Pese a que todavía esperan sentencia firme de la Corte Suprema de la provincia, las condenas dictadas a los responsables políticos de la inundación de 2003 sientan un precedente inédito a nivel nacional.

El 5 de mayo de 2003, Ana Isabel “Chabela” Zanutigh, por entonces titular del Sindicato de Amas de Casa, presentó una denuncia ante el fiscal Ricardo Favaretto para pedir que se investiguen presuntos ilícitos cometidos por funcionarios públicos durante la inundación del río Salado.

El expediente cayó en el Juzgado de Instrucción de la 7ª nominación, a cargo de Diego De la Torre. Estuvo regido por el Código Procesal Penal viejo, en el cual el juego se dirimía entre jueces, fiscales y abogados. Todo por escrito (salvo algunas declaraciones) y sin participación de las víctimas.

Sin embargo, Milagros Demiryi y Jorge Castro encontraron un vericueto en ese oscurantista Código (vigente hasta 2014), y en 2004, consiguieron involucrarse en el proceso, constituyéndose en actores civiles, para demandar a quienes resultasen culpables penalmente, y a los Estados provincial y municipal.

Fue el inicio de una batalla desigual y plagada de obstáculos interpuestos por los poderes de más alto rango, que armaron una valla de contención alrededor de los mayores responsables de la catástrofe: el ex mandatario Jorge Obeid, el ex pluriministro Juan Carlos Mercier y, sobre todo, el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann. Ninguno de los tres fue llamado a indagatoria. Apenas se los citó en tanto testigos. Como si solo hubieran sido observadores.

El 1° de febrero de 2019 la causa tuvo sentencia. Una sentencia muy tardía y que no abarcó a los principales inundadores, pero que selló a fuego una lucha colectiva y sentó jurisprudencia a nivel nacional.

Los comienzos

Entre 2003 y 2005, De la Torre llamó a declarar a 34 personas, fundamentalmente, funcionarios. Como se dijo, Reutemann fue citado como testigo. En cambio, su ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, y su director de Hidráulica, Ricardo Fratti, junto al intendente de Santa Fe Marcelo Álvarez y a otros siete servidores públicos debieron atravesar indagatorias. Por su parte, Jorge Obeid, que en 1997 inauguró la defensa inconclusa por la que irrumpió el agua, pasó totalmente desapercibido.

En 2005, los peritos Jorge Bacchiega, Jorge Maza y Juan Carlos Bertoni realizaron un informe técnico sobre las causas de la inundación. Los especialistas establecieron que “la capital provincial presentaba problemas estructurales que no correspondían ser resueltos en una situación de emergencia, sino que debieron haberse evaluado y corregido en forma previa” e hicieron especial hincapié en el cierre del tramo III del terraplén, un cierre que, aseguraron, no tenía posibilidades de éxito una vez ingresada el agua a la ciudad. Asimismo, indicaron que “el inicio del ingreso del agua a la ciudad y su incremento el 27 y 28 de abril conforman un aviso importante que debió haber determinado acciones de evacuación”, y garantizaron que “con los registros existentes en poder de las autoridades de la provincia y la utilización de modelos matemáticos de fácil y libre disponibilidad, era factible establecer la fecha, la cantidad de agua y la velocidad de la misma”. O sea: con lo que ya venía pasando en días previos, ya sabían lo que pasaría el 29 de abril.

Gente que no

Reutemann hizo su primera declaración testimonial el 12 de abril de 2004, por escrito, como se lo permitían sus fueros de senador nacional. “Ningún organismo técnico nacional, provincial ni municipal, ni ninguna autoridad o persona, dio aviso de la magnitud que alcanzaría el hecho, que constituyó una verdadera catástrofe imprevisible”, escribió. Sus palabras no difirieron en nada de la tristemente célebre frase “a mí nadie me avisó” que pronunció en mayo de 2003.

