365 días después de que le gatillaran en la cara a la vicepresidenta, la Justicia sigue sin investigar los nexos políticos de los autores materiales. El consenso democrático, bien gracias: Milei y Bullrich, los candidatos más votados de la oposición, jamás repudiaron el hecho.

Hoy se cumple un año del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y la Justicia sigue negándose a investigar las conexiones políticas de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. A pesar de los reclamos de la querella, el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 insiste con elevar la causa a juicio oral sin ahondar en las pruebas que indican posibles nexos entre los autores materiales del atentado y estructuras políticas. Mientras tanto, el expediente sobre el hecho y el que investiga la trama violenta de Revolución Federal, la agrupación financiada por el Grupo Caputo, jamás fueron unificados.

En los próximos días, el TOF 6, integrado por los jueces subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral, que aún no tiene fecha. En los últimos días, Carlos Telleldín, el abogado de Brenda Uliarte, generó expectativas en torno a lo que pueda aportar su defendida al declarar que "hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner: no era para matar a nadie sino para que vayan a provocar".

La denominada "pista Milman" dio inicio el 23 de septiembre pasado, cuando Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, declaró ante la jueza Capuchetti que había escuchado al diputado nacional de Juntos por el Cambio decir, dos días antes del atentado, "cuando la maten yo estoy camino a la costa". Acompañaban a Milman dos asesoras que negaron la existencia de dicha reunión, que luego fue confirmada por imágenes captadas por cámaras de seguridad y reconocida por ellas mismas.

En mayo, el nombre de Milman volvió a sonar con fuerza luego de que su ex secretaria Ivana Bohdziewicz -una de las dos mujeres que lo acompañaba en aquella reunión- dijo que el diputado le había facilitado un "perito" para que borrara información de su celular y que la maniobra se había realizado en su presencia, en la oficina de la candidata a presidenta Patricia Bullrich. Sin embargo, la pista Milman no fue elevada a juicio, aunque hace diez días la Cámara Federal porteña hizo lugar al secuestro de su teléfono. En simultáneo, el fiscal Carlos Rívolo solicitó a las compañías de telefonía celular que informen si existe alguna otra línea a nombre de Milman.

Atentado contra CFK: ordenaron el secuestro del celular de Milman

En los últimos días, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de apartamiento de Rívolo de la causa realizado por la querella, que lo señaló como el responsable de la filtración del dato de que Bohdziewicz había pedido ampliar su declaración testimonial. Durante un día, la voluntad de la ex secretaria de Milman sólo fue conocida por la fiscalía; sin embargo, en ese ínterin la información le llegó a personas cercanas al diputado, que intentaron saber por dónde iría la declaración.

Otra de las medidas de prueba que aún se encuentra en etapa de instrucción es un papel hallado en la habitación de Uliarte en la casa de sus padres que decía "La Regla de Tueller (pistola versus navaja)". Dicha regla refiere a la distancia mínima que necesita una persona para poder defenderse de manera efectiva con un arma de fuego frente a una agresión con arma blanca. Luego de mucha insistencia por parte de la querella, Rívolo ordenó una pericia caligráfica para determinar la autoría del escrito.

Expedientes separados

La fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio al entender que, si bien existió premeditación para llevar a cabo el atentado, no hay elementos que permitan afirmar la existencia de autores intelectuales detrás de los materiales. En este contexto, y a pesar del pedido de la querella, la Justicia decidió no unificar la causa que investiga el atentado y la que versa sobre el accionar violento de la organización Revolución Federal, a pesar de que Brenda Uliarte participaba de las actividades del grupo.

Esta última está a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, y entre los querellantes se encuentran Cristina Fernández de Kirchner y Juan Grabois, ambos víctimas de las acciones desplegadas por Revolución Federal. Según los abogados de la vicepresidenta, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, "el cúmulo de pruebas producidas parece indicar" que los hechos por los que se investiga a Revolución Federal podrían ir más lejos que la incitación a la violencia y que podría haber más personas involucradas.

En mayo pasado, Fernández de Kirchner calificó la elevación a juicio impulsada por Rívolo como "un nuevo acto de consagración de la impunidad": "Ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa. Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".

A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad.https://t.co/HDXPdeW3z2

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 29, 2023

Además, la vicepresidenta recordó los "pagos injustificados de la familia Caputo" (en referencia a una misteriosa y millonaria compra de muebles de Caputo Hermanos, empresa vinculada al ex ministro de Finanzas de Macri Luis Caputo, al líder de Revolución Federal Jonathan Morel) y el "posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado", pertenecientes a otra investigación "inexplicablemente separada a la del atentado". "Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima: me quieren presa o muerta", finalizó.

Un peligro para la democracia

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo en relación al aniversario que "hace un año, la violencia política pasó del discurso a la acción" y que "es un peligro para la democracia que no haya claridad sobre quiénes lo alentaron y que el Poder Judicial no sea eficaz en dar respuestas a la sociedad sobre un intento de magnicidio".

A través de un comunicado, el organismo afirmó que el atentado "sacudió la idea de que los consensos democráticos nos protegían de ese tipo de acciones y que la Argentina era inmune a un movimiento global de extrema derecha que desde la política avanzaba contra la convivencia democrática", y que puso de manifiesto "una violencia política que se cocinaba en distintas esferas: en redes sociales, en medios de comunicación, a través de referentes partidarios".

"En el año que transcurrió desde aquel episodio se repitieron ataques a locales partidarios y a organismos de derechos humanos, la vandalización de sitios de memoria por los crímenes de la dictadura, el negacionismo, la denigración, y la misoginia y el racismo continuaron", prosiguió el CELS, que consideró que "el sistema político no ha sido lo suficientemente enfático en poner límites a esos ataques" e instó a "convertir el Nunca Más que conquistamos en una movilización amplia, plural, igualitaria, un pacto renovado que insista más que nunca en democracia".

Se cumple un año del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, detener el avance de los grupos políticos que sostuvieron el discurso del exterminio y apoyaron las acciones violentas es la tarea que tenemos por delante.https://t.co/36bS2TMZvY

— CELS (@CELS_Argentina) September 1, 2023

Finalmente, el CELS alertó sobre "los grupos políticos que apoyaron acciones violentas en el espacio público y construyeron su identidad a partir de una escalada bélica de la política" y que hoy "se han transformado en una opción electoral, como la fórmula Milei-Villarruel". "Hoy, detener el avance de los grupos políticos que sostuvieron el discurso del exterminio y apoyaron las acciones violentas es la tarea que tenemos por delante", finalizó.