A 20 años de la ley 12.086, pueblos originarios siguen esperando que se releven y adjudiquen las tierras que habitan hace milenios. Acamparon frente a Casa de Gobierno, pero nadie les da una respuesta.

Representantes de distintas comunidades de pueblos originarios estuvieron acampando frente a la Casa de Gobierno durante los últimos dos meses en actitud de reclamo por los territorios pendientes de adjudicación que les corresponden según la ley provincial 12.086. Sancionada en 2002, esta ley compromete al Poder Ejecutivo a restituir a las comunidades aborígenes de la Provincia de Santa Fe, lotes fiscales y parcelas de islas fiscales hasta ese momento reconocidas en favor del gobierno provincial.

“Más de un mes de viajar todos los días en frente de la casa de gobierno, para pedirle al Gobernador que nos atienda porque queríamos escucharlo de boca de él lo que está pasando, sin intermediarios. Nunca nos atendió”, avisa el Cacique de los Corondás, Claudio Ñañez, en charla con Pausa. “Me gustaría que tenga palabra, que cumplan las leyes, que están hechas por el blanco, que la cumpla. Si nosotros hiciéramos las leyes las cumpliríamos”, remata.

Estas adjudicaciones, a su vez, deberían haber correspondido a lo dispuesto en la 11.078, la Ley Provincial que detalla la reparación histórica debida a los Pueblos originarios, reconociendo su existencia anterior a la formación de la Nación. A esta altura, 21 años después, las tierras ya tendrían que haber sido relevadas, designadas y otorgadas de manera gratuita y libre de ocupantes, ya cada grupo o comunidad habría decidido el destino de ese, su hogar ancestral, a su antojo. Pero esto no pasa y algunos de sus lugares sagrados, como los mismísimos cementerios, están siendo puenteados directamente por encima suyo hacia la órbita del Parque Nacional Islas de Santa Fe. “Es como pedir permiso para entrar a tu casa. La isla es nuestra casa, toda la vida estuvimos, durante miles de años y hoy tenemos que pedir permiso para entrar”, se lamentan.

“Sí, algunas islas de Coronda llegaron a ser adjudicadas, pero cuando las comunidades querían hacer hacer uso (legal y legítimo) de esas tierras, se encontraron con los lugares ocupados, con puesteros cuidando ganado ajeno, por ejemplo”, cuenta a este medio la socióloga Mercedes Gomitolo, que estuvo acompañando la causa también desde un abordaje académico.

Patoteos, invisibilización y vulneraciones de todo tipo se repiten en distintos lugares y con distintas formas, como desde hace más de cien años escudadas por la impunidad estatal. Llámense Corondás, Coyas, Diaguitas o Mocovíes, la única garantía para esos pueblos es el destrato del blanco. Así lo presenta y así lo detalla Marta González, Presidenta del Consejo de la Comunidad Mocoví Caiastas y Delegada Provincial del Consejo de Participación Indígena por el pueblo mocoví: “Hoy por hoy hay comunidades que están sufriendo desalojos y recibiendo amenazas, que no se pueden desarrollar en sus propios territorios, como pasa en la comunidad nuestra. Acá tenemos áreas de isla y campo restituidas en el 2011 y en el 2013 por el gobierno anterior del socialismo, pero dos períodos de gobierno después, con distintas banderías políticas, no hemos podido realizar nada concreto, ni tampoco desde el gobierno, hemos recibido respuesta, ni diálogo”.

Lo que mal empieza…

Pero para que la tan dilatada adjudicación sea efectiva, faltan todavía muchos asuntos pendientes por resolver, según lo dispuesto por la ley, pues el relevamiento de las comunidades beneficiarias se abandonó con un 33% sin completar. La razón esgrimida por la provincia para la no realización de este censo fue la falta de presupuesto, a pesar de que desde Nación destinaron 6 millones de pesos para hacerlo. Incluso las propias comunidades pusieron a disposición recursos propios como embarcaciones, guías de pesca, comida y alojamiento para que los agentes designados concretaran los relevamientos pendientes. Ni así.

Pero los atrasos no se agotan ahí nomás. Yendo todavía más atrás hacia las fases previas, lo que aparece tampoco es cimiento sólido: cuenta Ñañez, Cacique Corondá, que la Provincia no pagó ni siquiera sus haberes a los consejeros electos por las propias comunidades para que puedan trabajar desde el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS). “Nuestros consejeros, que elegimos nosotros, no están cumpliendo funciones porque nunca se les pagó. Cuando tenían que venir a hacer alguna gestión no les daban ni para el pasaje ni dónde quedarse, siempre había que esperar a que les reciba alguna comunidad amiga. Les atan las manos a ellos, que gestionan en favor nuestro y somos todos nosotros quienes caemos, ese trato para con nosotros es feo”.

Coronda, Santa Rosa de Calchines, Cayastá y Helvecia son algunas de las localidades desde las que la dirigencia indígena llegó hasta Santa Fe para conseguir una respuesta, una palabra. Cada vez que venían, presentaban las notas debidas y no consiguieron más que silencio y, en este sentido, González es categórica: “Al gobierno no le interesa la problemática indígena. No le interesa trabajar o mejorar las condiciones de las comunidades, el no habernos atendido es una respuesta clara de que no les importa procurar una mejora de la calidad de vida de las comunidades”.

Su dignidad y su orgullo fue lo único que los representantes pudieron llevarle a sus comunidades tras semanas de indiferencia: “Nosotros tuvimos un montón de oferta de partidos y asociaciones civiles, para tapar la plaza con campamentos y mucha más gente, pero nosotros no, fuimos con lo poquito que teníamos y hasta donde pudimos. Hubo días que los pasamos sin tomar siquiera un mate. Son cosas que por ahí uno se va guardando, pero la realidad es que sentimos un vacío y mucha tristeza, pero bueno el espíritu de lucha no se pierde”, detalla Ñañez.

Detalla Marta González que ya van por el octavo año consecutivo sin recibir respuestas ni de tener novedad alguna, pues desde 2016 que el Consejo de Adjudicación sesionó: “Estamos atravesando una situación muy difícil, lamentablemente habiendo tenido un instituto como el IPAS, donde podemos elegir a nuestros representantes, el gobierno de Omar Perotti creó un organismo paralelo que es la Dirección de Pueblos Originarios y creemos que no es un ente representativo para nuestros pueblos”.

Según la 12.086, se buscará que las tierras estén ubicadas en el lugar donde habita la comunidad o en la zona más cercana, siempre con el consentimiento expreso y libre de la comunidad. Al respecto, la referente mocoví de la comunidad de Caiasta, aclara: “Nosotros queremos tener libertad para para ocupar nuestros territorios y poder lograr nuestros propios ingresos. No tenemos empleados públicos en nuestra comunidad, vivimos de la pesca y la caza, de la cosecha, algún adulto mayor tiene su jubilación y las mamás tienen su asignación, pero un plan no mantiene un hogar”.

—¿Cómo sigue el plan de acción de acá en adelante?

—Es como en tiempo de guerra, viste. Te retirás un poquito para tomar fuerzas y volver a cargar.