Las Defensorías del Pueblo de todo el país pidieron al Gobierno nacional que el DNU "se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos".

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, al igual que los defensores y defensoras de la República Argentina reunidos en ADPRA, expresó su preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar un amplio compendio de legislación vigente.

Por lo tanto, desde la Defensoría anunciaron una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, tales como el monitoreo constante de éstos, el fortalecimiento de las vías de atención y la interrelación con otros organismos protectores y de contralor.

"El carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación", expresó en un comunicado la Defensoría del Pueblo.

"Los Decretos de Necesidad y Urgencia no deben versar sobre: derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. A su vez, plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen", añadieron.

Incluso, consideraron que el DNU "agrega incertidumbre e inestabilidad" por la "concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público".

"La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones económicas, políticas y sociales en nuestro país", afirmaron.

En consecuencia, las Defensorías del Pueblo de todo el país, en tanto instituciones que tienen la misión de contralor, promoviendo y protegiendo las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exhortan a que "la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos".