Los videos “a lo Bukele” agravaron la crisis de inseguridad en Rosario. La Justicia desestimó en tiempo récord que haya torturas en las cárceles y el gobierno justificó los malos tratos porque “lo pide la gente”.

“Hay un grupo de ciudadanos a los que estas medidas no les gustan; por suerte, a la mayoría de los ciudadanos sí, porque la gente quiere vivir tranquila”. De esa manera, la titular del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Lucía Masneri, justificó las intervenciones realizadas en las cárceles de Piñero y de Pérez, en el sur de la provincia, que luego fueron viralizadas por el gobierno a través de los medios y las redes sociales.

La difusión de imágenes “a lo Bukele” en las cárceles de Santa Fe mereció la intervención del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por torturas, vejaciones y hurto agravado que habrían sido cometidos por personal penitenciario contra personas que se encuentran presas en esas dos cárceles.

La denuncia fue rápidamente rechazada por la Justicia, que no encontró pruebas suficientes para investigar torturas y vejámenes: “No hubo agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de los presos de la cárcel de Piñero”.

El debate no es nuevo, pero cobró mayor relevancia cuando el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió hacer público lo que ocurre en las cárceles de Santa Fe, sobre todo en aquellas donde están alojados los llamados “presos de alto perfil”: integrantes de bandas narcocriminales sobre los cuales se sospecha –y en muchos casos se ha probado– que ordenan la comisión de delitos desde sus propios pabellones.

El gobierno explicó que se trata de una estrategia que apunta a mostrarle a la sociedad que existe la decisión política de endurecer al máximo las condiciones de detención con el objetivo de cortar de cuajo el vínculo entre las personas presas y el exterior. Una estrategia que, según el propio gobierno, tiene amplio respaldo popular.

La escalada de la inseguridad en las grandes ciudades de la provincia y la evidencia de que buena parte de los delitos que ocurren en el espacio público –como las balaceras, las amenazas, las extorsiones y los asesinatos de trabajadores registrados en los primeros días de marzo en Rosario– son planificados y ordenados desde las cárceles, generaron un escenario favorable para que el gobierno haga un espectacularización de las requisas y los controles.

Pero la eficacia de esa estrategia quedó en duda cuando los grupos criminales de Rosario –según ellos mismos, en unidad y coordinación– asesinaron a dos taxistas, un colectivero y un playero en menos de una semana.

Esa saga de crímenes, que siguen impunes y sobre los cuales no hay líneas de investigación claras, puso en tela de juicio la estrategia mediática del gobierno santafesino. A tal punto, que desde El Salvador –donde el presidente Nayib Bukele hizo de esas prácticas una política de Estado– le sugirieron a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, frenar la difusión de las imágenes tomadas en las cárceles hasta que el gobierno de Pullaro pueda asegurarse el “control de la calle” en Rosario, algo que todavía está lejos de ocurrir.

Los salvajes asesinatos de trabajadores y el mensaje llegado desde El Salvador surtieron efecto y la provincia dejó de viralizar los videos “a lo Bukele”, aunque hasta el momento no se sabe si se trató de un cambio de estrategia o si es un retroceso empujado por las circunstancias.

¿Torturas en la cárcel?

Cuando asumió Pullaro, una de sus primeras medidas fue endurecer los controles en las cárceles –algo que efectivamente relama y apoya la mayoría de los santafesinos–, a lo que sumó la difusión de esos videos para disfrute del morbo popular.

La primera medida en la cárcel de Piñero fue trasladar a los presos de alto perfil a pabellones de máxima seguridad con el objetivo reducir al mínimo el contacto con otros internos y con sus familiares. “Sicarios y narcotraficantes no pueden estar en pabellones comunes, ya que desde ahí cometen delitos graves”, explicó Pullaro el 12 de diciembre, dos días después de asumir.

Las requisas y los traslados continuaron durante todo el verano, pero hubo un hecho que modificó el escenario por completo. El sábado 2 de marzo, desde un auto, un grupo de desconocidos atacó a balazos a dos colectivos que trasladaban personal del Servicio Penitenciario en uno de los accesos a Rosario. Un agente resultó herido. Los responsables se fugaron y no hubo detenidos.

Ese sábado por la noche, el Ministerio de Seguridad ordenó realizar requisas en las cárceles de Piñero y de Pérez al día siguiente el gobierno difundió los videos en los que se podía ver cómo los penitenciarios maltrataban a los presos.

