“¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”. La pregunta sintetizó la consulta popular que efectuaron ecuatorianos y ecuatorianas en paralelo a las elecciones presidenciales del domingo pasado. Con el 98 por ciento de las mesas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral informó que el “Sí” al freno de la explotación petrolera en el Parque Nacional y Reserva de Biosfera Yasuní ganó con el 58,9 por ciento de los votos, una cifra que superó la suma de votos conseguidos por Luisa González (33,2 por ciento) y Daniel Noboa (24,1 por ciento), candidatos presidenciales, ambos a favor de la explotación petrolera, que definirán quién llegará al poder en el balotaje de octubre.

La consulta popular que dijo “Sí” a la preservación de la biodiversidad en Yasuní no fue la única de la jornada electoral ecuatoriana. En Quito, sus habitantes también votaron a favor de prohibir la minería en El Chocó Andino. Se trata de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, donde se impulsa la producción agroecológica, el turismo rural y la ganadería como alternativa económica. En este caso fueron cuatro consultas, todas con resultados para detener la minería a nivel artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en esa zona. En todas, el "Sí" alcanzó el 68 por ciento de los votos.

Con el “Sí” a la preservación de Yasuní, el pueblo ecuatoriano sentó un precedente histórico: una consulta popular planteó al próximo gobierno la obligación de establecer una política post petrolera, post extractivista, en el Amazonas. La empresa estatal Petroecuador confirmó que acatará el resultado de las urnas "en absoluto respeto de este proceso democrático". “Esta consulta, nacida desde la ciudadanía, demuestra el mayor consenso nacional en Ecuador. Es la primera vez que un país decide defender la vida y dejar el petróleo bajo tierra. ¡Es una victoria histórica para Ecuador y para el planeta!”, celebró el el colectivo de asambleas ciudadanas e indígenas Yasunidos.

La abreviatura “ITT” de la consulta corresponde a las áreas de exploración petrolera conocidas como Ishpingo, Tambococha y Tiputini, que conforman el bloque 43 dentro del Parque Nacional y Reserva de Biósfera de Yasuní. En 1989, con una superficie de más de un millón de hectáreas, Yasuní fue designada reserva mundial de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Con esas dimensiones, se convirtió en el área protegida más grande del Ecuador continental y es considerada como uno de los territorios más biodiversos del mundo.

“En una hectárea hay más biodiversidad que toda Norteamérica”, sentencia una de las consignas Yasunidos, el colectivo que llevó adelante la campaña en defensa de la reserva desde 2013, cuando el gobierno de Rafael Correa decidió avanzar con la explotación petrolera, política que se sostuvo sin divisiones tanto con el sucesor en el poder Lenin Moreno —presidente en el periodo 2017-2021 y ex integrante del movimiento Revolución Ciudadana, fundado por Correa— como con el actual presidente y banquero Guillermo Lasso. El área amazónica amenazada —donde la estatal Petroecuador comenzó a operar en 2016— cuenta con 610 especies de aves, 139 especies de anfibios, 121 especies de reptiles y más de 250 de peces.

La zona está habitada por los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, que viven en autoaislamiento, y no fueron consultadas sobre el proyecto extractivo. “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”, sostiene el artículo 57 de la Constitución de Ecuador. La carta magna, reformada en 2008 en el primer mandato de Correa, también marcó un hito internacional al reconocer el Derecho de la Naturaleza, vulnerado por la explotación petrolera en Yasuní.

"Es un triunfo histórico para el Ecuador, pero también para el planeta entero porque frente a la inacción de los gobiernos, que se reúnen cada año en las COP para supuestamente tomar medidas en contra del cambio climático pero que nunca las toman, el pueblo ecuatoriano ha dado el primer paso para hacer frente a esta lucha", comentó Antonella Calle, vocera del colectivo Yasunidos, a Mongabay Latam.

“Este referéndum es fruto de un arduo proceso de más de dos décadas de trabajo de la sociedad ecuatoriana que comprende que la verdadera riqueza de este país se encuentra en su biodiversidad y no en el petróleo y la industria destructiva que lo extrae”, valoró la organización Oilwatch Costa Rica, que actuó como parte de los observadores externos de la consulta popular. Y sostuvo: “Los resultados de este referéndum constituyen un paso firme hacia la transición de una sociedad post petrolera en América Latina.  Una transición justa hacia la reparación ecológica”.

El postextractivismo en debate por decisión popular

En tiempos en los que la crisis climática es noticia y no pronóstico, mientras se suceden las Conferencias de Cambio Climático de la ONU sin que se cumplan las bases del acuerdo alcanzado en París en 2015, la necesidad de reducir el uso de los combustibles fósiles es inmediata. Sin embargo, Ecuador, como el resto de los países de la región —con la excepción de la Colombia de Gustavo Petro, donde se impulsa la prohibición del fracking— continúan apostando a la extracción de combustibles fósiles con el argumento de las regalías y el ingreso de dólares vía exportación. En la Argentina, la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, la exploración de la Cuenca Argentina Norte y el oleoducto proyectado para conectar Vaca Muerta con el Golfo San Matías, son prueba de ello.

