Desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores universitarios rechazan el decreto firmado por el presidente Milei por considerarlo "un paquete de ajuste, desregulación de precios, flexibilización laboral y privatizaciones".

Este jueves 21 se reunió la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica para analizar las medidas decretadas la noche anterior por el presidente Javier Milei y definir los pasos de acción gremial. En el comunicado elaborado indican que "el decreto ataca puntos nodales de los derechos del trabajo, y afecta también temas claves de derecho a la libertad y democracia sindical. Establecen la desregulación económica que implica, entre otras cosas, la suba de precios de productos de necesidades básicas o esenciales, alquileres, etc. También modifica el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales". En ese sentido, añaden: "Asimismo, el paquete afecta las comunicaciones, la energía, el patrimonio nacional y la soberanía con la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Es un paquete de 300 medidas que interviene en 81 normas vigentes".

Sobre la situación económica, indican que las medidas disputas por el DNU se suman a "la devaluación del 120% decretada la primera semana de gobierno, que desató una suba de precios descontrolada en un contexto de congelamiento general de salarios, jubilaciones y planes sociales".

El plan de gobierno, tal y como se lo ejecutó hasta el momento, "deteriora considerablemente el poder adquisitivo, compromete los derechos laborales y agrava las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo, perjudica a los pequeños y medianos productores, y compromete profundamente la soberanía nacional, promoviendo la extranjerización de los resortes claves del país y beneficiando la especulación y los sectores concentrados de la economía".

Desde CCONADU Histórica, además, expresan su preocupación por la creciente criminalización de la protesta: "Previo al decreto, el gobierno impuso un protocolo anti-piquetes para garantizar la aplicación de estas políticas. Las tres centrales sindicales argentinas (CGT, CTA-A y CTA-T) conjuntamente denunciaron ante la OIT las violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, la restricción y vulneración derechos constitucionales, y la incompatibilidad con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT".

En función de este análisis, la CONADUH rechazó el paquete de medidas, resolvió proponer un plan de lucha urgente a la CTA-A con la realización urgente de un paro general con movilizaciones en todo el país promoviendo la coordinación de las tres centrales sindicales, y en el ámbito particular universitario, la articulación de las acciones entre las federaciones docentes.