Cientos de organizaciones sociales, colectivos feministas, referentes de organismos de derechos humanos realizaron un pedido de audiencia con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se deje sin efecto el acuerdo que habilitó la línea.

Integrantes de la Campaña Nacional por el derecho al aborto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al movimiento de mujeres y feministas realizaron un pedido de audiencia con Horacio Rodríguez Larreta y el Ministro de Salud, Fernán González Bernaldo de Quirós.

El pedido se fundamenta en el acceso a la información y la rendición de cuentas debidas por el GCBA, en virtud de lo cual se entregaron cerca de 3500 firmas en exigencia de una audiencia.

Sobre “0800 VIDA”

La línea es producto de un convenio firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Cynthia Hotton y el Ministerio de Salud de la Ciudad con organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto que ya es ley desde el 2020 (Ley Nº 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo).

“Denunciamos que privatiza las políticas públicas en torno a un derecho cuyo respeto y garantía es deber del Estado, dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas que militan en contra del derecho al aborto, con la excusa de implementar la “Ley de los 1000 días” pero incluyendo en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA”, manifiestan en el pedido.

Asimismo, las organizaciones y personas firmantes del petitorio refirieron la importancia ineludible de la transparencia de los acuerdos, contratos y datos del Estado: "como ciudadanía organizada exigimos que estos sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso", expresan.

Finalmente, afirman la continuidad del reclamo: "Logramos la sanción de la Ley de IVE, obtenida por la organización, lucha y persistencia de los movimientos feministas en las calles. No permitiremos que el Estado se desentienda de su deber de garantía ni que obture el acceso a nuestros derechos en la Ciudad de Buenos Aires, dejándolos bajo el control y manipulación del poder de las Iglesias".