Sobrevivientes, familiares de víctimas de la represión y organismos de derechos humanos hicieron valer el derecho a la publicidad de las audiencias que exponen la responsabilidad estatal y de la empresa Acindar por la desaparición y muerte de decenas de obreros en la década del 70. En un contexto de negacionismo, Villa Constitución vuelve a hacer historia.

Días después del inicio del juicio que sentó en el banquillo a la empresa Acindar por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario suspendió la transmisión de las audiencias testimoniales, impidiendo así que los denunciantes puedan seguir el proceso. Pero gracias al reclamo de los organismos de derechos humanos, se habilitó la televisación a cargo de la querella. Esta semana, vecinas y vecinos de Villa Constitución pudieron seguir el proceso a través de una pantalla instalada en la plaza de esa ciudad, donde ocurrieron los hechos que se investigan. “Para que el juicio tenga algo de popular, exigimos el derecho democrático a que el pueblo vaya siguiendo las audiencias”, explicó Oscar “Pacho” Juárez, sobreviviente de la represión.

Por primera vez en la provincia de Santa Fe se está juzgando a una empresa, Acindar, por su participación en la dictadura. Un total de 49 obreros metalúrgicos fueron asesinados en Villa Constitución desde 1975 y en los años posteriores al golpe de Estado de 1976; otros tantos fueron secuestrados y torturados. A las audiencias llegaron vivos sólo Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo –ex altos cargos de la metalúrgica–, en un juicio cuyo inicio fue demorado en diversas oportunidades por el Tribunal Oral Federal de Rosario.

“Villa Constitución sufrió un genocidio tremendo. Con el juicio, la población empieza a hacer memoria. No solamente los viejos, sino los hijos y los nietos empiezan a hablar y a interesarse en su historia, así que este juicio está impactando mucho en la ciudad, en los trabajadores, en los estudiantes, en los barrios”, describe Juárez.

Juárez, que era obrero de la metalúrgica Metcon cuando fue detenido, tuvo este lunes su oportunidad de testificar. También lo hicieron Néstor “Virulana” Pereyra (presidente de la junta electoral de la Unión de Obreros Metalúrgicos en Villa Constitución en 1974, quien estuvo cinco años preso); José Estévez (compañero de María Josefa Dal Dosso, abogada del sindicato, que también estuvo detenida) y Eduardo “Cacho” Sosa (también sobreviviente de las detenciones). La audiencia se llevó a cabo en la sede de la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM) de Villa Constitución, que cuenta con más aforo.

Mañana será el turno de los sobrevivientes Pepe Kalauz, Nilda Carbone, Jorge Martín, Eduardo Sale, José Muzzio y Cástulo Bogado.

Los hechos ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado que ejerció la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en 1975 y que prosiguió con las fuerzas armadas luego del golpe de Estado de 1976. Según la investigación que dio lugar al juicio, Acindar no sólo prestó autos para los operativos sino que también pagó sobresueldos a las fuerzas represivas y llegó a habilitar un espacio en su planta de Villa Constitución para el funcionamiento de un centro clandestino de detención.

Además de los ejecutivos de la empresa, también están imputados 21 policías federales; el ex jefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás, Antonio Bossie; el ex prefecto Carlos Albareda y el ex oficial de la guardia rural "Los Pumas" de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

La necesidad de la transmisión del juicio apunta a que los protagonistas que reclamaron durante años por memoria, verdad y justicia puedan presenciar las audiencias. En la sede del TOF de Rosario hay solamente 20 butacas; en los tribunales de Villa Constitución, la cantidad asciende a 30. En esas condiciones, “hay muchísimas organizaciones, compañeras y compañeros que quieren asistir y no pueden”, aseveró Juárez.

Por el derecho a ver y presenciar el juicio

Las audiencias testimoniales comenzaron el pasado 13 de noviembre. Dos audiencias después, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario informó la suspensión de la transmisión en vivo y en directo del juicio a través de su canal de Youtube. Es decir, de las jornadas en las que sobrevivientes y familares de las víctimas del terrorismo de Estado en el marco de la represión al Villazo pudieran contar por primera vez su historia ante un tribunal.

La decisión fue tomada por los jueces Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci. La determinación contradice antecedentes del TOF de Rosario, que ya en 2013 en la causa Guerrieri-Amelong (que juzgó al genocida Amelong, reivindicado por Victoria Villarruel), había resuelto permitir la televisación de las audiencias, incluso las testimoniales, para garantizar el “principio de publicidad de los procesos”.

Juárez explicó que los argumentos del Poder Judicial se relacionaron con la imposibilidad de que quienes van a testificar escuchen las declaraciones de quienes les anteceden, “porque eso puede influenciar en sus propias declaraciones”. Ante esto, el sobreviviente a la represión alegó: “Este es un juicio que estuvo demorado por décadas, o sea que todos sabemos lo que opina cualquiera de nosotros sobre lo que pasó durante la represión”.

Los organismos de derechos humanos calificaron la decisión relativa a la televisación del juicio de Acindar como “grave”. Denunciaron que dicha resolución “marca el cambio de época, ya que debemos recordar que hace solo algunos meses el tribunal dispuso su total publicidad y transmisión en vivo” y consideraron que fue “una señal de procurar olvido y revictimizar a sobrevivientes y familiares”.

“Como organizaciones políticas, sindicales y sociales repudiamos este viraje inesperado y arbitrario que atenta contra la publicidad y difusión de estos juicios tan importantes en la construcción de la memoria histórica de nuestro país”, habían asegurado las organizaciones en un comunicado que se elevó al tribunal para que revise lo dispuesto.

Ante el repudio, el TOF N° 1 de Rosario permitió que la organización que acompaña jurídicamente a la querella, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH Rosario) realice una transmisión en vivo de las audiencias siguientes, pero por sus propios medios. Los organismos de derechos humanos dieron un paso más y consiguieron una pantalla grande para transmitir el juicio en la plaza de Villa Constitución.

Ante un pedido de la querella, el TOF también accedió a que el juicio se desarrolle en esa localidad y que incluso se realice en la sede de la UOM. “Esto es un punto muy importante porque es un desgaste muy grande para las víctimas sobrevivientes trasladarse siempre a Rosario. Es un derecho que este juicio o parte de él se desarrolle en el lugar donde acontecieron los hechos y donde por supuesto los sobrevivientes se van a sentir más acogidos con sus familiares, sus amigos y sus vecinos”, había argumentado el abogado Federico Pagliero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Rosario), en una entrevista brindada a este medio.

Durante la primera audiencia del juicio, hubo un importante acto en Rosario al que asistieron sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos. “Después de ese acto, nos reunimos con los jueces y nos dijeron ‘vamos a permitir que los declarantes puedan, si así lo prefieren, testificar en Villa Constitución”. El sobreviviente analiza: “Ese acto sirvió para que la Justicia escuche y avance en lo que nosotros consideramos que son derechos democráticos”.

“A nuestro entender y eso es lo que vamos a plantear en el juicio, toda la población de Villa Constitución en 1975, sufrió una represión feroz. Quedó muy claro y demostrado que ellos buscaron el aniquilamiento de una organización sindical, que era la Lista Marrón y encarcelaron por meses y por años a toda la comisión directiva de la UOM de Villa Constitución de ese entonces”, afirma. “Durante el gobierno de Isabel Perón teníamos 19 compañeros asesinados por la Triple A y bajo la dictadura militar tenemos unos 30 compañeros más”, puntualiza.