El objetivo es penalizar a quienes nieguen el terrorismo de Estado y hagan apología de crímenes de lesa humanidad. Las iniciativas permanecen en la comisión de Legislación Penal, donde la oposición es mayoría.

Son tres las propuestas que buscan sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado en nuestro país. El último se presentó tras el último acto público de Cristina Kirchner, cuando —en el marco de la recuperación del avión utilizado para los vuelos de la muerte— reclamó que el país cuente con legislación para erradicar este tipo de expresiones. Todas las propuestas deberán ser tratadas en la comisión de Legislación Penal, donde tiene mayoría la oposición.

Los proyectos que actualmente tienen estado parlamentario fueron presentados por los diputados de la alianza oficialista Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés. Los tres proponen diferentes sanciones contra expresiones negacionistas divulgadas en medios de comunicación, con agravantes en caso de que sean realizadas por funcionarios públicos.

En marzo de 2022 por la diputada chubutense Estela Hernández, propuso condenar con prisión de dos meses a dos años a quienes incurran en el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.

También en ese año, el diputado cordobés Eduardo Fernández presentó una propuesta que tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este caso, la pena mínima sería de tres meses de prisión y la "destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años" en caso de funcionarios públicos.

Por su parte, la jujeña Carolina Moisés elevó un proyecto que plantea sanciones contra "el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad". Además, prevé "inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena" y la obligatoriedad de una formación en derechos humanos para habilitar a que un funcionario sancionado ocupe nuevamente un puesto.

Con información de Ámbito.