidianidad de la democracia, ese resguardo siempre a fortalecer que pronto cumplirá cuatro décadas. Pérez Companc, Garovaglio y Zorraquín, Astra, Bagley, Terrabusi, Ferrum, Nougués, Bridas, Bunge y Born, Alpargatas, Bemberg, Celulosa, Loma Negra, Tornquist, Corcemar, Soldati, Ford Argentina, Mercedes Benz, Grupo Clarín y La Nación engrosan el número de financiadores de la muerte.

El modelo económico que hoy se lleva recursos naturales, envenena campos y amplía los cordones miserables de pobres y más pobres a la espera de una changa en las afueras de las grandes ciudades fermentó en las tinieblas de la última dictadura.

Ingenio Ledesma

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 se cortó el suministro eléctrico en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, ubicadas en el departamento Ledesma, en Jujuy. Quienes allí habitaban pensaron en un primer momento que se trataba de una interrupción del servicio para hacer alguna reparación. Pero pronto comenzaron a escucharse frenadas de autos y gritos. La Policía jujeña, la Policía Federal y la Gendarmería sitiaron las calles. 

No había luz en ningún lado, excepto en las instalaciones del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier. 

Ledesma se había creado a principios del siglo XX y —para el gobierno dictatorial— se trataba de una empresa de “interés nacional”. Hacia la década del 70, las condiciones de trabajo eran sumamente precarias y algunos obreros habían comenzado a organizarse. Desde 1973, estos trabajadores eran vigilados. 

Durante el Apagón del 76, 400 personas fueron secuestradas y 55 permanecen desaparecidas. Se estima que al menos 300 fueron llevadas encapuchadas a centros clandestinos habilitados por la empresa azucarera y que ésta aportó los vehículos para el traslado. Uno de esos lugares fue el centro de detención Guerrero, donde se torturó y desapareció a trabajadores de la empresa como Miguel Garnica y Germán Córdoba, entre otros.

En 2021 el juzgado federal N° 2 de Jujuy elevó a juicio oral la causa de lesa humanidad por la desaparición de 18 empleados, en la que fueron procesados Carlos Blaquier y Alberto Lemos, dueño y ex administrador de Ledesma. El juicio estuvo paralizado por ocho años debido a apelaciones de la defensa y a la falta de mérito dictada por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en 2015. Tuvieron que pasar seis años para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara, por arbitrario, el fallo de Casación.

Carlos Blaquier murió el 13 de marzo pasado sin ser juzgado.

Techint

La multinacional presidida por Paolo Rocca obtuvo en 1978 la concesión del mayor centro de acopio de basura de la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Fue solo uno de los favores que la empresa obtuvo del gobierno de facto en términos de licitaciones de obras y servicios públicos y en el marco de la diversificación de sus actividades, originalmente vinculadas al acero.

En el amanecer del 24 de marzo de 1976, los trabajadores de Propulsora Siderúrgica —la primera planta de Techint, ubicada en La Plata— fueron “avisados”. Ricardo Corteletti, jefe de Relaciones Laborales, les dijo: “Todos aquellos que estén comprometidos, o que tienen algún tipo de actividad gremial y política, que se vayan”. Posteriormente, el empleador fue acusado de entregar legajos a las fuerzas represivas y de habilitar el ingreso cotidiano del Ejército a la fábrica para interrogar a las y los trabajadores. 

En la localidad bonaerense de Campana funcionaba Dálmine, otra planta del grupo. El 22 de septiembre de 1976 desaparecieron allí Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez, integrantes de la Lista Naranja de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM), cercana al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue durante la llamada “Noche de los tubos”. La lista de empleados de Techint desaparecidos asciende a 80. En la mayoría de los casos se repitió el mecanismo: días después del secuestro, la empresa enviaba a sus familias un telegrama de despido.

En el marco de la Megacausa Campo de Mayo, la auxiliar fiscal Gabriela Tosti señaló a la familia Rocca —junto a los dueños de la constructora Roggio y a los Macri, propietarios de SOCMA— como “uno de los sectores empresariales más beneficiados política y económicamente por la última dictadura cívico militar”. Asimismo, sostuvo que “reclamar por mejores condiciones laborales o mejoras salariales era motivo suficiente para el secuestro, el tormento y la desaparición”. Sin embargo, la responsabilidad de los Rocca en esos crímenes de lesa humanidad no fue investigada. 

En 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, Techint compró las acciones privatizadas de la estatal Somisa por un valor irrisorio. También en democracia, realizó obras en la mina Veladero de San Juan, operada por la Barrick Gold, y gasoductos para la extracción de shale gas en Vaca Muerta. Actualmente tiene en carpeta la construcción de más de 500 kilómetros del gasoducto Néstor Kirchner.

Paolo Rocca es el segundo argentino más rico según el ranking de la revista Forbes de 2022.

Acindar

La sede principal de la empresa metalúrgica Acindar es la localidad santafesina de Villa Constitución, donde en 1975 ocurrió el Villazo: la resistencia obrera a la represión de la Triple A por parte de obreros organizados contra la burocracia de la UOM. 

Durante la dictadura, trabajadores de la fábrica fueron detenidos o asesinados y se estima que 23 permanecen desaparecidos. Acindar no solo facilitó datos de los obreros para los secuestros antes y después de 1976, sino también las instalaciones de sus fábricas para las torturas. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981 formaba parte de su directorio. Tras la represión del Villazo, el militar Alcides López Aufranc fue premiado con la presidencia del emporio.

En 2022, la Cámara de Casación Penal reconoció la comisión de los delitos de homicidio y asociación ilícita por parte de organismos estatales y empresariales para reprimir el Villazo y fueron detenidos el ex directivo de Acindar, Ricardo Torralvo, y el ex militar, Bernardo Landa. 

Hoy los sobrevivientes y sus familias esperan el inicio del juicio.

SOCMA

Actualmente devenida en el Grupo Macri, la empresa SOCMA (Sociedad Macri), de Franco Macri e hijos, obtuvo importantes beneficios durante la dictadura: la construcción de la Represa Yacyretá, del puente Posadas-Encarnación, la central termoeléctrica de Río Tercero y de Luján de Cuyo y la licitación de la recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires.

El dinero de Mauricio Macri se hizo sobre la sangre que derramó el terrorismo de Estado. Quizás por eso al ex presidente de la Nación le parezca un “curro” ejercer el derecho a la memoria sobre quiénes y por qué desaparecieron a 30 mil personas y asesinaron y torturaron a otras tantas, en su mayoría trabajadoras y trabajadores de las familias ricas de Argentina.

Compromiso internacional

El último paso de los militares por la Casa Rosada dejó un tendal de crímenes y la destrucción de la economía nacional tal como era hasta entonces. Nos legó una deuda externa privatizada y un modelo basado en la especulación financiera, que expulsa económica y culturalmente a generaciones que hoy no tienen trabajo sencillamente porque ya no hay dónde buscarlo. Contribuyó al enriquecimiento obsceno de los más ricos y al empobrecimiento agudo de los más pobres.

Hay partícipes necesarios y beneficiarios de este modelo. En el último Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos de las Naciones Unidas, Argentina se comprometió a seguir investigando las responsabilidades civiles y económicas en la dictadura. Saber quién hizo qué y los costos de quiénes pagamos con tanta muerte es sólo un paso necesario que la democracia reclama.