Represión en Purmamarca, 17 de junio de 2023.

¿Qué dice la nueva Constitución de Jujuy? Un proceso de reforma bajo la penumbra y un articulado que deja la puerta abierta al cercenamiento de derechos básicos. Los antecedentes autoritarios de Gerardo Morales.

Por Luis Hernán Paz, abogado, desde Jujuy.

El gobierno de Jujuy aprobó en la madrugada del viernes 16 de junio una Reforma Constitucional que apela a la “paz social” como principal concepto para consolidar un proceso de retrocesos en derechos colectivos, sociales, culturales y económicos que se inició en diciembre de 2015.

Una vez asumido en el gobierno provincial, Gerardo Morales usó al Poder Legislativo cual escribanía e hizo sancionar en menos de una semana las siguientes leyes:

5878: Ampliación del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia

5879: Creación de salas para una distribución de competencias en el Superior Tribunal de Justicia.

5885: Creación de la Oficina Anticorrupción.

5893: Sobre la implementación del concurso público para la selección de juezas/ces, fiscalas/es y defensoras/es del Poder Judicial de la provincia.

5894: Creación de la Cámara de Casación Penal.

5895: Creación del Ministerio Público de la Acusación.

5896: Creación del Ministerio Público de Defensa y del Servicio Público de Defensa Penal Provincial.

5897: Creación de los Juzgados Especializados en Violencia de Género.

5898: Creación del Fuero en lo Penal Económico y de Delitos contra la Administración Pública.

5899: Creación del Fuero Ambiental y de las Fiscalías Ambientales de la provincia.

5900: Sobre declaración de emergencia en materia de seguridad pública.

Con este andamiaje legal, colonizó el Poder Judicial, pues amplió la integración del Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve miembros con los votos de dos diputados (Pablo Baca y Beatriz Altamirano), que al día siguiente pasaron a ser integrantes del máximo organismo de Justicia. Los dos diputados que votaron esa ampliación votaron también las leyes 5879 y 5893 y pasaron a ser jueces junto a los otros jueces y militantes radicales Federico Otaola y Clara Lange de Falcone, ahora jubilada.

Las leyes mencionadas garantizan el dominio de los jueces radicales en las salas del máximo tribunal provincial y en el control en la designación de funcionarios judiciales.

Acto seguido, ordenó la detención de la dirigente social Milagro Sala, pero eso es otro capítulo que excedería el marco de la nota.

Una Reforma en las sombras

El gobernador de Jujuy hizo una encendida defensa del capítulo sobre protesta social, ahora en su rol de convencional. Llegó incluso a maltratar al convencional Guillermo Jenefes, según se pudo observar en el recinto.

Si bien el texto menciona reglas internacionales de Derechos Humanos, quedará en letra muerta, ya que se prevé que se sancione una ley para limitar las manifestaciones y se deja abierta la puerta para que el gobierno y la policía decidan quiénes pueden y quiénes no pueden protestar.

Las organizaciones sindicales, políticas, sociales y de Derechos Humanos denuncian que la Reforma de la Constitución provincial tiene como objetivo dar legalidad al avasallamiento sistemático de los derechos humanos que se registra desde la asunción de Gerardo Morales a la gobernación.

Destacan que la decisión de dar apertura al proceso de Reforma Constitucional resultó irregular, al no realizarse una convocatoria que definiera, en primer lugar, la necesidad de realizar la Reforma.

Luego, las ocho comisiones sesionaron desconociendo el proyecto original del oficialismo, que recién se hizo público el día 5 de junio. Mientras, el trabajo de esas comisiones no era difundido, privando el derecho de acceso a la información a jujeñas y jujeños.

Algunos de los puntos cuestionados de la reforma son los siguientes y como nos afectarán en lo cotidiano (tenemos que hacer la salvedad de que a las 11:20 del sábado 17 de junio de 2023, la ciudadanía carece del texto definitivo de la reforma).

• Prohibición al derecho a la protesta, invocando una imprecisa figura de “paz social”, para implementar un proceso acelerado destinado a cobrar multas y perseguir judicialmente a las personas y organizaciones que hayan convocado a la manifestación. Es decir, si sos empleado estatal, trabajador de la economía solidaria, estudiante, familiares de víctimas de femicidio, por ejemplo, serás pasible incluso de detención, si protestas.

• Modificación del sistema electoral, que elimina las elecciones de medio término (cada dos años), dejándolas cada cuatro años y generando que quien gane la gobernación, obtenga la mayoría automática de la Legislatura provincial. Si esto avanza será en detrimento de la institucionalidad democrática, al eliminar a las minorías y/o voces opositoras, exponiéndolas además, al modificar los alcances de los fueros.

• El gobernador, será el responsable de definir a los titulares de los organismos de control (Oficina Anticorrupción, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Superintendencia de Servicios Públicos).

• También designará a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (antes llamada Superior Tribunal de Justicia, con nueve jueces) y crea el Consejo de la Magistratura que resultaría con mayoría oficialista, con jueces con cargos vitalicios.

• La Reforma establece que el Estado provincial, promoverá la explotación económica y financiera de los recursos naturales y que las tierras fiscales también deben ser explotadas.

Esta reforma constitucional que hizo sancionar Gerardo Morales, en absoluta complicidad del Partido Justicialista de la provincia, agrava la situación de la propiedad comunitaria de las tierras que habitan los pueblos originarios y que la Constitución Nacional les reconoce. Esto vulnera sus derechos, vinculados con la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con el derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

En definitiva, tiempos oscuros se avecinan.

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