Se trata del secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Afines "Sivendia" quien continuará en libertad hasta la sentencia. La pena de 8 años impuesta por los jueces decepcionó a familiares de la víctima quienes pedían 16.

Este martes, durante un juicio oral Julio Rizza de 64 años, fue condenado a ocho años de prisión efectiva por el abuso sexual de una adolescente, hija de quien era su pareja. Aunque el tribunal dispuso que continúe en libertad hasta que la sentencia quede firme.

El sindicalista fue hallado culpable del delito de "abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia en concurso ideal", a la vez que fue absuelto por el delito de "promoción a la corrupción de menores agravado por la convivencia y la edad de la víctima".

Por otro lado, las fiscales Luciana Escobar Cello y Jorgelina Moser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), habían solicitado la pena de 16 años de prisión, por lo que aguardarán los fundamentos del fallo para estudiar la posibilidad de apelar.

La sentencia fue dictada por los jueces Pablo Spekuljak, Jorge Patrizi y Gustavo Urdiales.

Entre 2013 y 2017

La causa fue impulsada en 2020 por la actual jueza María Celeste Minniti, en ese momento fiscal de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), y refirió a hechos ocurridos entre 2013 y 2017, cuando la víctima tenía entre 11 y 16 años.

En la acusación, Minniti enumeró una serie de abusos que ocurrieron en el camping del sindicato y en los domicilios en los que vivió en ese período la adolescente junto a su madre y su hermano, uno de los cuales también habitó en forma permanente el acusado.

Según la acusación, la joven pudo contar sus padecimientos ante su psicóloga y luego fue a vivir a la casa de su padre y su pareja, quienes al recibir el testimonio de lo ocurrido la acompañaron a realizar la denuncia.

Poco después, a inicios de septiembre de 2020, Rizzo fue detenido, pero en la audiencia de medidas cautelares el juez Octavio Silva determinó que transitara el proceso en libertad y fijó medidas de conducta alternativas a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.