19 de los 27 precandidatos presidenciales votan en el AMBA. Las principales figuras políticas quedan acotadas a una pequeña región. Aquí, las razones que explican la concentración y los riesgos que implica.

Quienes vivimos en todo el país, salvo en la provincia de Buenos Aires y la CABA, no dejamos de percibir la constante e histórica diferencia entre el centro y la periferia de la Argentina. En otras palabras, entre el AMBA y el resto del país. Y es más apropiado usar la noción de AMBA, porque incluso la provincia de Buenos Aires presenta una gran heterogeneidad en su interior, tal como nuestra Santa Fe con sus 365 municipios y comunas.

Sin embargo, esta diferencia centro-periferia motoriza la esperanza de reorientar las políticas públicas hacia una perspectiva más federal, que se renueva cada cuatro años con las elecciones para el Ejecutivo nacional. Es innegable que hubo períodos en los que el péndulo se acercó más hacia el federalismo y otros en los que se reforzó el centralismo. Los últimos años tampoco han sido la excepción.

Tal vez estemos atravesando un proceso de desprovincialización creciente de la política argentina, con una ascendente importancia de figuras políticas emergidas del AMBA. Incluso, si nos remitimos a semanas atrás, los resultados de las primarias abiertas santafesinas fueron leídas en clave de una pelea nacional, pero fundamentalmente de la política porteña.

Por esta razón, se podría pensar que las elecciones nacionales de este año, tanto las PASO como las generales, serán un verdadero escenario político porteño. Esto será no tanto por la procedencia de la mayoría de sus candidatos, sino específicamente por su forma de hacer política y la agenda que propone cada uno de ellos y ellas, sin dejar de lado los aspectos sistémicos que ayudan a que eso tenga lugar.

Profetas en sus tierras

Puede que sea la maldición de Fernando De la Rúa, que luego de ser el primer jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 1996 y 1999, escaló rápidamente a la Presidencia de la Nación.

Recordemos que, hasta 1994, la CABA fue un distrito federal cuyo intendente era nombrado por el presidente, con un Concejo Deliberante elegido de manera popular, mientras que el Congreso actuaba de Legislatura local.

Pero lo cierto es que este año 2023 la oferta política parece concentradísima en CABA, o más bien, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que involucra a CABA y a 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. Tal es así que de los 27 precandidatos y precandidatas a presidente, 12 votan en CABA y 7 en la provincia de Buenos Aires.

Dicho dato trasciende a los posicionamientos en un polo izquierda-derecha, e incluso si acotamos el recorte a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que son las dos coaliciones con mayor presencia territorial en el país, los cuatro candidatos son del AMBA.

Independientemente del posicionamiento que puedan adoptar en cuanto a la administración del Estado y el ejercicio del poder, también existen incentivos estructurales del sistema político por los cuales apuntar a la campaña con actores políticos porteños, o por lo menos, con gran exposición en dicho distrito.

CABA, la favorecida

No es novedad que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es beneficiada económica y políticamente. Por ejemplo, según el informe “Treinta años de Coparticipación en Argentina” que elaboró el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en relación a la distribución de lo recaudado a nivel tributario, la CABA fue el distrito que presentó el mayor crecimiento con un 548%.

Dichos privilegios fueron reforzados en la historia reciente con el fallo de coparticipación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó al gobierno central pagar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.

Sumado a este aspecto económico, el distrito porteño también es beneficiado con su representación en la Cámara de Diputados. La distribución actual de bancas es resultado de una serie de decisiones históricas que han beneficiado a la Capital Federal (ahora CABA) y perjudicado seriamente a las provincias más pobladas.

El doctor en Ciencia Política Diego Reynoso explica cómo el distrito porteño fue beneficiado con el decreto-ley 22.847/83, que estableció la cuota de reparto de un diputado por cada 161 mil habitantes y fracción de 80.500, más un extra de tres legisladores por provincia y un piso mínimo de cinco diputados, además del decreto-ley 19.862/72.

De acuerdo a esta distribución, a la Capital Federal se le había entregado un total de 25 diputados en 1972, un número que perdura a día de hoy aunque tendría que ser menor. De acuerdo al análisis de Reynoso, la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada, además de Córdoba y Santa Fe, que a pesar de tener una mayor población que CABA, en la actualidad eligen menor cantidad de diputados.

¿Cuál es la consecuencia? Un mayor poder en la toma de decisiones de la CABA a comparación de Córdoba y Santa Fe. Si bien el reparto intentó favorecer las provincias de menor tamaño al generar una sobrerrepresentación de los distritos menos poblados, también provocó un gran privilegio para CABA.

En síntesis, al apoyo prácticamente manifiesto del Poder Judicial a la “ciudad constitucional federada”, como la ha descrito en un fallo comentado el presidente de la Corte Horacio Rosatti, se le suma un poder desproporcionado en el Legislativo. Entonces, ¿qué podría pasar si alcanza el Ejecutivo? Lo más probable: instalar la agenda porteña.

Nacionalización de lo particular

De lo expuesto hasta aquí, la sobrerrepresentación legislativa de CABA y la amplia presencia de candidatos porteños nos puede ayudar a considerar la posibilidad de instalar determinadas problemáticas particulares como nacionales. Pongamos un ejemplo: la discusión sobre el derecho a huelga vs. el derecho a la libre circulación.

Si nos detenemos a pensar en nuestra provincia, es innegable que Santa Fe es escenario de grandes manifestaciones y protestas, con diversas reivindicaciones y reclamos. Sin embargo, estamos lejos de la masividad y recurrencia de las mismas que se dan en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, nadie podría decir que en Santa Fe no se puede circular por la gran cantidad de movilizaciones. Pero hay quienes asumen ese discurso, tal vez, por el aparato mediático que hace de eco de quienes plantean esa discusión como un “problema argentino”, aunque sea bien particular y concreto.

Por lo tanto, no es menor que haya algunos candidatos porteños que se entusiasmen con la represión en Jujuy por parte de Gerardo Morales. Este es el argumento que les sirve de linkeo entre lo particular y lo supuestamente nacional: en todas las provincias están hartos de los piquetes. En otras palabras, “reprovincializan” la discusión para inducir agendas localistas.

De este modo, podemos observar de qué manera hacer política desde lo porteño puede perjudicar al país en su conjunto. Desde luego, ya la disyuntiva no sería una transición entre gobiernos que pendulen entre federalismo y centralización, sino que se apuntaría directamente a federalizar la restricción de derechos y libertades.

En síntesis, dejando de lado los aspectos estructurales descritos anteriormente que benefician a CABA respecto a las provincias, estamos hablando de un problema de agendas políticas, que se retroalimentan con la estructura oficial (y no oficial) que ayuda a su circulación y establecimiento.