Un equipo de abogades de género, la Asociación Civil Palabras y la Asociación Civil Tramas Derecho en Movimiento, se constituirán como parte querellante en la investigación penal contra la ONG Grávida por haber obstaculizado el acceso al aborto legal de una niña de 12 años víctima de abuso intrafamiliar.

La Asociación Civil Palabras se constituirá como parte querellante en la investigación penal abierta tras la denuncia contra la ONG Grávida, por los hechos que tomaron estado público en enero pasado en la ciudad de Santa Fe.

Grávida fue denunciada por haber obstaculizado el acceso al aborto legal de una niña de 12 años víctima de abuso intrafamiliar, protegido por la ley 27.610. La denuncia penal fue realizada por el Estado provincial y acompañada por el Estado nacional.

La maternidad será deseada o no será

La presentación es impulsada por un equipo de abogades de género, la Asociación Civil Palabras y la Asociación Civil Tramas Derecho en Movimiento y cuenta con la adhesión de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe. Quienes impulsan y acompañan la presentación encuentran vulnerados sus intereses en tanto organizaciones abocadas a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

A través de esta presentación, las organizaciones tienen por objetivo involucrarse activamente en la investigación judicial sobre el accionar de Grávida. Demandan que se clarifique lo ocurrido en el caso mencionado y, en caso de haberse configurado un delito, se sancione a las personas responsables.

También destacan la importancia de que, en pos de vivir en una sociedad democrática, el Estado tome un rol cada vez más activo respecto a las organizaciones que actúan y se pronuncian de manera contraria a las leyes vigentes, vulnerando los derechos sexuales y reproductivos.

"Militamos por la legalización del aborto voluntario y de los derechos humanos, en particular aquellos que protegen en su especificidad a mujeres, lesbianas, travestis y trans, niñas y adolescentes", señalaron desde las organizaciones. "Sancionada la ley 27.610, seguimos luchando por su plena implementación y por el respeto del derecho al aborto en el marco de un Estado laico. En este contexto, volvemos a sostener: ¡son niñas, no madres!".

"Invitamos a las diferentes organizaciones a adherir a la presentación de la querella contra Grávida, desde el entendimiento de que el derecho se construye, se resiste y se disputa colectivamente", finalizaron.

El caso

El 19 de diciembre, una nena de 12 años asistió junto a su madre a un centro de salud en Garibaldi, en el departamento Castellanos, y se enteró de que estaba embarazada: según relató, había sido abusada en reiteradas ocasiones por su padre, que ya tenía denuncias en su contra por violencia de género y será imputado este miércoles.

La voluntad de la menor fue clara: quería abortar, algo que también compartía su madre. A partir de ese momento intervinieron la Secretaría de la Niñez provincial y la Defensoría del Pueblo, que, con el consentimiento firmado de madre e hija, agendaron un turno para que la niña fuera atendida en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe el lunes 2 de enero, en el marco de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Sin embargo, antes de que eso sucediera, la menor y la madre fueron contactadas por miembros de Grávida -organización católica que busca convencer e impedir a mujeres que atraviesan situaciones de violencia o vulnerabilidad que interrumpan sus embarazos- y luego de una misa en María Juana, desaparecieron.

El día del turno llegó, pero la niña no asistió. Finalmente, luego de una búsqueda en la que participaron la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y los Ministerios de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad, tanto ella como su madre fueron encontradas por efectivos de la Agencia de Investigación de Trata de Personas ayer a la noche en la "Casa Hermanas de Betania", una de las sedes de Grávida, ubicada en 9 de julio 2663.

La Secretaría de Niñez quedó a cargo de la menor, que fue retirada de la institución religiosa y entró en contacto nuevamente con los equipos de salud e interdisciplinarios del Estado, quienes efectivizaron la realización del aborto, tal había sido el deseo expresado inicialmente por la niña.