El exfuncionario de la Municipalidad de Avellaneda reconoció haber abusado de su sobrina desde los 4 hasta los 10 años. El tribunal aceptó hoy el acuerdo entre las partes que incluye el pago de un resarcimiento de 6 millones de pesos para la víctima.

El procedimiento abreviado contra Marcelo Galaz, exsecretario del senador nacional Dionisio Scarpín (cuando era intendente de esa ciudad), se firmó en los tribunales de Reconquista. Se había solicitado una condena de 32 años de prisión pero en un escandaloso procedimiento se redujo a 7 años.

"Los abusos se iniciaron en 2000, cuando la víctima tenía 4 años, y se extendieron por seis años, hasta que ella comprendió el alcance de los hechos y lo amenazó con contar lo sucedido a su madre", relató al respecto el procurador de la Corte Suprema provincial, Jorge Barraguirre.

Se dictaminó a Galaz como autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes y abusos sexuales con acceso carnal en reiterados en número indeterminado de veces. Hechos que el acusado reconoció.

Para evitar el juicio oral los abogados defensores y acusadores aceptaron quitar el delito de promoción de la corrupción, agravada por la guarda y la convivencia, y otros tres agravantes: la de grave daño a la salud, la convivencia preexistente y la guarda de la niña.

Galaz, durante la investigación, se mantuvo en prisión domiciliaria y recién hoy fue trasladado a una unidad penal.

El tribunal estuvo compuesto por Mauricio Martelossi, Norma Senn y Gustavo Gon.

Escándalo

Por cuestiones pocos claras para la familia de la damnificada, Galaz acordó con la querella a cargo del fiscal del MPA, Aldo Gerosa una pena de solo siete años, más una multa económica de seis millones de pesos.

Esto motivó que un auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitara la destitución del fiscal de la causa, por haber presionado y violentado a la víctima para que aceptara el acuerdo.

Con el acuerdo que alivianó los cargos, Galaz evitó el juicio oral que lo exponía a 32 años de cárcel, por lo que el proceso fue criticado desde su inicio y puso en alerta al MPA, que le encargó al auditor Leandro Mai una investigación.

"Procede la sanción de destitución en el cargo", dictaminó Mai, no obstante lo cual hoy el tribunal resolvió por mayoría hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes, que incluyó un resarcimiento de 6 millones de pesos a la víctima, que ya es mayor de edad.