Nación subió los subsidios para los colectivos del interior, pero no alcanza. Buenos Aires volvió a ser la gran beneficiada. Mientras tanto, en Santa Fe, el sistema está en total precariedad normativa.

Tras varias semanas de conflicto, choferes y empresarios del transporte público alcanzaron un acuerdo. La ‘solución’ llegó de la mano del Gobierno central, que intervino con una inyección de recursos. Una inyección que fue dispar: al Área Metropolitana de Buenos Aires arribó de forma inmediata y multimillonaria, y en las provincias hubo que atravesar dos paros y varias audiencias para conseguir un aporte bastante tímido. 

El problema no es nuevo: hace al menos un lustro que el sistema no se sustenta por sí mismo y que se ha vuelto subsidio-dependiente. Y lo que tampoco es nuevo es el mecanismo que aplica Nación: desembolsa generosos recursos para sofocar el fuego en el AMBA y deja que los servicios de colectivos del interior se incendien. 

En tanto, en Santa Fe se agrega un condimento que colabora con la crisis: van 20 años sin llamar a licitación. Entonces, las líneas urbanas funcionan con contratos precarios. Las consecuencias son palpables: la prestación en nuestra ciudad es cada vez más cara, y encima mala. Y al parecer, así seguirá en el futuro mediato. 

Réquiem para el interior

En 2021, el director provincial de Transporte de Pasajeros, Joaquín Sánchez, se lo decía a Pausa: “El AMBA es el único distrito del país que es jurisdicción de Nación en materia de transporte”. Partiendo de ahí, la ecuación es simple: Buenos Aires siempre se va a salvar y las ciudades del interior están condenadas a mendigar recursos. 

El último conflicto así lo confirma. Tras dos meses de negociaciones entre la patronal y los empleados, los ministerios de Trabajo y de Transporte de la Nación salieron a anunciar una generosa suba de subsidios para la Capital Federal y alrededores, y en el mismo comunicado ‘retaron’ a las provincias, cual chico que hace macanas, y les avisaron que ellas mismas debían hacerse cargo de sus servicios. El presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (FATAP) se indigó ante Pausa: “La realidad está clara: se asiste solamente a Buenos Aires y a lo demás, que Dios lo ayude”. 

El empresario detalló que para 2023 el Gobierno ya había destinado $52 mil millones para 18 mil colectivos del AMBA y solo $7 mil millones para los 14 mil colectivos del interior. A ello hay que sumarle lo que surgió del último convenio, que también es inequitativo. “Necesitábamos 40 mil millones más que debía aportar Nación hasta fin de año. Solo nos dieron 6 mil millones para julio, agosto y septiembre” y cada jurisdicción “debe aportar el resto para cumplir el acuerdo salarial”. 

El secretario de Transporte de Santa Fe se expresó en similares términos. En cada medio dispuesto a escucharlo utilizó la misma metáfora: “Esto es un parche”. “La situación sigue siendo absolutamente crítica”, se preocupó. “El tema trasciende al transporte. Se trata de la existencia de dos países”, afirmó Osvaldo Miatello por LT8 para graficar las desigualdades entre Buenos Aires y las demás ciudades. “No va más: debe hacerse un pozo común y resolver el conflicto en todo el país”, presionó.

En tanto, Ingaramo fue categórico: “Si en Santa Fe no se pelea por subsidios nacionales y provinciales, y la Municipalidad no se hace cargo de un aporte mensual como lo hacen Córdoba y Rosario, el servicio no se va a poder cumplir”. Además, reclamó un “sinceramiento” de las tarifas “en 50 pesos más por lo menos, para cubrir los costos”. Esto, pese a que el boleto tuvo un aumento a principios de junio, llegando a los $120 la tarifa plana, contra los $63,55 que se paga de máxima en el AMBA.

Futuro incierto

La presentación de una nueva ordenanza de movilidad y de pliegos de licitación para el transporte fue promesa de campaña de Emilio Jatón, que fue cumplida por el intendente en diciembre de 2022, cuando envió el pertinente mensaje al Concejo. Pero desde entonces no ha habido noticias al respecto. 

