El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario demora el inicio del juicio por la represión a trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución en 1975. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas reclaman verdad y justicia.

Hace 48 años que los sobrevivientes y las familias de las víctimas de la represión al Villazo exigen justicia. Hace 14 meses que el Poder del Estado que debería garantizarla tiene en sus manos el expediente para iniciar el juicio que siente a los represores en el banquillo. Pero, alegan los jueces, el tiempo no fue suficiente. No fue suficiente la espera de los obreros perseguidos por el propio Estado en 1975, no fue suficiente el tiempo que tuvieron en sus manos el expediente para leerlo y actuar en consecuencia.

La causa comenzó en 2013, luego de la primera denuncia colectiva de un grupo de sobrevivientes, representados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de (APDH) Rosario. Llegó al Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Rosario en marzo de 2022. En agosto pasado se ofrecieron las pruebas.

El tribunal está conformado por Germán Sutter Schneider (hijo de Eduardo Sutter Schneider, ministro de Gobierno y de Educación de la provincia durante la última dictadura), Ricardo Vázquez y Otmar Paulucci. El fiscal interviniente es Adolfo Villate.

Oscar “Pacho” Juárez es uno de los sobrevivientes del Villazo, denunciante en la causa. En diálogo con Pausa explicó que la etapa de instrucción está finalizada: lo que falta es la fecha de inicio del juicio. “Cada vez que nos movilizamos y nos entrevistamos con los integrantes del tribunal, intentan justificar la demora. Esta telaraña judicial no hace más que prolongar la impunidad”, afirma.

—¿Cuáles son los argumentos que esgrimen?

—El argumento principal es que hace un año que tienen la causa y que no es justo que les pidamos que ya tengan la fecha de inicio del juicio. Pero con eso no hacen más que prolongar la impunidad, en este caso la impunidad biológica, no solamente la política. De los imputados, que teníamos una lista de 101, solamente quedan vivos 25. Nosotros somos 63 querellantes y también nos vamos muriendo, como murió Alberto Piccinini o Victorio Paulón. Muchos estamos enfermos, somos gente grande. 

La causa de Acindar

En los setenta, Pacho Juárez trabajaba en Metcon —una autopartista de Ford— en Villa Constitución. Eran 1600 obreros. Él era delegado de la sección Cigueñales y en la noche del 20 de marzo de 1975 estaba cumpliendo su turno en la fábrica. En ese momento se estaba desarrollando el operativo Serpiente Roja del Paraná. 

Fue a las seis de la mañana del otro día, cuando ingresaron sus compañeros del turno mañana, que supo a través de ellos que grupos armados habían copado el pueblo. Se estaban llevando presos a los delegados y a los integrantes de la Comisión Directiva de la Unión de Obreros Metalúrgicos de Villa Constitución (liderada por la Lista Marrón y opositora a la burocracia de la UOM Nacional). La seccional local del sindicato había sido intervenida.

El escritor Alejandro Urioste precisa en su artículo “La serpiente roja del Paraná (Parte 1)”, que, además de las Tres A y la Juventud Sindical Peronista, participaron del operativo cuatro mil efectivos de Prefectura, Policía Federal, y el grupo especial Los Pumas.

Como respuesta, los obreros decidieron crear el Comité de Lucha, que ese mismo día declara la huelga. Las plantas de las metalúrgicas Acindar, Metcon y Marathon fueron ocupadas.

Pacho recuerda: “La ocupación duró cuatro días. Después, por asamblea, se decidió desocupar y empezar una huelga de resistencia. Fue una huelga larga, en la que participaron organizaciones barriales, con delegados barriales. Teníamos un fondo de huelga y boletines. Ahí empezó una lucha muy dura”.

La medida se levantó el 18 de mayo, en una ciudad totalmente sitiada con la represión de la Triple A, con el aval del entonces gobierno de Isabel Martínez y su ministro del Interior, Alberto Rocamora y la orientación de la SIDE. En los 60 días que duró la medida de fuerza hubo cinco obreros asesinados y detuvieron a otros 200 trabajadores. 

Levantada la huelga, el ex obrero de Metcon grafica lo que siguió como “una verdadera carnicería”. Las fuerzas represivas mataron a 60 trabajadores más, hasta el golpe del 24 de marzo del año siguiente. “En todo esto participó activamente la patronal de Acindar y de Ford, pagando a las bandas fascistas. Tenemos los recibos de eso”, subraya. 

Esta historia despertó un reclamo de justicia que se sostiene desde hace años, aunque aún no es escuchado. “Ningún fiscal tomó nota de que se había desatado un genocidio. Tuvimos que ser los sobrevivientes los que comenzamos a llevar adelante la causa”.

—¿Cuál es la importancia de este juicio respecto a las complicidades empresariales en la dictadura?

—La causa muestra la complicidad que tuvieron las empresas con la represión. Acindar no solamente pagaba a los represores paraestatales lo que ellos llamaban “horas extra”, que eran salir a secuestrar compañeros y asesinarlos en medio de los campos, sino que al interior de la planta, en el albergue de trabajadores solteros, funcionó un centro de detención, tortura y desaparición. Tenemos pruebas de todo esto. Y la complicidad de la empresa con el gobierno de ultraderecha después se trasladó a la complicidad con el golpe militar. El objetivo político fue el aniquilamiento de la organización obrero-sindical. Una de las figuras civiles emblemáticas que apoyó el operativo Serpiente Roja de Paraná y después estuvo en el gobierno militar fue José Martínez de Hoz. Él era el presidente de Acindar durante la represión de marzo de 1975 y después fue el ministro de Economía de Videla.

Entre los 25 imputados en la causa, dos —Ricardo Torralvo y Roberto Pellegrini— son ex directivos de esa empresa metalúrgica.

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“Otorgar impunidades”

Los jueces alegan que un año no es suficiente para revisar un expediente. Pero en marzo de este año se tomaron el tiempo para permitirle a una de las imputadas irse de vacaciones a México. La beneficiada fue Carmen Grossoli, ex policía federal que participó del operativo de 1975. Brindarle abiertamente la posibilidad de ser prófuga marcó, para las y los sobrevivientes, los lineamientos del tribunal. Juárez lo resume: “Ese lineamiento es otorgar impunidades”.

Fue gracias al repudio que generó la medida, que el TOF la revocó.

“Lo que pasó en los años 70 mostró cómo actúa la ultraderecha cuando gobierna contra los trabajadores y a favor de las empresas y del capital concentrado”, dice Juárez, y agrega que la demora tiene connotaciones políticas.

—¿Por qué?

—A los jueces no los elige el pueblo, ellos son parte de las componendas políticas que hacen y que explican su ubicación en el Poder Judicial. Ese Poder no es para nada democrático, tiene más que ver con los acuerdos políticos que se hacen con los gobiernos. La gran pelea que hoy estamos dando es contra la impunidad.