Dos integrantes del movimiento de inundados recuerdan el 29 de abril de 2003 y las luchas del después.

—Siempre tuvimos esa certeza: que la Justicia es una mierda y favorece a la política.

En la voz de Patricia Pavón no hay grises. Dice que el 29 de abril de 2003 se había ido a trabajar y que la llamó su marido porque se venía el agua. Vivían en el barrio San Lorenzo. “Subimos las cosas a los muebles, porque el condenado había dicho por la radio que más de un metro de agua no íbamos a tener. Entonces dejamos todo abajo, nuestros animales, nuestros pájaros”.

Patricia dice el condenado para referirse al entonces intendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez. Él fue, efectivamente, uno de los tres sentenciados en la Causa Inundación, junto a los funcionarios provinciales Edgardo Berli y Ricardo Fratti. La pena fue de tres años de prisión en suspenso. El gobernador Carlos Reutemann ni siquiera fue imputado.

Aunque el Poder Judicial de Santa Fe hizo de la Causa Inundación un letargo de 16 años lleno de marchas y contramarchas para garantizar la impunidad, los responsables políticos ya estaban condenados en la memoria de quienes decidieron no callar y gritar cuantas veces hiciera falta que la inundación de 2003 fue un crimen: con víctimas y con responsables.

El relato de Patricia continúa:

—Ese día todos gritaban y corrían. Subimos lo que pudimos al techo: ropa, un nylon para taparnos, la televisión, la bicicleta y los cinco perros. Ese es mi recuerdo. Y después la noche fría, lluviosa, la desidia, el abandono, muchos gritos de auxilio de gente que pedía que la rescaten. Escuchaba los gritos de mi vecina que estaba en silla de ruedas. De ahí salimos solos, nos sacó el barrio con canoas. Fuimos al puerto y después a una escuela donde estuvimos un mes. Hasta que nos fueron diciendo que teníamos que volver. Entonces decidimos con mi marido volver a limpiar. Bueno: no limpiar, era tirar. Tirar lo tuyo. Eso es lo que la puta política nos dejó.

El 6 de junio de 2003, ella estaba escuchando la radio. Unas personas se quejaban, pedían justicia, invitaban a una reunión. Pensó que quizás con ellos se sentiría mejor y así conoció la Marcha de las Antorchas. El 29 de julio de 2003 rodeó con ellos la Plaza 25 de Mayo, con una antorcha en la mano y pidiendo “Justicia en todo y para todos”.

—Después de 20 años y de lo que viviste, ¿qué sentís hoy?

—Mucha tristeza por los que ya no están y bronca por el abandono que vivimos. Porque los culpables nunca reconocieron lo que pasó, siempre se mantuvieron en la mentira. Para esta época vienen algunos políticos a querer sacarse fotos con nosotros, pero todos son cómplices de lo que pasó.

María Claudia Albornoz, hoy referenta de La Poderosa, fue una de las impulsoras de la Carpa Negra por la Dignidad y la Justicia. La carpa estuvo armada 198 días, desde el 29 de julio de 2003, reclamando justicia por las y los inundados.

El 29 de abril, a las tres de la tarde, la Negra Albornoz vio a una vecina corriendo por la calle J. J. Paso, en el extremo oeste del barrio Chalet. La mujer gritaba que se venía el agua. “Ahí me di cuenta de que eso iba a ser un desastre. Lo último que alcancé a agarrar fue la radio y a mi perra, porque ya había sacado a mi mamá y a mi hijo. Eran las tres de la tarde. Habíamos estado toda la noche anterior juntando los libros de la Vecinal, porque en esa época estábamos armando una biblioteca popular, y avisándole a la gente que trate de irse. Cuando entró el agua seguí yendo al barrio, a asistir a las personas que se habían quedado en sus casas”, recuerda.

—¿Cómo fue volver cuando bajó el agua?

—Se había derrumbado el cielorraso de mi casa, así que tuve que romper una ventana para poder entrar. Parecía que había habido un maremoto porque estaba todo movido del lugar, tuvimos que romper los placares para seguir ingresando. En esos momentos se te viene todo encima, porque te preguntás “¿cómo sigo? ¿de qué voy a vivir? ¿cómo voy a alimentar a mi hijo?” Era el dolor de haber perdido lo poco o mucho que habías conseguido a lo largo de tu vida.

Con una tristeza infinita y una dignidad aún mayor, el movimiento de inundados —con integrantes como Patricia, María Claudia y tantas y tantos más— enfrentó, sobre todas las cosas, el olvido. La Negra subraya que hay una ley provincial que incluye la inundación de 2003 en las currículas, pero que el Ministerio de Educación de Santa Fe no implementa.

Santa Fe es una ciudad rodeada de ríos y los últimos meses de 2002 y los primeros de 2003 fueron particularmente lluviosos. Pero ninguno de los vecinos del oeste, de la zona empobrecida de la ciudad, imaginó nunca que su casa iba a terminar totalmente sumergida en el agua. Nadie imaginó un río corriendo a toda velocidad por calles y avenidas. Nadie imaginó morirse ahogado en la esquina o en una escuela reconvertida a centro de evacuados. No había imágenes para eso en la cotidianidad santafesina previa a 2003, en una sociedad que además trataba de zafar de la crisis de 2001 en las asambleas barriales y en los trueques del Parque Garay.

Nadie imaginó porque nadie avisó. Los funcionarios públicos contaban con esa información, pero tomaron la decisión política de abandonar a la gente. Sin justicia, y con los culpables muertos en la impunidad, el Estado provincial aún puede reconocer su responsabilidad. Esto no devolverá las 158 vidas perdidas, la salud deteriorada y los proyectos personales y colectivos que quedaron en el camino. Pero será un principio de reparación para aquella herida que sigue abierta en las orillas del Salado.