El juez federal asumió la investigación y dispuso la realización de múltiples medidas de pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1976.

El juez federal Daniel Rafecas asumió la investigación de los sucesos conocidos como la “Masacre de San Patricio” y dispuso la realización de múltiples medidas de pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, informaron fuentes judiciales.

El magistrado tomó la decisión en el marco de la megacausa en que se investiga la actuación del Primer Cuerpo de Ejército, detallaron los voceros consultados.

La investigación de los hechos se llevó a cabo, inicialmente, en la Causa ESMA, que tramita en el juzgado federal 12, en función de que dos sobrevivientes de aquel centro clandestino escucharon al teniente de navío Antonio Pernías –reconocido represor de la Armada- jactarse por su intervención en la masacre y, luego, dos marinos hicieron referencias similares.

Sin embargo, dicha hipótesis no pudo ser confirmada, y luego de que se planteara la cuestión de competencia, el juez Rafecas efectuó un análisis de aquellos indicios probatorios que lo llevaron a suponer, provisionalmente, que el hecho debía ser investigado en el marco de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército.

En ese sentido, se planteo como hipótesis que el crimen pudo ser una represalia de los oficiales policiales de la Superintendencia de Seguridad Federal, por el atentado con explosivos perpetrado en el comedor del edificio de esa dependencia el 2 de julio de 1976.

En el edificio de esa Superintendencia funcionó uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la represión ilegal en la Argentina, conocido como “Coordinación Federal”.

“Relacionados con los hechos investigados, se cuenta con distintos cables procedentes de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina dirigidos al Secretario de Estado de aquel país; uno de ellos, que data del mes de julio de 1976 y de carácter ´secreto´-aportado por el Dr. Pablo Llonto-, indica que la representación diplomática recibió información que confirmaba que los miembros de la congregación de los Palotinos fueron asesinados por efectivos de la Policía Federal”, detalló Rafecas en la resolución a la que accedió Télam.

“La traducción de dicho cable, a la que se hace referencia en la declinatoria de competencia efectuada por juzgado 12 del fuero, reza: Ahora resulta claro que fueron asesinados por miembros de la Policía Federal, no de la armada. La Policía creía que los dos seminaristas estaban relacionados con el movimiento «tercermundista» de sacerdotes, que tiene sedes cerca de la iglesia, por lo tanto, se los consideró un blanco fácil en la ola de ejecuciones extrajudiciales que la policía llevó a cabo en represalia por el bombardeo a la estación de policía el 2 de julio´”, refirió el magistrado.

“Otro indicio que debo ponderar en este sentido, es el vinculado al modus operandi empleado por los perpetradores que aparece como similar al utilizado por el personal de la Superintendencia de Seguridad Federal, en otros operativos ilegales que fueron objeto de investigación en estos obrados”, sostuvo Rafecas.

La “Masacre de San Patricio” ocurrió en la madrugada del 4 de julio de 1976, cuando un grupo de tareas irrumpió en la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio y acribilló a los sacerdotes católicos, pertenecientes a la orden de “Los Palotinos”, Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly, Pedro Eduardo Dufau, Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti.

Al tomar la decisión de asumir la investigación, Rafecas ordenó la realización de una amplia batería de medidas probatorias, buscando la reconstrucción de los hechos y la determinación de sus responsables, entre las que se encuentran las siguientes:

- Solicitar que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realice un trabajo de investigación sobre los archivos del organismo tendientes verificar la existencia de documentación o informes vinculados con la congregación de los “Padres Palotinos”, respecto de los hechos ocurridos en la Iglesia de San Patricio el 4 de julio de 1976.

- Requerir que la Comisión Provincial de la Memoria que informe si en los archivos de la ex-DIPBA existe documentación vinculada con los hechos.

- Solicitar al Archivo Nacional de la Memoria la remisión de copias digitales del legajo CoNaDep o SDH y/o cualquier otra documentación obrante en ese archivo, relativo a los hechos que tuvieran como víctimas a los seminaristas asuncionistas Carlos Di Pietro y Raúl Eduardo Rodríguez, quienes habrían sido privados ilegalmente de la libertad el 4 de junio de 1976.

- Requerir al Ministerio de Seguridad de la Nación la remisión de una nómina completa del personal policial que prestaba funciones en el Comisaría 37ª de la Policía Federal Argentina en el mes de julio de 1976

- Solicitar a la Parroquia de San Patricio se sirvan a brindar a esta sede, un listado de las personas que estaban afectadas a los servicios de la Iglesia de San Patricio, en los meses de marzo a julio de 1976.