El recorte de la Nación pegó de lleno en los bolsillos de las y los trabajadores. Se triplicó el precio del boleto y las paritarias quedaron estancadas por falta de recursos. Obra pública cancelada y deuda previsional.

El feroz ajuste que puso en marcha Javier Milei sobre las provincias tiene varias dimensiones. En Santa Fe se expresa en menos coparticipación, menos transferencias no automáticas, una poda absoluta de la obra pública y el desfinanciamiento de áreas muy sensibles para las mayorías como los comedores barriales y el transporte público.

A tres meses de la asunción del nuevo gobierno, los resultados están a la vista. El boleto de colectivos aumentó más del triple –de 220 pesos en diciembre a 700 pesos en marzo– producto de la eliminación del Fondo Compensador para el Transporte del interior del país.

En el mismo lapso, debieron cerrar alrededor de 40 comedores comunitarios en la capital santafesina por el recorte sobre el Programa de Refuerzo Alimentario, una política pública de la Nación a través de la cual se financiaba la asistencia social para los sectores más vulnerables.

La Corriente Clasista y Combativa tuvo que cerrar, a fines de diciembre, 36 comedores barriales en los que se entregaban 8500 raciones de comida por semana.

A principios de marzo, José Luis Zalazar, referente del Movimiento Los Sin Techo, anunció que por los recortes de la Nación sobre los fondos para comedores escolares alrededor de 600 chicos de la ciudad de Santa Fe se quedarían sin comida. Silvana Mara, de la misma organización, calculó que en la capital provincial “hay 13 mil familias que no se alimentan como deben, que están en el rango de la indigencia”.

El ajuste del gobierno nacional impacta fuerte sobre los asalariados, mucho más aun sobre los trabajadores informales, pero va dejando una huella profunda en los sectores más carenciados, donde la única posibilidad de comer a diario es en los comedores comunitarios gestionados por las organizaciones sociales.

“Desde Nación no estamos recibiendo ningún acompañamiento, ningún programa con respecto a seguridad alimentaria”, sintetizó a fines de febrero la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Victoria Tejeda.

Según los últimos datos oficiales, el gobierno de Santa Fe brinda asistencia alimentaria a 325 mil personas en toda la provincia con recursos propios que aumentaron en un 80% tras la asunción de Milei: esa partida pasó de 1090 millones a 1900 millones de pesos de inversión mensual.

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“No hay plata”

En los barrios se puede palpar el resultado del plan económico desplegado por el gobierno nacional bajo la remanida excusa de que “no hay plata”, aunque el pago de los intereses de la deuda se sostiene a rajatabla mientras las políticas públicas para las mayorías se desinflan por decisión política de Milei.

A nivel macro, el objetivo enunciado por el gobierno nacional es lograr el déficit cero, aun a costa de limar los ahorros de la clase media y sumir en la pobreza a millones de argentinas y argentinos.

Para conseguirlo, Milei puso en marcha una serie de recortes que afectan en forma directa a las provincias y –por lo tanto– a toda la población. “Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”, dicen que amenazó el presidente cuando empezó a naufragar en el Congreso su proyecto conocido como Ley Bases o Ley Ómnibus.

Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, las cuatro provincias más perjudicadas por el desfinanciamiento de la Nación son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Neuquén. En el año 2022, esas cuatro provincias sumadas le aportaron a la Nación 23.900 millones de dólares más de lo que la Nación les devolvió. Esa tendencia se profundizará a lo largo de la actual gestión, para beneplácito del Fondo Monetario Internacional.

En enero, el gobierno alcanzó la ansiada meta del equilibrio fiscal en base a recortes masivos. Ese mes, las transferencias totales de la Nación a las provincias cayeron un 13,2% real con una inflación del 20,6%. Si se desglosan las cifras, en ese período las transferencias automáticas por coparticipación federal cayeron un 11,5% real interanual, mientras que las transferencias no automáticas o discrecionales se redujeron en un 98% real interanual.