En los primeros dos años como presidente, Correa se comprometió a mantener el crudo del ITT-Yasuní bajo el suelo. Sin embargo, lo hizo bajo el concepto de la pérdida económica, con el que condicionó la preservación al éxito de una compensación internacional financiera por mantener la biodiversidad del Amazonas. Una carta de negociación reiterada en los foros internacionales y ya en marcha, por acuerdos bilaterales, conocida como “mercados de carbono”.

Aquella política coincidió con la denuncia de Correa sobre el desastre ambiental que Texaco-Chevrón había dejado en la selva ecuatoriana y la cercanía del entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, quien en 2008 sería el presidente de la Asamblea Constituyente que declaró el hito mundial del reconocimiento del Derecho de la Naturaleza. Tras ser reelegido, con nueva constitución en marcha, el gobierno de Correa avanzó en la política de “mercados de carbono” y al no conseguir suficientes acreedores internacionales, a pesar de los discursos del cuidado del ambiente, en 2013 decidió avanzar con la explotación del bloque ITT.

La empresa estatal Petroecuador ingresó a esa zona del Amazonas en 2016 y este lunes, tras la victoria del “Sí”, dijo que respetaría la decisión, pero volvió a marcar la situación en cifras: se alcanzó una producción de 58.000 barriles de petróleo, 11 por ciento del total de la producción de petróleo de Ecuador, lo que se traduce en unos 1.200 millones de dólares anuales. Y agregó que, con la explotación en marcha, el desmantelamiento de instalaciones, cuya construcción costó cerca de 2.000 millones de dólares, supondrá un gasto de cerca de 500 millones de dólares.

Desde esa perspectiva economicista-extractiva, la respuesta de las organizaciones ambientalistas e indígenas nucleadas en Yasunidos sostiene como plataforma, desde 2013, que los gobiernos podrían buscar otra solución posible para conseguir esos fondos: “Revirtiendo la tendencia a la reducción de la carga tributaria que se viene dando estos años, si se logra un incremento adicional del 1,5 por ciento a lo que actualmente pagan los grupos económicos, se obtendrían a valor actual 2.000 millones de dólares más a lo que se ha planificado obtener por la explotación del Yasuní. Es decir, en 25 años se generarían más de 20 mil millones de dólares que compensarían los 18.292 millones que se pretenden extraer de la reserva natural”.

La mirada sobre la pérdida de empleos o divisas por exportación también fueron parte de las críticas a quienes se opusieron a la prohibición de la minería en El Chocó Andino. Tras la victoria del “Sí”,  Inty Arcos, integrante de la mancomunidad de El Chocó Andino y parte del colectivo Quito Sin Minería, explicó: “Hace mucho tiempo se vienen trabajando alternativas económicas”. Y mencionó el caso de la producción agroecológica de caña de azúcar en unas 1.500 hectáreas de esa región, a través de la cual se generan exportaciones de “panela” —jugo deshidratado de caña de azúcar— a Italia, Francia y España. “Solo ese sector genera 2.400 fuentes de empleo, no existe ninguna mina en el mundo que pueda absorber esa cantidad de empleo”, sentenció.

En ese tono, la plataforma de Yasunidos sostuvo desde el inicio de su reclamo por una consulta popular que “la plata del petróleo no nos ha sacado de la pobreza”. Con esa convicción reunieron 750 mil firmas para ir al plebiscito en el 2014, sin embargo, por trabas burocráticas no fue hasta 2022, que el Consejo Nacional Electoral reconoció la validez de la presentación. En mayo pasado, la Corte Constitucional dictaminó que era válida la solicitud que llegó a cada ecuatoriano el domingo pasado y surgió con un rotundo “Sí” a la biodiversidad.

En una minuciosa columna publicada en la previa de la votación, el Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes) Eduardo Gudynas destacó el proceso democrático llevado adelante por el pueblo ecuatoriano como un nuevo marco para el debate de las políticas de transición energética con un horizonte postextractivista. Gudynas señala que las iniciativas populares pueden apuntar a proteger sitios, zonas o regiones ecológicas, donde “las características ambientales y sociales implican que un extractivismo es inaceptable” y, más allá de los mencionados “beneficios económicos”, “la meta primaria es la protección de la vida, humana y no-humana, y la prohibición es una consecuencia de ese compromiso, pero no un fin en sí mismo”.

Gudynas marca el hito ecuatoriano como parte de las “transiciones postextractivistas” y subraya que “sólo son posibles desde una radicalización de la democracia”. “Estamos ante un esfuerzo que debe ser observado con atención desde los países vecinos. Es especialmente relevante, pongamos por caso, para Chile ante el debate que está en marcha sobre la minería de litio, o en Colombia, considerando la resistencia a la minería de carbón”, sostiene el especialista e investigador.

Y convoca a “yasunizar” el debate en toda la región: “Sea por mantener los recursos en tierra como por consultas verdaderamente democráticas. Finalmente, todo este proceso es un recordatorio de la necesidad de observar, recuperar y analizar las experiencias propias de América Latina”.