Una por una, las seis pruebas que demuestran que el gobernador Carlos Reutemann pudo haber evitado las consecuencias letales de una inundación preanunciada.

En los días y meses previos a la inundación de 2003 el gobierno provincial se encontraba monitoreando la crecida del río Salado. El 3 de mayo de ese año –ya con un tercio de la ciudad de Santa Fe bajo agua–, el gobernador Carlos Reutemann pronunció la respuesta que iba a marcarlo para siempre: “A mi absolutamente nadie me ha avisado”.

Desde el inicio de la inundación, Reutemann siempre buscó eludir sus responsabilidades. Nunca estuvo involucrado en la causa penal que sentenció a dos de sus funcionarios –Edgardo Berli y Ricardo Fratti–, en la cual solo debió declarar dos veces por escrito, en 2004 y 2013, en condición de testigo, amparado por sus fueros de senador nacional.

Las pericias técnicas que forman parte de la causa penal, la intensa cobertura periodística, los informes elaborados por la Universidad Nacional del Litoral y los testimonios que dieron en su momento sus propios funcionarios echan por tierra las excusas de Reutemann: el gobernador sabía lo que estaba pasando, conocía la gravedad del fenómeno y, sin embargo, pese a ser el máximo responsable político de la provincia, nunca ordenó ni organizó la evacuación de las personas afectadas.

El saldo es conocido por todos, pero vale reiterarlo porque el ejercicio de la memoria histórica es uno de los deberes del periodismo: 130 mil personas evacuadas, 158 fallecidos, un tercio de la ciudad bajo agua, pérdidas materiales millonarias y pérdidas simbólicas incalculables.

Reutemann dijo que no sabía, pero la evidencia demuestra todo lo contrario:

= En 2001 la provincia de Santa Fe creó un Comité de Emergencia Hídrica que tenía como meta hacer un seguimiento de las crecientes de los ríos y de las lluvias, que fueron muy fuertes sobre todo a partir de noviembre de 2002. De ese comité participaron el ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, el director de Hidráulica Ricardo Fratti, el director de Vialidad José D’Ambrosio y la secretaria de Promoción Comunitaria Adriana Cavutto.

= El 10 de marzo de 2003 la defensa oeste de Santa Fe, inconclusa desde su inauguración en 1997, sufrió un socavón –que fue reparado– a causa del primer pico de creciente del Salado. Ese día el río entró por primera vez a la ciudad y más de la mitad del campo de golf del Jockey Club se inundó. Vialidad Provincial construyó una defensa para desviar el agua: faltaba un mes y medio para el pico de la crecida extraordinaria y el Estado ya sabía que por ese tramo incompleto de la defensa iban a ingresar las aguas del Salado.

= El 13 de marzo hubo evacuaciones aisladas en viviendas de los barrios San Agustín II, Las Lomas, Cabal y La Tablada, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Esa misma semana, en la Legislatura provincial, el senador Alfredo Esquivel le pidió al Ministerio de Obras Públicas datos sobre la defensa oeste y las medidas para evitar su posible colapso. Otra señal de que la política sabía lo que podía ocurrir.

= El 24 de abril, El Litoral tituló “Media provincia está bajo agua”. Habían caído 300 milímetros en solo un día en varias localidades al centro-norte santafesino. El efecto de esas lluvias intensas se empezó a sentir en Santa Fe el 27 de abril y alcanzó su tope el 30.

= El sábado 26 de abril –un día antes de las elecciones presidenciales–, Reutemann declaró en Cable y Diario que los barrios del oeste de la ciudad iban a tener serios problemas con la creciente del Salado. Al día siguiente se pudo ver por televisión cómo esos mismos vecinos eran llevados a votar en camiones porque no podían llegar a las escuelas de tanto barro y agua.

= El 29 de abril a las 11.30 el Comité de Emergencia Hídrica recibió un mapa realizado por personal técnico de la Dirección de Hidráulica donde se podía observar con mucha precisión hasta dónde llegarían las aguas del río Salado dentro de la ciudad de Santa Fe. Según se pudo ver luego en la causa penal, las marcas de ese mapa coincidieron casi en su totalidad con las zonas inundadas.

Toda esa evidencia se conoció en el momento mismo de la inundación y forma parte del registro periodístico y documental de la época. El 5 de mayo de 2003, con la primera denuncia formal, se puso en marcha la causa judicial que iba a llegar a sentencia casi 16 años más tarde, el 1º de febrero de 2019. Reutemann nunca estuvo imputado: fue liberado de culpa y cargo en 2006 por el juez Jorge Patrizi, quien no encontró “suficientes elementos de convicción” para indagarlo.

La sentencia firmada en 2019 por el juez Octavio Silva da cuenta de numerosas pruebas que apuntan directamente a Reutemann. Entre ellas: las voladuras de la Avenida Mar Argentino el 30 abril, por donde escurrió el agua acumulada en el sudoeste de la ciudad, y la demora en realizar esas explosiones, que conllevó que se inundaran vastas zonas del sur y del centro y que el agua tuviera dentro de la ciudad una altura superior al propio cauce del río.

Silva concluye que las voladuras en la Circunvalación “pudieron haberse realizado un día antes, el 29 de abril, acelerando los tiempos de evacuación de los excedentes, lográndose así disminuir los volúmenes de acumulación”. Sin embargo, la Justicia le puso punto final al tema y no se volvió a abrir ninguna investigación para determinar las responsabilidades del entonces gobernador.

En aquellos días aciagos de 2003, Reutemann no ordenó ni organizó la evacuación de las personas afectadas y tampoco decidió a tiempo las acciones necesarias para mitigar los efectos de la inundación. Murió impune en julio de 2021, dos años después de la sentencia.