Fue el punto de partida de una serie de atentados en la vía pública como respuesta al endurecimiento de las condiciones de detención dispuesto por el gobierno de Pullaro. Entre el martes 5 y el sábado 9 de marzo, delincuentes aun no identificados asesinaron a dos taxistas, un chofer de colectivo y un trabajador de una estación de servicio.

La saga de crímenes trastocó la vida diaria en Rosario. En los días siguientes no circularon taxis ni colectivos, no abrieron las escuelas ni los centros de salud, no funcionaron las estaciones de servicio y la gente abandonó el espacio público por miedo a los ataques. “Por primera vez, el blanco somos todos”, resumió la periodista Silvina Tamous.

La violenta requisa realizada en Piñero, que las autoridades estiman generó la posterior saga criminal, mereció la intervención del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que después de recolectar información sobre lo sucedido, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por los presuntos delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado contra internos de la cárcel de Piñero y de Pérez.

 

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De acuerdo a lo informado por el organismo, los delitos se habrían producido en los pabellones 7, 8 y 23 de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero y en el pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez. Los denunciantes señalaron que, durante requisas realizadas en esos pabellones, fueron objeto de vejámenes y tratos degradantes. “Varios de ellos reportaron sustracción y destrucción de elementos personales”, indicaron desde la Defensa.

Con una velocidad inusitada, el 20 de marzo la Justicia rechazó los planteos y concluyó que, a pesar de lo que se puede ver en los videos, no se habrían agravado de forma ilegítima las condiciones de detención de los presos de alto perfil alojados en Piñero y Pérez.

La fiscal del MPA Karina Bartocci pidió rechazar los pedidos de habeas corpus presentados por abogados de los detenidos y el juez Rafael Coria resolvió de la misma manera y rechazó el planteo sobre condiciones ilegítimas de detención.

Según el magistrado rosarino, la actuación del Servicio Penitenciario está dentro de lo previsto por la ley de Emergencia en Seguridad sancionada en diciembre de 2023, pocos días después del cambio de gobierno. Aquí no ha pasado nada.

La resolución judicial generó muchas dudas. “Los médicos del Instituto Médico Legal fueron al penal, revisaron a todas las personas y constataron lesiones de todo tipo en 154 de ellas. Pedimos que a partir de eso se tratara el tema de las requisas; sobre todo, cómo deben ser las mismas. Pero el juez, a pesar de las heridas constatadas, se negó a tratar ese tema y sólo trató el aislamiento y definió que se hizo bien en aislarlos”, señaló la defensora general de la provincia Santa Fe, Estrella Moreno Robinson, en declaraciones a LT8.

Lo que pide la gente

“La mayoría de la población está cansada y harta de cómo tuvo que cambiar su vida por la violencia y la inseguridad y no sólo soporta todo, sino que pide más dureza, sin importar si se violen garantías y derechos humanos. Por eso, según los estudios de opinión que maneja el gobierno provincial, la gente respalda ese tipo de medidas. La dureza se traduce en control, de acuerdo a la mirada de los ciudadanos”, señaló Germán de los Santos en una nota publicada en Aire de Santa Fe.

Tras los conmocionantes crímenes ocurridos en Rosario, el gobierno cesó la difusión de videos de requisas en las cárceles. Pero la línea de trabajo no se modificó.

“Los presos ya no hacen más home office desde la cárcel”, definió la titular del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri, en una entrevista con El Litoral. “Entonces, claramente, hay un grupo de ciudadanos a los que estas medidas de seguridad no les gustan; por suerte, a la mayoría de los ciudadanos sí, porque la gente quiere vivir tranquila”.

“Las requisas están hechas como medidas de seguridad y van a seguir existiendo, porque tenemos muy presente que las órdenes (para cometer atentados en el espacio público) salen desde las unidades penitenciarias”, agregó Masneri.

No es por ahí

El gobierno nacional mantiene una postura zigzagueante sobre lo que ocurre en Rosario. En el inicio de las nuevas gestiones, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich felicitó públicamente al gobernador Maximiliano Pullaro por difundir los videos grabados en las cárceles.

A mediados de marzo, el ministro de Seguridad de Nayib Bukele, Gustavo Villatoro, le envió un mensaje a su colega argentina: “Error muy grave lo de la foto, están equivocados; eso solo lo podés hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tenés el control total de la calle”.

En Santa Fe leyeron el mensaje y dejaron de publicar videos “a lo Bukele”, mientras el gobierno central continuó enviando equipamiento y personal de las Fuerzas Armadas para enfrentar al narcotráfico en lo que ahora se ha denominado “guerra contra el terrorismo”.