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Pidieron la manifestación pública en contra del protocolo por parte de los organismos y el cese de aplicación del mismo en el país.
Se formalizó esta semana una denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el protocolo represivo dispuesto por el Gobierno nacional y reclamaron el "cese" de su aplicación en vísperas de la movilización convocada por Unidad Piquetera para este 20 de diciembre.
La denuncia contó con el apoyo de más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas.
“Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales”, informó este martes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
👉Denunciamos el protocolo contra la protesta en la @CIDH y la @OACNUDH
Con más de 1700 firmas de centrales sindicales, organizaciones sociales y organismos de DDHH les pedimos que exijan al Estado argentino que garantice el derecho a protestar. https://t.co/y6s5SDceYy
— CELS (@CELS_Argentina) December 19, 2023
Entre los solicitantes que acompañaron la presentación se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, FATPREN, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y más.
La presentación consistió en “dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo” presentado días atrás y oficializado luego con la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial.
Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.
En los escritos, se advierte que “la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”.
“El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas”, añadieron en la denuncia.
En tanto, se solicitó al organismo dependiente de la ONU y a la CIDH que intervengan en la situación y "manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo".
Patricia Bullrich presentó el nuevo protocolo de represión a la protesta
El pedido a la CIDH y a la OACNUDH
En la carta a la CIDH se pidió que se adopte las siguientes medidas:
- Manifieste al Estado argentino su preocupación por la aprobación del protocolo al prohibir y criminalizar la protesta social y el derecho a la libertad de expresión;
- En ejercicio del mandato que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicite información al Estado sobre la aprobación del protocolo y de las acciones que tomará para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protesta social y libertad de expresión;
- Adopte las medidas necesarias para trabajar colaborativamente con el Estado para hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social y la libertad de expresión sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos;
- Formalice una manifestación pública de preocupación por los hechos puestos en su conocimiento, que afectan gravemente el derecho a la protesta y a la libertad de expresión en la Argentina.
En cambio, el escrito presentado ante la OACNUDH fue dirigido en particular al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.
“Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan”, finalizaron en la denuncia.
