Palabras, Tramas y abogades de género seguirán la investigación penal sobre el accionar de esa ONG.

Las asociaciones civiles Palabras y Tramas Derecho en Movimiento —junto a un equipo de abogades de género— realizaron el pasado 4 de abril una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación para constituirse como parte querellante en la investigación penal abierta tras la denuncia que realizó el Estado provincial contra la ONG Grávida.

Esta organización fue denunciada por la presunta obstaculizado del acceso al aborto voluntario de una niña de 12 años víctima de abuso intrafamiliar, protegido por la ley 27.610. La denuncia penal fue realizada por el Estado provincial y acompañada por el Estado nacional.

Tanto Palabras como Tramas son organizaciones con un amplio recorrido en materia de género en la ciudad de Santa Fe. Su iniciativa de querellar en el marco de la denuncia contra Grávida cuenta con el acompañamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe. 

Quienes impulsan y acompañan la presentación de las organizaciones feministas manifestaron que ven vulnerados sus intereses en tanto organizaciones abocadas a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y eso legitima la posibilidad de que acompañen el proceso en el rol de querellantes.

A través de esta presentación, las organizaciones tienen por objetivo involucrarse activamente en la investigación judicial sobre el accionar de Grávida. Al respecto, en una conferencia de prensa realizada el pasado 4, demandaron que se clarifique lo ocurrido en el caso mencionado y, en caso de haberse configurado un delito, se sancione a las personas responsables.

También destacaron la importancia de que, en pos de vivir en una sociedad democrática, “el Estado tome un rol cada vez más activo respecto a las organizaciones que actúan y se pronuncian de manera contraria a las leyes vigentes, vulnerando los derechos sexuales y reproductivos”.

"Militamos por la legalización del aborto voluntario y de los derechos humanos, en particular aquellos que protegen en su especificidad a mujeres, lesbianas, travestis y trans, niñas y adolescentes", señalaron. Luego afirmaron: "Sancionada la ley 27.610, seguimos luchando por su plena implementación y por el respeto del derecho al aborto en el marco de un Estado laico. En este contexto, volvemos a sostener: ¡son niñas, no madres!".

El caso

En diciembre pasado, otra niña víctima de abuso intrafamiliar pidió en un efector público acceder a un aborto legal, según lo establece la Ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020. Acompañada en su decisión por su mamá, ambas firmaron el consentimiento informado y desde el Hospital Iturraspe se les asignó un turno para realizar la práctica. 

Sin embargo, y tal como lo expresó el integrante de Grávida Raúl Dalla Fontana en diversos medios de comunicación, antes del día del turno, la niña y su madre fueron contactadas por esa ONG y le ofrecieron una interconsulta médica. El día en que ambas tenían que asistir al hospital no se presentaron y por varias horas se desconoció su paradero.

Finalmente, luego de una búsqueda en la que participaron la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y los Ministerios de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad, tanto la niña como su madre fueron encontradas en una sede de Grávida de la ciudad de Santa Fe.

Los antecedentes

En 2016, una niña estaba internada en la sala de pediatría del hospital Iturraspe con diagnóstico de “alto riesgo para su salud”: 12 años recién cumplidos, retraso madurativo, secuelas de la violación de su padrastro y embarazada. Un fin de semana, la psicóloga María Belén Catalano intervino de manera “clandestina” y se “superpuso a las prácticas profesionales del equipo interdisciplinario” del hospital con el “objetivo de torcer la voluntad de la nena y de su madre para evitar la interrupción legal del embarazo”, que entonces estaba reconocida en el artículo 86 del Código Penal.

Catalano no era profesional del Iturraspe, pero clandestinamente se hizo pasar por miembro de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia para ganarse la confianza de la madre y la niña, cuando sólo integraba la ONG Grávida, entidad que tampoco tenía autorización para actuar en el hospital. La conducta de Catalano no fue un hecho autónomo, sino una práctica con una metodología propia de la organización en la que participaba.

La psicóloga explicó su “intervención con la niña”. “Lo único que hice fue asistirla en juegos, nunca hablé del bebé, sólo le pregunté por qué estaba en el hospital y me respondió que estaba embarazada, pero no quería tener su bebé, a lo cual le pregunté por qué no y me respondió que no sabía”. “Solo estuve con ella un sábado a la tarde y el domingo y en el consultorio en una sola sesión”. 

Luego de la entrevista que mantuvo con la niña sin autorización, ésta decidió proseguir con el embarazo, aún cuando había manifestado su voluntad de no hacerlo ante el equipo interdisciplinario que la estaba acompañando. Por estos hechos, a la profesional de la salud se le quitó la matrícula profesional.

La querella

Pausa dialogó con Mariángeles Guerrero, de la Asociación Civil Palabras, en relación al pedido para constituirse como querellantes.

—¿En qué estado está la causa judicial?

—Por el principio de acceso restringido en las causas penales desconocemos las actuaciones que se realizaron hasta el momento. La instancia en la que se presenta la querella es la de investigación penal preparatoria y lo que presentamos es el pedido para ser querellantes. Una vez en ese rol podremos saber lo que se hizo hasta ahora.

—¿Por qué se presentan como querellantes?

—Cuando se conocieron los hechos en enero hicimos público un comunicado en el que pedíamos al Estado que investigue. Cuando la provincia hizo la denuncia resolvimos tener un rol activo y de seguimiento de las actuaciones que se desprendieran de la misma. El rol de querellantes en esta etapa nos permitirá conocer el expediente, presentar pruebas y hacer el contralor de las medidas que se tomen desde la Fiscalía. Nos asiste el artículo 93 del Código Procesal de la Provincia de Santa Fe, que menciona la protección de intereses colectivos. Somos organizaciones que realizamos de forma permanente actividades de promoción y monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos y eso legitima esta presentación. 

—¿Por qué se sospecha del accionar de Grávida?

—Tenemos un antecedente concreto y reciente en Santa Fe de la intromisión de esta ONG en relación al derecho al aborto, con el caso Catalano. Pero además, en este caso en el que nos estamos presentando como querellantes, recordemos que hay una denuncia por parte del Estado, algo que no es menor. La hipótesis que barajamos las organizaciones es que se puede haber configurado un delito y eso es lo que tendrá que investigarse. Ahora bien, también queremos dejar planteado un interrogante: ¿cómo llega Grávida a las personas gestantes? Grávida ofrece un servicio mediante el cual si vos conocés a una “embarazada que necesita ayuda” —esas son las palabras que usan en sus sitios web— podés informarles anónimamente para que actúen. Esto viola el principio de autonomía personal, la confidencialidad y la intimidad que nos asiste respecto a nuestra salud sexual. Obtura la posibilidad de acceder a servicios de salud de calidad.

—¿Qué es Grávida?

—Es una organización que existe desde finales de los 80 en Argentina y que tiene cerca de 70 sedes en todo el país. Está vinculada a la Conferencia Episcopal Argentina. Ofrecen un “servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable”. Entendemos que no hay “maternidades vulnerables” sino diversas circunstancias como embarazos deseados y no deseados, personas gestantes que por razones de salud integral no pueden continuar una gestación o situaciones de violencia sexual. Para todos estos casos hay derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos, y leyes y protocolos de salud que los reconocen. El Estado es garante y como tal debe controlar también que organizaciones particulares no difundan información errónea u obturen el acceso a los derechos.