La ministra de Salud de la provincia rechazó los cambios que el gobierno nacional pretende hacer a la ley de salud mental a través de la Ley Ómnibus. "Nuestro plan de salud mental está basado en un enfoque de derechos", sostuvo Silvia Ciancio diferenciándose.

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, fue consultada hoy respecto a los cambios que la Ley Ómnibus y el DNU de Javier Milei pretenden introducir a los abordajes en salud mental.

"Es retroceder en cuanto a los derechos de las personas con padecimientos subjetivos. Estamos trabajando para que esta situación nos interpele y ver por qué vuelven a escucharse discursos que avalan al manicomio como una solución. Estamos absolutamente en contra", señaló Ciancio al finalizar una conferencia de prensa y tras ser consultada por Aire de Santa Fe.

La funcionaria del gobierno de Maximilio Pullaro agregó: "Por eso nuestro plan de salud mental está basado en un enfoque de derechos. Estamos trabajando con legisladores nacionales en este nuevo posicionamiento. Creemos que con más diálogo podemos llegar a acuerdos".

Respecto del abordaje que entiende que debería hacerse desde el Estado respecto de la salud mental, Ciancio indicó: "Necesitamos de un abordaje integral y eficiente. Abogamos por una implementación plena de la Ley de Salud Mental, que no es mala. Hay que interpretarla y aplicarla. También continuar un camino para que los hospitales aborden estas situaciones"

"Con el gobernador Maximiliano Pullaro defendemos los derechos obtenidos como ciudadanos y santafesinos. No tenemos una posición ríspida. Queremos consensos y creemos en la actividad legislativa”, finalizó la ministra.

Las entidades que nuclean a las y los profesionales de la salud se manifestaron en contra de la reforma en el abordaje de la salud mental, que se rige por la Ley 26.657, ya que aseguran criminaliza a los pacientes y alienta la apertura de manicomios.

La Ley Ómnibus que busca imponer el gobierno de Javier Milei otorgará la posibilidad a jueces para que definan una internación, eliminará la prohibición de nuevos “manicomios”, modificará el organismo de revisión y cambiará el término consumos problemáticos por el de “adicciones”.