En líneas generales, el proyecto de ordenanza crea el Observatorio de Movilidad de la ciudad, el Sistema de Monitoreo Integrado (SiMI) de los distintos subsistemas, y la Mesa de Movilidad. Además, se instruye al Ejecutivo Municipal a “elaborar y actualizar periódicamente un instrumento de planificación denominado ‘Plan de Movilidad’”. 

En cuanto al Servicio Público de Transporte Urbano por Colectivos (STUC), establece una antigüedad máxima de los coches de 10 años y un promedio de antigüedad del parque móvil de cada línea de no más de cinco años.

Sobre la matriz de costos del STUC, indica que “estará conformada por los costos de prestación del servicio y los de mantenimiento de la estructura de las prestatarias, como también por el beneficio que deben percibir en función del capital invertido”. Con referencia al financiamiento, sostiene escuetamente que debe provenir “de la recaudación por el pago de la tarifa y de los aportes que destinen los distintos niveles del Estado”. 

El proyecto plantea que “el mecanismo utilizado para la determinación de la tarifa deberá considerar tanto los costos totales del servicio, los aportes, subsidios y/o compensaciones que se destinen al mismo, como aspectos socioeconómicos de la demanda del servicio”. 

Finalmente, crea el Órgano de Control del STUC, directamente dependiente del intendente, para aplicar sanciones a las concesionarias por incumplimiento de sus obligaciones, y faculta al Ejecutivo “a reglar el procedimiento destinado a la aplicación de esas sanciones”. 

Para el sector de Juntos por el Cambio que integran en el Concejo Adriana Molina y Carlos Pereira, “el proyecto de ordenanza no crea un nuevo sistema de movilidad, solo establece principios generales; no diseña ni describe las características de ese sistema”. Así, los ediles opositores consideraron: “La iniciativa solo determina ciertos criterios para que el Ejecutivo ‘elabore’ un Plan de Movilidad. Es una ordenanza que no regula nada, y que solo le encomienda al intendente elaborar ese plan”. “Esa es una tarea para la cual el intendente no necesita una ordenanza que se lo ‘ordene’”, subrayaron.

Tampoco ahorraron críticas para el pliego de licitación, al opinar que “no establece ni recorridos ni frecuencias”. “Solo determina qué barrio deberá cubrir cada línea y deja librado al criterio de los empresarios la determinación final de los mismos. Sin frecuencias y sin recorridos no se puede afrontar ninguna discusión seria. Tampoco pueden establecerse los costos de funcionamiento del sistema y, en consecuencia, no se puede establecer la tarifa”, se quejaron.

Lo cierto es que el pliego para el llamado a licitación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Santa Fe contempla, en sus anexos, 18 líneas que deberían componer el servicio, con las puntas de línea y media vuelta, los corredores principales por donde deben circular los coches y los principales atractores de viajes a conectar, en un radio no mayor a 300 metros de cada punto atractor. Además, se indican los kilómetros totales estimados para cada línea y el total de vueltas mínimas que deberán cumplir las empresas.

Asimismo, el texto instaura la metodología de cálculo de costos y tarifa, el plazo de duración de los contratos (10 años con posibilidad de prórroga de otros cinco), la autoridad de aplicación (la Dirección de Movilidad) y los requisitos exigidos a los oferentes. 

Especificaciones aparte, para la oposición en el Concejo “nunca hubo voluntad real de tratar estos pliegos por parte del oficialismo, que se enviaron al Concejo de manera incompleta para cumplir, muy tarde, con una promesa de campaña y antes de entrar en la campaña siguiente”. “En el último año de gobierno del intendente llegaron los pliegos, quedando en claro que, aún en la mejor de las hipótesis, iba a ser imposible poner en marcha este sistema durante la actual gestión”, remataron Molina y Pereira.

Al respecto, el presidente del Cuerpo deliberativo, Leandro González, aseguró a Pausa: “Estamos trabajando para que la discusión de los pliegos se dé en lo posible durante este año. Es un contexto complejo por la situación de discriminación de los subsidios que sufrimos en Santa Fe y por una coyuntura electoral que genera incertidumbre a nivel nacional”. 

“La situación es difícil y queremos hacerlo con la mayor responsabilidad que el tema requiere”, cerró el edil oficialista.