La policía jujeña continúa amedrentando y deteniendo a trabajadores. El miércoles, efectivos irrumpieron en la sede de la Universidad Nacional de Jujuy mientras sesionaba el Consejo Superior, acción que motivó un vasto rechazo de diversos sectores.

La policía jujeña continúa con su política de amedrentar y detener a trabajadores, en el marco de la represión desatada por el gobierno de Gerardo Morales luego del rechazo a la reforma de la Constitución provincial. El miércoles, efectivos irrumpieron en la sede de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) mientras sesionaba el Consejo Superior, acción prohibida por la Ley de Educación Superior N° 24.521, que motivó un vasto rechazo de diversos sectores gremiales, políticos y académicos. En añadidura, nueve personas fueron detenidas durante la madrugada por supuestos delitos cometidos durante el pasado 20 de junio en la manifestación en la Legislatura, entre ellas Iván Blacutt, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu y afiliado a la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNJu (ADIUNJu), y Santiago Zamora, no docente de la misma institución.

CONADU Histórica, la federación que nuclea a la docencia univestiario, manifestó su "enérgico repudio" frente a ambos hechos y expresó que son parte "de un plan sistemático anunciado públicamente por el Ejecutivo provincial para hostigar, perseguir, reprimir, encarcelar y condenar a lxs que luchan defendiendo derechos históricamente conquistados y garantizados plenamente en nuestra Constitución Nacional”. Lo hizo a través de un comunicado en el que detalló que el ingreso de las fuerzas policiales a la sede de la UNJu se dio en el momento en el que representantes de ADIUNJu y del movimiento estudiantil bregaban para que la institución se expresara en contra de la represión del gobierno de Morales, en lo que se trató de un "brutal ataque contra la autonomía universitaria".

🔴CONADU EXIGE LIBERTAD YA A LOS DETENIDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

BASTA DE REPRESION.
INMEDIATA LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS DEL JUJEÑAZO.
ARRIBA LOS DERECHOS, ABAJO LA REFORMA.#SomosLaUniversidadPublica

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— CONADU (@PrensaCONADU) July 13, 2023

En el mismo sentido se expresó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que señaló que "las detenciones a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta en Jujuy se han vuelto un modus operandi en la provincia, donde el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio de Larreta lleva adelante un plan sistemático de detención, creación de causas penales en complicidad con el poder judicial, y posterior encarcelamiento de compañerxs para fracturar las organizaciones sindicales, sociales, políticas y populares", y consideró que "estas prácticas tienen un sólo fin: la búsqueda del disciplinamiento social". "Desde CONADU continuamos reclamando el sometimiento del Gobierno de Jujuy al Estado de Derecho, la inmediata libertad a Milagro Sala, ateniéndose a los dictámenes internacionales de defensa de los DDHH y el inmediato cese de la represión y detenciones al pueblo jujeño organizado, con el debido desprocesamiento", finaliza el comunicado.

La avanzada de la policía jujeña contra la educación también generó el rechazo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que manifestó "su extrema preocupación" por los hechos "que avasallan a las instituciones universitarias de nuestro país", y recordó que "la Ley de Educación Superior N° 24.521", en su artículo 31, "dispone la prohibición expresa del ingreso con la excepción de una autorización judicial o solicitud de autoridad universitaria, supuestos que no se respaldaron en dicho ingreso".

Además, el CIN cuestionó la intención de Morales de expropiar las tierras del Sitio Arqueológico del Pucará en el Centro Universitario Tilcara, que pertenece desde 1949 a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires", anunciada por el gobernador el pasado 10 de julio a través del Canal 7 de Jujuy. "Esta decisión pone en alerta al sistema universitario en su conjunto puesto que, por un lado, desconoce las competencias asignadas por la constitución provincial al Congreso local como único órgano competente para aprobar una eventual ley de expropiación por causa de utilidad pública; y, por el otro, trata de expropiar un espacio universitario que, desde 1949, viene desarrollando actividades de extensión muy relevantes, bajo fundamentos basados en prejuicios sobre sus trabajadores no docentes y docentes, muchos pertenecientes a pueblos originarios", resalta el comunicado.

Repudio a la ilegalidad

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, también manifestó su repudio a la "ilegalidad de la intromisión en la Universidad Nacional de Jujuy" y se reunió ayer con el rector de la misma, Mario Bonillo, para brindarle su apoyo. “La Constitución Nacional asegura la autarquía universitaria y la Ley de Educación Superior dice que la fuerza pública solo podrá entrar con expresa orden del juez competente", sostuvo el ministro, que indicó que los hechos "revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social".