Shock inflacionario, recortes de presupuesto y funcionamiento incierto: el gobierno de Javier Milei ahoga a la comunidad universitaria. Cuál es la situación de las casas de estudio nacionales que funcionan en Santa Fe.

La situación de las universidades nacionales es crítica. Mientras que el gobierno de Javier Milei decidió ponerle la soga al cuello asignándoles un presupuesto igual al de 2023, cuando durante sus primeros 100 días de gobierno generó una inflación acumulada del 71%, mientras que la interanual fue del 254,2%. Cuidado del poder adquisitivo de los trabajadores y gastos de funcionamiento, como seguridad, limpieza y materiales educativos, son apenas algunas de las obligaciones que el gobierno se niega a cumplir. 

Mientras Adorni sostiene que los recortes son necesarios para “que las universidades funcionen de una manera óptima y eficiente”, la comunidad universitaria argumenta con sobrados ejemplos el innegable daño que esto representa para la calidad de la educación e incluso la fuga de cerebros. Con tal de cerrar el Excel, que reviente todo, ese es el pensamiento de Milei.

El congelamiento presupuestario ha reducido los salarios de los docentes en más del 50% desde diciembre a esta parte, lo que redunda inevitablemente en fuga de talentos y dificultades para atraer nuevos profesionales. Lógicamente, el paro del 14 de marzo se basó en estas dificultades para asegurar que “si no existe una actualización presupuestaria de acuerdo a los niveles inflacionarios es imposible que se puedan continuar normalmente con las funciones académicas, de investigación, de extensión y demás funciones sociales con las que la universidad contribuye al desarrollo”. Los proyectos de investigación también sufrieron recortes, cuando no fueron directamente cancelados. Además, el gobierno propone cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros, lo que podría afectar la tradición de gratuidad de la educación superior en Argentina.

El acuerdo paritario marcha hacia un rumbo incierto y, para peor, desde el Ministerio de Capital Humano que gestiona Sandra Pettovello se frenó la creación de cinco nuevas universidades, cuya puesta en marcha fue dispuesta por leyes sancionadas en 2023: “Se ha convertido en un negocio más de la política” tiró el presidente en el inicio del año legislativo en el Congreso sobre abrir más casas de estudio públicas.

En febrero, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había ofrecido un ostentoso 16% de aumento para docentes y trabajadores universitarios en la única reunión paritaria concedida. Álvarez comunicó, además, la determinación de suspender la transferencia de fondos a las provincias destinados al incentivo docente y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente: “No existe más”.

Esta mutilación presupuestaria podría dejar a 300 mil trabajadores docentes y no docentes sin empleo y a 2 millones de estudiantes en un limbo académico, imposibilitados de seguir cursando sus estudios.

Si pasaba, pasaba

Es llamativo el modus operandi del gobierno, que, ante determinadas decisiones, recula o se desdice cuando lo ponen en evidencia: pasó con la convocatoria de Sandra Pettovello a “quienes tengan hambre” que después fue desmentida por el vocero presidencial Manuel Adorni y también lo hicieron cuando se conoció el aumento de sueldo firmado por el presidente, pero del que se dio cuenta recién después de que se lo informaran. En el caso de la mutilación del presupuesto universitario, mientras el frente sindical (conformado por CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN) exponía argumentos para adoptar medidas de fuerza, desde Capital Humano anunciaban un “aumento” del 70% para gastos de funcionamiento, que representan solo el 7% del presupuesto universitario. Sin embargo, los expertos advierten que esto es insuficiente para compensar el déficit. La situación generó una preocupación lógica entre los rectores y consejos directivos universitarios, quienes temen que las instituciones puedan cerrar o reducir sus operaciones. 

Así lo aseguró en diálogo con Pausa el decano santafesino de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN): “Obviamente, no alcanza con lo que nos proponen. Para dimensionarlo mejor, háganse una idea de que nosotros pagábamos durante 2023 un promedio de 5 millones de pesos de luz por mes que hoy ya son 12, sin contar el aumento que se viene de la EPE, del que nos avisaron que sería de un 50%. Pasamos de tener una boleta de luz de 5 a una de 18 millones de pesos. Para afrontar los mismos gastos que tuvimos el año anterior, necesitamos un 200% de incremento del presupuesto. Es decir, el triple de lo que el gobierno anunció”, detalla Eduardo Donnet.

En el caso de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el rector Enrique Mammarella pintó un panorama prácticamente calcado: “Para dar una idea, el presupuesto nuestro a valores reales es como tener un tercio de lo que percibimos en enero del 2023”. ¿Cómo se las están arreglando, entonces? “Magia”, respondió Mammarella entrevistado por El Litoral a fines de febrero. Entre la UTN y la UNL, son alrededor de 80 mil los estudiantes que se ven afectados por la política de ajuste hacia la educación. “Además de todas las contingencias que nos vemos obligados a enfrentar nosotros, la situación de la ciudadanía influye, porque cada paro de transporte también tiene un efecto en nuestras actividades, porque seguramente se sucederán más paros universitarios, porque los alquileres también aumentaron muchísimo y la mitad de nuestros estudiantes son de afuera de la ciudad. Será un año muy complejo para sobrellevar”, advierte Donnet.

Cuidar el mango

Por supuesto, cada peso que la universidad eroga es una inversión para el desarrollo, cada pago realizado, una contribución. Entonces, cada moneda que se le niega, significa pérdida de calidad educativa: “Claro que hay ahorros o recortes que yo puedo controlar, como por ejemplo reducir las guardias de seguridad –a pesar de que al mismo tiempo estamos sufriendo más robos– y los horarios de apertura, cerrar los sábados, habilitar la mitad de los ascensores. Pero también hay variables que no se pueden prever, como el clima, que si mejora podemos prescindir de prender el aire acondicionado o el mantenimiento de equipos que, si no se rompen, también pasa que van quedando obsoletos, material de laboratorio que hay que reponer. Nosotros, siendo una universidad de ingeniería necesitamos tecnología de punta para nuestras actividades y, aun haciendo todos esos recortes que menciono, no nos va a alcanzar, porque a fin de marzo ya vamos a haber necesitado la misma plata que durante todo el año pasado. Esto va a decantar inevitablemente en la baja de calidad educativa. Ejemplifiquemos con el transporte público: cuando vos le bajas el costo al sistema, se lo baja poniendo menos unidades, menos frecuencia, menos mantenimiento, peor servicio. Acá es igual”, comenta Donnet, que es, además, Especialista en Transportes Terrestres por la Universidad Politécnica de Madrid.

El sistema de vouchers a estudiantes secundarios ya se está instrumentando, mientras que la privatización de la educación superior está a la vuelta de la esquina. Si las universidades pierden definitivamente la financiación que el Estado les debe, se verán obligadas a autofinanciarse, probablemente mediante el cobro de matrículas, seguramente impagables para la mayoría de los aspirantes. ¿A quién beneficia este sistema?

Las universidades de Santa Fe y las de todo el país están en pie de lucha, como ya pasó en 2018. Quizás el gobierno actual no lo recuerda o lo desmerece. Poco importa, porque mientras tanto, en cada aula, en cada explanada, en cada cantina, el movimiento estudiantil y docente están gestando su resistencia. De nuevo se pone en evidencia que educar es combatir.