Por primera vez en Santa Fe se juzga a altos mandos de una empresa por su responsabilidad en la última dictadura. Las audiencias del Villazo iniciaron esta semana y quienes sobrevivieron a aquellos años piden estar “más fuertes que nunca”.

Comenzó el juicio de lesa humanidad por la represión a obreros metalúrgicos y militantes políticos en Villa Constitución en 1975. Es la primera vez que se juzgará a responsables civiles y económicos del terrorismo de Estado en la provincia de Santa Fe, concretamente a ex altos cargos de la empresa Acindar. La causa, tramitada en el Tribunal Oral Federal de Rosario, aborda la represión ilegal llevada a cabo por el gobierno de María Estela Martínez, en connivencia con la mencionada firma y con la dirigencia nacional de la Unión de Obreros Metalúrgicos, como respuesta a las protestas y paros conocidos como el “Villazo” de 1974.

El lunes 13 se desarrolló la primera audiencia. En el banquillo de los acusados hay un ex jefe de personal de la metalúrgica Acindar (Roberto Pellegrini), un ex jefe militar, 21 ex policías federales, un ex prefecto y un ex policía provincial. En las audiencias, que se extenderán en los próximos meses, se tratarán 67 hechos de los cuales 11 son homicidios. Los otros delitos son privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. El total de víctimas asciende a 69. El tribunal está conformado por Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci. El fiscal a cargo es Adolfo Villatte.

Dos aspectos destacan en este juicio: por un lado, que los hechos investigados se sitúan temporalmente en la antesala del golpe, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez; por otro, que exhibe cómo grandes empresas como Acindar (al igual que Ledesma o Ford) hicieron su contribución al terror que inició la Triple A y que prosiguió la dictadura desde 1976.

Torturar y desaparecer, un favor a los ricos de Argentina

En la madrugada del 20 de marzo de 1975 y hasta el día 26 de ese mes, el gobierno nacional ―en complicidad con las fuerzas represivas y la burocracia sindical de la Unión de Obreros Metalúrgicos― llevó adelante una serie de secuestros para desactivar el sindicalismo combativo en las fábricas de Villa Constitución. El operativo se conoció como “Serpiente roja del Paraná”.

Durante la investigación preliminar al juicio que comenzó esta semana, se probó que Acindar confeccionó listas de personas para ser detenidas, que permitió el ingreso de grupos de tareas a la fábrica para realizar secuestros y que aportó información para identificar y ubicar a las víctimas en sus domicilios. También dispuso espacios físicos de la planta para el funcionamiento de un centro clandestino de detención, en el denominado Albergue de Solteros, cedió vehículos y viviendas para las fuerzas represivas e incluso abonó un sobresueldo a las fuerzas de seguridad.

Hasta 1976, la siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, luego designado ministro de Economía por la dictadura. Su lugar en el directorio fue ocupado por el represor del Cordobazo, Alcides López Aufranc.

Federico Pagliero es abogado de la parte querellante e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario. En diálogo con Pausa, sostuvo que “este juicio abre nuevos caminos, ya que en la provincia de Santa Fe por primera vez serán juzgados civiles que pertenecían a Acindar, lo que da cuenta de la participación del gran empresariado y de los poderes económicos en el genocidio”. Además, valoró: “En esta causa estamos juzgando hechos que son previos al golpe de Estado, con lo que acreditamos que el terrorismo de Estado comenzó antes del 24 de marzo de 1976”.

El inicio de las audiencias es el resultado de la lucha sostenida de las y los sobrevivientes de la represión, de sus familiares y de los organismos de derechos humanos, ante un tribunal que demoró la convocatoria. Y coincide con las vísperas de un balotaje en el que disputa la presidencia La Libertad Avanza, con un discurso de reivindicación de la dictadura. Pagliero es claro: “Los mismos que hoy reivindican el terrorismo de Estado son quienes se beneficiaron con el plan económico que impuso el genocidio y que quieren volver a imponer a través de la vía democrática, por eso no es casual que se paseen con condenados por delitos de lesa humanidad”. Y agrega: “Por eso es importante este juicio, que da cuenta del plan económico de las grandes empresas en lo que fue el terrorismo de Estado”.

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó, sobre el inicio de este juicio: “El avance de las causas por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad son una prioridad. Por tratarse de actores civiles y económicos, son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial y las que más demoras registran. Es por eso que se les dio un fuerte impulso en todo el país para evitar que haya impunidad y para que las víctimas puedan conocer la verdad y puedan acceder a la justicia y reparación en un plazo razonable”.

Las denuncias que dieron lugar a este proceso, en relación a los hechos de Villa Constitución, datan de 2013. El organismo nacional apunta: “Otros posibles imputados civiles fallecieron antes de que el proceso judicial avance respecto a su responsabilidad o fueron apartados por problemas de salud, lo que muestra la resistencia del Poder Judicial a investigar estos casos”.

“Ante las voces negacionistas, tenemos que estar más fuertes que nunca”

Hacia mediados de la década del 70, la organización de base de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución triunfó ante la burocracia sindical de la UOM –dirigida por Lorenzo Miguel, el sucesor de Augusto Vandor que estuvo al frente del sindicato hasta 2002– y las presiones del gobierno nacional de Juan Domingo Perón y de Isabel Martínez.

Esa victoria, impulsada por obreros que veían cómo el sindicato no daba respuestas a sus reclamos, se gestó a través de tomas de fábricas metalúrgicas, en una huelga que duró un mes y que contó con el apoyo de toda la ciudad. El proceso culminó con el llamado a elecciones libres en la seccional local del sindicato y la victoria de la Lista Marrón –encabezada por Alberto Piccinini– por una amplia mayoría, el 16 de marzo de 1974. Un año después, el gobierno de Martínez y la Triple A comenzaron la represión a quienes se habían opuesto a la burocracia sindical y reclamaban mejores condiciones de trabajo a los patrones.

