La poda de las transferencias a las provincias impacta en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. El gobierno pidió “repensar” el sistema y en la Legislatura ya estudian cambios a la ley vigente.

Entre otras áreas sensibles, el ajuste del gobierno de Javier Milei recae con dureza sobre los jubilados y abre interrogantes sobre la sustentabilidad del sistema de reparto. La motosierra nacional avanza con tanta fuerza que en la provincia de Santa Fe ya se puso en debate el sistema jubilatorio en la Legislatura, donde se creará una comisión especial que tendrá por objeto redactar una nueva normativa.

El gobierno nacional cortó de cuajo las transferencias no automáticas a las provincias. El decreto 280/24 formaliza la decisión de eliminar del presupuesto las partidas para el Fondo de Incentivo Docente, los subsidios al transporte público y los recursos para cubrir el déficit de las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la órbita nacional.

En Santa Fe, ese último punto impactó de lleno en las finanzas provinciales, a tal punto que el ministro de Economía Pablo Olivares puso en duda la sostenibilidad del sistema jubilatorio tal como funcionó hasta ahora.

“Hay que poner sobre la mesa los números del sistema. Hasta ahora (el déficit) lo viene cubriendo el Tesoro de la provincia porque lo que se recibe por contribuciones y aportes de los trabajadores no alcanza para autofinanciar el sistema. Ahora, cómo se resuelve esto a futuro, es un tema que tenemos que abordar”, indicó Olivares a Aire de Santa Fe.

Jubilados: otra deuda de la Nación con Santa Fe

El problema se agrava porque, además, Nación tiene una abultada deuda con la provincia de Santa Fe producto de una serie de atrasos en el envío de los fondos para el déficit de la Caja de Jubilaciones. El último monto acordado para esa compensación fue en 2020. Desde ese año, según los cálculos de la provincia, se acumuló una deuda de entre 600 mil y 700 mil millones de pesos.

Solo en 2023, el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe llegó a los 173 mil millones de pesos, por encima de los 130 mil millones que habían calculado previamente los funcionarios de la gestión anterior. En lo que va de 2024, no hubo transferencias por ese concepto y el decreto 280/24 deja en claro que tampoco las habrá de aquí en adelante.

Ante ese panorama, la provincia confirmó que seguirá pagando las jubilaciones con normalidad y que el 82% móvil vigente desde 2005 se va a sostener, con la salvedad de que se irá financiando el déficit con recursos propios hasta que sea posible. De allí la advertencia del ministro de Economía: tarde o temprano, habrá que rediscutir el sistema.

Milei, en modo Hood Robin

A la poda de las transferencias no automáticas hay que sumar el proyecto de rebaja del impuesto a los Bienes Personales que también impactará de lleno en los sistemas jubilatorios provinciales.

La iniciativa está en tratamiento en el Congreso Nacional y forma parte del proyecto de Ley Ómnibus al que curiosamente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le dio su apoyo, a pesar de que contiene medidas que perjudican directamente a la provincia.

El 6,27% de la recaudación total del impuesto a los Bienes Personales está asignada al financiamiento de las cajas de jubilaciones provinciales que no fueron transferidas a la Nación, como es el caso de la provincia de Santa Fe.

En otras palabras: si el Congreso avala el pedido de Milei, el gobierno nacional reducirá la presión fiscal sobre los estratos más ricos de la población y una de las principales consecuencias será el desfinanciamiento de los sistemas jubilatorios provinciales. En modo Hood Robin: el Estado les quitará a los más débiles –los jubilados– para beneficiar a los más poderosos.

Se viene la reforma jubilatoria en Santa Fe

Las medidas ya tomadas –como la eliminación de las partidas nacionales para cubrir el rojo previsional– y las que aún están en debate –como la rebaja del impuesto a los Bienes Personales– encendieron las alarmas en el gobierno provincial.

Los senadores oficialistas ingresaron un proyecto de ley que apunta a declarar la necesidad de modificar el régimen de jubilaciones y pensiones de la provincia de Santa Fe para lo cual primero se creará una comisión que tendrá como misión elaborar el texto definitivo de reforma previsional.

El objetivo es generar un sistema que se autofinancie para achicar el déficit. No hay muchos caminos para lograrlo. Una posibilidad es aumentar la cantidad de años de aportes de los trabajadores activos. Otra, revisar regímenes especiales como el de la Policía, cuyos integrantes pueden jubilarse a los 50 años.

“Queremos un sistema que tenga más sustentabilidad. Hay que rever todo. No vamos a hacer desaparecer el déficit, pero sí tener un déficit controlado y que lo podamos administrar”, señaló el senador Felipe Michlig a Aire de Santa Fe.

La mínima, una miseria

En cuanto a los jubilados nacionales, con la última actualización dispuesta por el gobierno de Milei, en abril la mínima será de 171.283 pesos, a los que se suma el pago –por única vez– de un bono de 70 mil pesos para tratar de amortiguar el impacto de la inflación sobre los haberes previsionales.

Esos valores están vigentes hasta que se ponga en marcha la nueva fórmula jubilatoria dispuesta por el gobierno nacional (recién en el mes de julio), según la cual se actualizarán las jubilaciones mes a mes tomando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Así, en abril los jubilados y pensionados nacionales recibirán un incremento extraordinario del 12,5% para compensar parcialmente las pérdidas ocasionadas por el proceso inflacionario del último año, informaron desde la Casa Rosada. A eso se adicionará un 13,24% correspondiente al IPC de febrero a cuenta de la movilidad a pagar en junio.

De acuerdo al último informe del Indec, el valor de la canasta básica asciende 690.901 pesos mientras que la jubilación mínima llegará este mes a los 171.283 pesos.