Hasta 2023, las transferencias automáticas (coparticipación) de la Nación a Santa Fe representan alrededor del 60% del total de los recursos de la provincia. Las transferencias no automáticas suman otro 5%. Con el programa de Milei, esos dos conceptos tienden a caer: la coparticipación por la menor recaudación producto del enfriamiento de la economía y la caída del consumo; las transferencias discrecionales, lisa y llanamente por decisión política del presidente.

Eso explica en buena parte la postura del gobernador Maximiliano Pullaro ante la Nación, sobre todo a partir de la poda indiscriminada de transferencia de recursos: “No funciona así un sistema en el que vos te quedás con todo y no repartís nada. No estamos mendigando, la provincia de Santa Fe aporta casi tres veces lo que vuelve”.

La motosierra sobre Santa Fe

En Santa Fe, esta primera fase del ajuste nacional pegó de lleno en áreas que puede compensar la provincia –como las partidas para comedores barriales–, pero también en otras áreas que el gobierno local no puede cubrir con sus propios recursos, como las obras de infraestructura, los subsidios al transporte y el incentivo docente.

En materia de obras públicas, el desfinanciamiento es casi absoluto. Nación eliminó los fondos fiduciarios que las provincias usaban para ejecutar obras públicas. Se trata de un recorte de 2.000 millones de dólares sumados el Fondo de Integración Socio Urbana (obras para los barrios más pobres), el de Infraestructura Hídrica y el de Infraestructura Regional.

Otra área sensible donde Milei pasó la motosierra es la educación. La eliminación del Fondo de Incentivo Docente, vigente desde 1998, representa alrededor de 3200 millones de pesos menos por mes para los salarios de los trabajadores. La provincia aclaró que no puede hacerse cargo de reponer esa cifra con recursos propios. Sin acuerdo paritario, en las dos primeras semanas del ciclo lectivo 2024 los docentes ya realizaron dos paros de 48 horas y todo indica que el conflicto se va a profundizar, al menos hasta que el gobierno local pueda concretar una propuesta salarial que convenza a los sindicatos.

La eliminación del Fondo Compensador para el Transporte del interior del país fue el punto final para los subsidios que giraba la Nación a las provincias. En Santa Fe el impacto fue inmediato: el boleto aumentó 318% en solo un mes y pasó de los 220 a los 700 pesos. Aun así, las empresas no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar las negociaciones paritarias, lo que derivó en sucesivos paros de colectivos. Ese es otro recorte que ni la provincia ni el municipio pueden cubrir con fondos propios y que pega de lleno en el poder adquisitivo de los trabajadores.

El Fondo Compensador para el Transporte se financiaba con parte de la recaudación del impuesto a los combustibles. Según el gobernador Pullaro, la provincia de Santa Fe aporta a la Nación alrededor de 3900 millones de pesos por mes por ese concepto, de los cuales “solamente volvían 1500 millones y el resto quedaba en el AMBA”. El gobierno santafesino no está en condiciones de cubrir ese bache de 1500 millones y las consecuencias las pagan los usuarios del transporte público, para quienes moverse es cada vez más caro.

La casta son los jubilados

Según datos oficiales, la Anses tiene una deuda con la Caja de Jubilaciones de la provincia que asciendo a los 600 mil millones de pesos. Se trata de una deuda generada en la gestión anterior, entre 2020 y 2023, cuando se redujeron los envíos de fondos para cubrir el déficit previsional de las provincias que nos transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación en la década del 90, entre ellas Santa Fe.

El gobierno de Maximiliano Pullaro inició un reclamo formal con un corte al mes de septiembre de año pasado. La presentación se hizo por 400 mil millones de pesos.
“Si actualizamos el número, esta deuda que se generó entre 2020 y 2023, ya alcanza los 600 mil millones de pesos”, indicó el ministro de Trabajo de la provincia Roald Báscolo.
“Este es un número que quizás hoy sea desconocido, pero es muy importante, atento a la situación económica que se está viviendo. Es una suma necesaria para continuar la obra pública, hacer frente a las erogaciones de sueldos y gastos de la provincia”, añadió el funcionario.

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