El estudio analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas en protestas ocurridas en el sur peruano. Los casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había detectado componentes racistas en el accionar del Estado en el marco del conflicto social desatado tras la destitución de Pedro Castillo.

Al informe publicado en mayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se suma un nuevo reporte de Amnistía Internacional (AI), que señala que las fuerzas policiales y el Ejército peruano hicieron uso excesivo y racista de la fuerza en la represión de las protestas tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo. También advierte que se cometieron ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, pide a la presidenta Dina Boluarte que condene y ponga fin al uso de fuerza letal y de munición prohibida para afrontar la crisis que vive el país.

La organización internacional de derechos humanos dijo que el Estado peruano está impregnado de "racismo estructural" e instó a la Fiscalía de la Nación de Perú a investigar a quienes hayan ordenado o tolerado el uso de la violencia contra las manifestaciones ocurridas entre diciembre y febrero pasado. "La Fiscalía debería pedir asistencia técnica para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos, y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia, agrega", considera AI.

Hasta el momento, informa AI, el Ministerio Público de Perú no ha llevado a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas, pese a las graves violaciones de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo del país andino estima que más de 50 personas murieron en las protestas como resultado directo de acciones violentas. Las manifestaciones en apoyo a Castillo ocurrieron tras su destitución, el 7 diciembre pasado, sobre todo en zonas indígenas y campesinas del sur de Perú.

El informe de AI se titula Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, y analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en las sureñas Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca. Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales.

"El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana", indica el reporte. Y agrega que las personas que murieron eran "manifestantes, observadores y transeúntes" que pertenecían a "entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal".

Para Amnistía Internacional, los hechos no son aislados: "el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada", advierte.

“El pueblo peruano está ejerciendo su derecho a la insurgencia”

Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La CIDH publicó, en mayo pasado, el informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las recientes protestas sociales. El mismo se circunscribió a los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023. El organismo advirtió entonces que hubo violaciones a los derechos humanos durante la represión a la protesta. Además, consideró que los asesinatos perpetrados en Ayacucho (en el sur peruano) podrían constituir una masacre. La Comisión observó que se registraron "graves episodios de uso excesivo de la fuerza estatal" y también componentes racistas en el accionar policial.

La CIDH observó que las protestas que iniciaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales. "En su base existen exigencias de comunidades campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas por el Estado". Entre ellas: el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que estos generen.

Otro de los hallazgos es el deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales. También se registró una fuerte tensión entre Lima y otras regiones del país, donde predomina la población indígena y campesina. "Las sucesivas crisis políticas vividas en el país desde el 2016 han profundizado la polarización social y la desconfianza en las instituciones", añade el organismo internacional.