El Senado canadiense aprobó un proyecto de ley que obligará a plataformas como Facebook y Google a pagar a los medios de comunicación por incluir su contenido en sus servicios. ¿La respuesta de las plataformas? Anunciaron que el contenido de medios "no estará disponible para las personas que accedan a nuestras plataformas en Canadá".
El Senado canadiense aprobó la semana pasada una legislación con la que se busca que las plataformas como Meta y Google comiencen a pagar a los medios de comunicación por incluir su contenido en sus servicios. Es decir, para que cada vez que desde Facebook entres a un portal de noticias, toda esa rentabilidad del click no se la lleve solo Facebook sino que un porcentaje vaya a los creadores de ese contenido, es decir, los medios de comunicación.
Tras la aprobación en el Senado, la ley ha pasado el trámite parlamentario y entrará en vigor cuando reciba la sanción real y sea promulgada.
Pero este intento de regulación no cayó muy bien en los gigantes de las redes, obviamente. Casi al mismo tiempo que se conocía la aprobación de la norma, Facebook anunció que, de forma inmediata, dejará de compartir información con sus usuarios en Canadá. Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, señaló en un comunicado que el contenido de medios de comunicación “no estará disponible para las personas que accedan a nuestras plataformas en Canadá”.
Google también ha dicho que impedirá el acceso de noticias a sus usuarios en Canadá en respuesta al proyecto de ley. Meta y Google se han negado a pagar a las empresas de comunicación al alegar que la distribución de enlaces a sus noticias es “beneficioso” para los periódicos y medios de comunicación.
Los expertos han advertido que la desaparición de estas plataformas de información de medios de comunicación multiplicará el efecto de la desinformación en Facebook y Google.
El pasado 2 de junio, Meta puso en marcha el bloqueo temporal del acceso a noticias en Canadá a parte de sus usuarios en represalia por el proyecto de ley. Entonces, el Gobierno canadiense acusó al gigante tecnológico estadounidense de intentar chantajear al país.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó de “grave error” la decisión de Facebook y añadió que la compañía estaba siendo “irresponsable”. Por su parte, el ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez, declaró que el bloqueo temporal de noticias de Meta era “una amenaza inaceptable”.
“Cuando una gran compañía tecnológica, sin importar su tamaño, la cantidad de dinero y los poderosos abogados que tiene, viene y nos dice que si no hacemos ésto o aquello va echar el cierre, eso es una amenaza que es inaceptable”, señaló Rodríguez a través de Twitter.
Google también ha reaccionado a la aprobación de la ley. Su portavoz, Jenn Crider, ha asegurado que están haciendo “todo lo posible para evitar un resultado que nadie desea”. “En todo momento, hemos propuesto soluciones sensatas y pragmáticas que habrían mejorado el proyecto de ley y nos habrían despejado el camino para aumentar nuestras ya importantes inversiones en el ecosistema informativo canadiense. Hasta ahora, ninguna de nuestras preocupaciones ha sido atendida. El proyecto de Ley C-18 se ha convertido en Ley y sigue siendo inviable. Seguimos trabajando urgentemente con el Gobierno para encontrar una solución”, ha añadido.
El gobierno canadiense ha seguido los pasos de Australia, que en febrero de 2021 aprobó una ley que fuerza a Google y Facebook a pagar a los medios locales por los contenidos que se publican en sus plataformas. En aquel momento se trataba de una legislación pionera, que según se apuntó entonces podía servir como referencia a otros países para impulsar medidas similares. Los analistas apuntaron a Canadá, Reino Unido y la UE como posibles candidatos a seguir los pasos.
En el caso de Australia, también hubo un duro enfrentamiento entre los dos gigantes tecnológicos y el gobierno antes de la aprobación. Facebook suspendió el acceso a las noticias australianas como medida de presión, algo que corrigió después de que el Gobierno australiano incluyera una serie de enmiendas técnicas a su propuesta de ley. Google igualmente amenazó con retirar su buscador del país, pero finalmente selló acuerdos con los editores del país por un total estimado de 47 millones de dólares.