Así lo informó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su cuenta de Twitter. Fue porque sus autoridades "comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista".

El presidente y titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ), Alberto Fernández, intervino el PJ jujeño argumentando que sus autoridades "comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista". Así lo informó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su cuenta de Twitter, quien señaló que el objetivo de la medida es poner al partido de esa provincia "en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas".

El presidente del PJ @alferdez ordenó la intervención del partido justicialista de Jujuy para ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno y las políticas represivas de @GerardoMorales. pic.twitter.com/m7AarJYOwS

— Gabriela Cerruti (@gabicerru) July 14, 2023

En la resolución que ordena la intervención, Fernández expresó que un grupo de afiliados al PJ de Jujuy habían manifestado "su preocupación ante el avasallamiento de los derechos humanos" cometido por el gobierno de Morales y la sanción de una "Constitución provincial que viola derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a huelga o a protestar". "Un grupo de legisladores del Partido, amparados por las autoridades distritales, votaron favorablemente a la introducción de modificaciones en la Constitución provincial avasallando y restringiendo derechos fundamentales", añadió el mandatario, que resaltó que "de acuerdo a lo establecido por el artículo 10º de la carta orgánica partidaria todos los afiliados -más aún las autoridades partidarias- están obligados a observar los principios y bases de acción política aprobados por el Partido".

"No quedan dudas que las autoridades del Partido Justicialista Distrito Jujuy comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu y la letra de nuestra Constitución nacional", continúa el texto, que destaca que "es responsabilidad del Consejo Nacional Federal del Partido subvenir a los partidos de Distrito que lo integran".

Fernández designó como interventores al ministro de Seguridad Aníbal Fernández y al ex intendente de Merlo y ex presidente del PJ bonaerense Gustavo Adolfo Menéndez, quienes "ejercerán de manera conjunta todas las facultades inherentes a todos los órganos partidarios a efectos de realizar todos los actos necesarios para normalizar el Partido por el término de 360 días". Además, les solicitó la elaboración de "un amplio informe de la situación partidaria y jurídica del distrito.

El contexto

El pasado 16 de junio, el gobierno de Gerardo Morales aprobó con la complicidad del Partido Justicialista una reforma constitucional que significa un retroceso en materia de derechos colectivos, sociales, culturales y económicos y que resulta el corolario de una serie de medidas tomadas desde su asunción en 2015 en vistas a construir un andamiaje legal e institucional que le garantice el completo control de la totalidad del Estado, entre las que se destaca la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal (hoy Suprema Corte) de Justicia.

Una Reforma oligárquica a espaldas del pueblo

Entre otros puntos, la reforma prohíbe el derecho a la protesta invocando una imprecisa figura de “paz social”, modifica el sistema electoral, asigna al gobernador la responsabilidad de definir a los titulares de los organismos de control y de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y promueve la explotación económica de los recursos naturales y de las tierras fiscales, vulnerando la propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos originarios, reconocida por la Constitución Nacional. El texto fue aprobado de manera exprés: pasaron tan sólo once días desde que se hizo público su contenido hasta su sanción, garantizada gracias a los votos aportados por el PJ jujeño.