En medio de una fuerte crisis hídrica, el gobierno uruguayo busca una salida a la provisión de agua potable para Montevideo y la zona metropolitana, mientras se multiplican las críticas por el aumento de la salinidad del agua y la improvisación del Estado nacional.
Uruguay está atravesando días de profunda preocupación ante el enorme incremento de la venta de agua embotellada, las protestas y las advertencias sanitarias por la calidad del agua con altos niveles de sal de la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE). Esto se debe a que el país está viviendo una prolongada sequía, al igual que la Argentina, y está agotando sus reservas de agua dulce de la represa principal en el río Santa Lucía.
Cabe destacar que estas reservas de agua dulce se encargan de abastecer a la capital, Montevideo, y su zona metropolitana, donde vive más de la mitad de la población de Uruguay.
Frente a este contexto, el 26 de abril la empresa estatal OSE resolvió tomar agua de "río abajo", es decir, donde se mezclan con las aguas saladas del río de la Plata. En este sentido, el presidente de OSE, Raúl Montero, había explicado que si bien esta agua puede contener mayor salinidad, están "obligados a que por lo menos la cantidad de agua dulce que tenemos segura nos dure hasta finalizar mayo”.
Con esta decisión el agua aumentó aproximadamente dos veces la salinidad y, en caso de que las lluvias continúen escaseando, la represa se quedaría sin agua a comienzos de junio.
"Estamos con 6,5 millones (de metros cúbicos de agua) en (la represa de) Paso Severino, un mínimo histórico. Si extraemos 300 mil metros cúbicos por día, tenemos unos 18 días” de reservas, había alertado Montero.
Problemas de salud y la salinidad
La decisión trajo aparejadas diversas advertencias por parte del Ministerio de Salud Pública, ya que, por ejemplo, desaconsejaron el consumo de agua a las personas con hipertensión y recomendaron la compra de agua embotellada.
— MSP - Uruguay (@MSPUruguay) May 5, 2023
El ministro de Medio Ambiente, Robert Bouvier, se ganó muchas críticas y quejas cuando afirmó que el agua corriente "no es potable en la definición perfecta de potabilidad”, aunque sí "es bebible y consumible”. Dichas declaraciones llevaron a protestas diarias en distintas partes de Montevideo bajo el lema "no es sequía, es saqueo".
A su vez, la central sindical uruguaya Pit-Cnt convocó a una movilización masiva para el 24 de mayo.
El accionar del Ejecutivo y las críticas
El 16 de mayo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció una serie de medidas para intentar mantener el suministro de agua potable en la zona metropolitana, y anunció la distribución de agua embotellada o desalinizada, además de la construcción de una pequeña represa de emergencia para atenuar el impacto en el embalse principal. El objetivo principal es intentar disminuir la cantidad de sodio en el agua los próximos días.
A su vez, adelantaron que van a monitorear los precios del agua embotellada para evitar abusos de comerciantes. La venta de agua embotellada se triplicó, según el presidente del Centro de Almaceneros minoristas, Daniel Fernández. Y aunque algunos insumos, como los dispensadores, se agotaron en todo el país, la Asociación de Supermercados asegura que serán capaces de mantener el stock de agua mineral o mineralizada.
Sin embargo, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuestionó al presidente Luis Lacalle Pou por la falta de transparencia y comunicación por parte del Gobierno ante la crisis hídrica. Dicha crítica llegó luego del pedido del Frente Amplio de desplazar de sus cargos a los titulares de OSE.
La oposición denuncia que Uruguay vivió diez semanas de crisis sin explicaciones ni información clara por parte del Gobierno, lo que no se trasladó a campañas de concientización ni advertencias sobre el consumo de agua.