Cristina Monterubbianesi tenía 25 años cuando, la madrugada del 20 de marzo de 1975, fue secuestrada. Como docente, en esa época trabajaba alfabetizando en barrios populares. Además militaba en la Juventud Peronista. A casi 50 años del Villazo, dice que participar de la lucha de los trabajadores de Acindar era “una obligación militante” y recuerda el apoyo “incondicional” de las mujeres de la ciudad, llevando comida a las puertas de la fábrica donde se desarrollaba la huelga.

“Me fueron a buscar a mi casa”, relata. Ella y otros detenidos fueron llevados a la comisaría de Villa Constitución. Desde allí partió una caravana de camiones celulares de la Policía hacia la sede de la Policía Federal en Rosario, donde les tomaron declaración. “Las mujeres quedamos detenidas ahí y a los hombres se los llevaron a Coronda”, dice la entrevistada. En septiembre de 1975 fue trasladada al centro clandestino de detención El Pozo, en Rosario. A fines de diciembre de ese año, su destino fue Villa Devoto. Recuperó la libertad tres años y nueve meses después.

La militante afirma: “Tres años y nueve meses adentro son 39 años afuera, por las condiciones carcelarias, el sacrificio de la familia para ir a vernos, ver a los hijos atrás de un vidrio y no saber nunca cuándo ibas a salir porque no teníamos condena. En el medio vino el Mundial ‘78, prácticamente fuimos los rehenes del Mundial. Fue la antesala de lo que vino después”.

Las demoras en el inicio del juicio hizo que muchos imputados no lleguen vivos a las audiencias y que muchos sobrevivientes no puedan presenciarlo. “Hay muchos compañeros que lamentablemente han partido. Sobre todo Alberto Piccinini, que fue el que encabezó la lucha de aquel entonces. Fuimos muy amigos con Alberto, incluso pusimos en pie la CTA de Villa Constitución. Si hay algo que rescato de toda esta historia es que nosotros volvimos y seguimos militando: él volvió a ganar la seccional de la UOM y yo conduje el sindicato de los docentes (Amsafe) en Villa Constitución”, cuenta Monterubianessi.  Piccinini falleció en mayo de 2021.

Al mismo tiempo, la sobreviviente destaca a los integrantes actuales de la UOM: “Es gente joven que no vivió ese momento pero que entendió la importancia de conservar la memoria”.

“Este es un momento de pedido de justicia, porque a la memoria la guardamos por casi 50 años y a la verdad la sabemos: lo que se desató en Villa Constitución fue una masacre. Nosotros fuimos presos y todavía algunos estamos con vida, pero acá se cometieron horrores con algunos compañeros”, subraya.

Para la docente, “ante las voces negacionistas, tenemos que estar más fuertes que nunca”. Considera necesario hablar, expresarse y explicar. “Cuando decimos ‘terrorismo de Estado’ decimos que el Estado jamás puede descender hasta los niveles que descendió. Lo que tendría que haber hecho es un juicio justo como nosotros pedimos para ellos. Nosotros nunca pedimos venganza, siempre pedimos justicia. Las Madres y las Abuelas han sido ejemplo de esto”.

Hacia la justicia

La primera audiencia de la Causa Villazo reunió a organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos en las puertas del Tribunal. “Mucha gente viajó desde Villa Constitución a Rosario: fue una convocatoria espléndida, con mucho acompañamiento como hace tiempo no se veía en el inicio de un juicio”, dice Pagliero.

El abogado expresa: “Desde la APDH Rosario estamos muy orgullosos de que los obreros y los familiares nos hayan honrado con la representación en el juicio porque no sólo estamos representando a la APDH, sino a todos los compañeros y compañeras que se han constituido como querellantes particulares en la causa. Estamos muy orgullosos de ellos, que son los protagonistas de esta causa”.

Pagliero anticipa que pedirán al TOF más audiencias por semana, para acelerar el proceso. Por el momento, las fechas de las convocatorias son 21, 27, 28 de noviembre y 4, 5 y 20 de diciembre, siempre a las 9 horas. Además, solicitarán que las víctimas sobrevivientes puedan declarar en Villa Constitución. “Esto es un punto muy importante porque es un desgaste muy grande para las víctimas sobrevivientes trasladarse siempre a Rosario. Es un derecho que este juicio o parte de él se desarrolle en el lugar donde acontecieron los hechos y donde por supuesto los sobrevivientes se van a sentir más acogidos con sus familiares, sus amigos y sus vecinos”.

Las once víctimas de los homicidios que se juzgan en esta causa son Rodolfo Mancini, Jorge Chaparro, Julio Palacios, Carlos Ruescas, Concepción de Grandis, Miguel Ángel Lobotti, Juan Ponce de León, Adelaido Viribay, Jorge Raúl Andino, Carlos Thompson y Pedro Reche.

Entre los imputados está el ex jefe de personal de Acindar, Roberto Pellegrini, y los ex policías federales Roberto Squiro, Leonardo Dec, Aldo Gradilone, Carlos Brest, Daniel Valdes, Ricardo Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Petroli, Carmen Grossoli, Jorge Coronel, Raúl Cerliani, Emilio Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Lozano Windus, Oscar Giai, Eduardo Mugica, Juan Carlos Faccendini, Oscar Vessichio y Bernardino Sambrano. También se imputó al ex jefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás, Antonio Bossie; al ex prefecto Carlos Albareda y al ex oficial de la guardia rural "Los Pumas" de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.