A fines de 2005, la causa recayó en el juzgado de Jorge Patrizi. El 19 de abril de 2006 resolvió procesar al ex intendente Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas Berli y al ex director de Hidráulica Fratti por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas; dictó la falta de mérito para otros siete imputados, y en un desconcertante apartado, aseveró: “No existen elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado de los hechos”. Hasta el día de hoy persiste la duda: ¿por qué el magistrado dispensó de responsabilidades a alguien que nunca fue indagado y que no estaba entre los imputados? Milagros Demiryi lo descifra ante Pausa: “Está claro que esta Justicia está contaminada por intereses que no son justamente una administración de Justicia de calidad para todos. Tiene un ojo tapado: ve solo para un lado”.

En 2013 se produjo la segunda declaración testimonial del exgobernador. Los nueve años transcurridos le sirvieron para aducir que no recordaba lo sucedido. El resto de su texto es una reproducción del anterior: a él, insistió, nadie le había avisado nada. El ex piloto de Fórmula 1 falleció el 7 de julio de 2021, sin pisar los Tribunales santafesinos más que para abrazar en actos institucionales a su ex primo político: el juez de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez.

Algunos que sí

El 5 de marzo de 2008, el fiscal Norberto Nisnevich pidió que se eleve a juicio el expediente. Fue el primer funcionario judicial que se animó a decir que los procesados “se desempeñaron en forma negligente”; y en dar “por probado que la inundación del río Salado era previsible”.

Tres años después la causa se abrió a prueba, y tras pasar por una cantidad incalculable de jueces y fiscales, en 2013 quedó a cargo de Gustavo Urdiales y Mariela Jiménez, respectivamente.

Esta última logró que sean llamados a declarar Obeid y Mercier. Un logro que no fue más que simbólico, porque las declaraciones de ambos no fueron de ningún valor. El 28 de enero de 2014 murió Obeid.

Sentencia y jurisprudencia

El 1° de febrero de 2019 el juez Octavio Silva condenó a Berli y Fratti a tres años de prisión condicional por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. El tercer imputado, Marcelo Álvarez, había fallecido impune el 9 de abril de 2018.

En su fallo, el magistrado asevera que “el anegamiento pudo haber sido prevenido y retrasado” y recalca la abultada evidencia que indicaba que la ciudad estaba en serio riesgo a causa de la defensa inconclusa. También señala la responsabilidad de los acusados “en el marco de las funciones públicas que desempeñaban”.

La resolución de Silva fue apelada por Fratti y Berli, que perdieron en esa segunda instancia. El ex ministro murió de coronavirus el 12 de mayo de 2021. Fratti, el único condenado que queda con vida, recurrió a la Corte provincial, donde reposa el expediente hace un año.

Que todavía no haya sentencia firme no es casualidad. “Esto va indicando una estrategia que es conocida y que más allá de que no estemos en dictadura, es la que usaron los defensores de los represores, que es la de apelar permanentemente a mecanismos que son legales, pero dilatorios”, sostiene Demiryi.

Ahora, los escenarios posibles son dos: que la Corte ratifique lo fallado en primera y segunda instancia, o que se decida por una supuesta prescripción. Si este fuera el caso, los actores civiles no lo dudan: “Vamos a ir a la Corte Suprema de la Nación”.

—¿Tienen alguna esperanza de que la Corte de Gutiérrez falle a su favor?

—Mirá, si nosotros hubiéramos perdido la esperanza, no habríamos emprendido esta lucha.

En cualquier caso, la sentencia en sí ya es una batalla ganada. “A pesar de no haber llegado al máximo responsable, Carlos Alberto Reutemann, o a las condenas necesarias en función del daño producido, esta causa sienta precedente. A nivel de jurisprudencia es la primera causa penal de todo el país que juzgó y condenó a responsables políticos por una catástrofe que no fue natural”, celebra Demiryi.

Y nuevamente, pese a las dos décadas transcurridas, se esperanza: “Ojalá lleguemos a un fallo favorable. Por la memoria de quienes ya no están, de los que murieron en la inundación y en particular de los que creyeron en la palabra de las autoridades, del intendente Álvarez diciéndoles ‘quédense en sus casas que no les va a pasar nada’ y de todos los que fallecieron después. Pero también por todos los que han ido quedando a lo largo de estos 20 años, que somos por sobre cualquier otra condición seres humanos que hemos construido una lucha, convencidos de la necesidad de transformar esta forma de hacer política, la de la desidia y el desprecio a la vida”.