El fiscal federal Carlos Rívolo pidió enviar a juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los tres imputados por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rívolo consideró que la investigación en relación a los detenidos ya está completa y requirió que la causa continúe con medidas de prueba destinadas a "comprobar la existencia de otros posibles partícipes y/o autores intelectuales". Para los abogados de la querella, "elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad".

En un escrito de 197 carillas, Rívolo resaltó que la investigación permitió vislumbrar "una extrema violencia política" en relación "a la víctima y otros referentes de la vida política argentina, y en los hechos, inequívocamente, hacia Cristina E. Fernández de Kirchner", y pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que cierre la investigación sobre Sabag Montiel y Uliarte -coautores- y también sobre Carrizo, empleador de ambos en su emprendimiento de venta de copos de azúcar, imputado como partícipe secundario. Ahora Capuchetti deberá dar vista a las defensas de los tres detenidos y luego resolver si eleva la causa a juicio, aunque en esa instancia todavía podría ordenarse una investigación complementaria.

La querella, por su parte, se opuso a la elevación a juicio y exigió que antes concluyan medidas de prueba sobre diferentes pistas, entre ellas la que involucra a Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio. En esta línea, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal aclararon que "para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte, a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral".

"No surgió vinculo alguno"

Sabag Montiel está imputado como autor bajo la carátula de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa". Los mismos delitos les caben a Uliarte, como coautora, y a Carrizo, como partícipe secundario.

Según Rívolo, la conducta de los tres acusados fue "premeditada", pero no se hallaron elementos para afirmar que detrás de los autores materiales hayan existido otros autores intelectuales. "De todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso", indicó el escrito, que destacó que "tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos, ni en los movimientos financieros". En relación a esto último, Rívolo consideró que "la actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios".

Sin embargo, la fiscalía no descartó hipótesis sobre otros posibles partícipes y/o autores intelectuales del atentado, y consideró que corresponde que la jueza "ordene la extracción de testimonios para continuar avanzando en la investigación de aquellos supuestos".

"Me quieren presa o muerta"

Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pedido de Rívolo representa "un nuevo acto de consagración de la impunidad". Así lo expresó en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en el que consideró que "el fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo": "No hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos: lo que queda no se investiga nunca más", añadió.

A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad.https://t.co/HDXPdeW3z2

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 29, 2023

Según Fernández de Kirchner, "ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", y cuestionó el hecho de que este último, a pesar de mencionar las pruebas producidas en relación a Gerardo Milman, no dedique "ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa": "Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich, en Av. De Mayo", amplió.

La vicepresidenta manifestó que "toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad": "Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores". Asimismo, recordó los "pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado", pertenecientes a otra investigación "inexplicablemente separada a la del atentado".

Por último, la vicepresidenta puso en tela de juicio el hecho de que la fiscalía no haya tenido en cuenta el "borrado del celular de Sabag Montiel, cuyo contenido se perdió el día del intento de asesinato con una intervención, cuanto menos, negligente de la jueza", y consideró que todas estas pruebas vuelven "inadmisible" la elevación de la causa a juicio: "No se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde 'atrás'". "Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima: me quieren presa o muerta", finalizó.