El calamitoso estado del corredor nacional no habilita discusiones: transitarlo implica poner en riesgo la vida. Ni el diputado provincial Scarpin logró zafar de los cráteres: reventó dos cubiertas de una sola vez.

Era una fría y solitaria noche de 1° de Mayo de 2024 en la siempre oscura Ruta Nacional 11 cuando Dionisio Scarpin la transitaba junto a sus colaboradores, hasta que el vehículo se zamarreó en un bruto estruendo. Una vez detenido, el diputado provincial corroboró lo que sospechaba segundos antes de bajarse del auto: había reventado dos cubiertas en un enorme cráter que presentaba el pavimento. Se encontraba entre Vera y Malabrigo.

El hecho en sí no sorprendió a nadie: los siniestros en ese corredor están tristemente naturalizados, sobre todo en el tramo que atraviesa el norte santafesino. Pero que le suceda a un legislador le confería otro cariz, reactivando rojas sirenas que ya venían girando, y haciendo cada vez más ruido.

Doce días después se produjo una convocatoria en la ciudad de Malabrigo, en la que los defensores del Pueblo de Santa Fe y Chaco recibieron un manifiesto firmado por todos los actores políticos, civiles y del sector productivo afectados por el lamentable estado de esa vía; y se comprometieron a hacer llegar el documento a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Aunque no estuvo entre los participantes, el propio ministro de Obras Públicas de la provincia Lisandro Enrico manifestó su apoyo a ese encuentro multisectorial, ya que las mejoras en la ruta 11 —lo declara incansablemente—, están en el primer puesto entre sus demandas al gobierno de Javier Milei.

Por su parte, la senadora Carolina Losada llevó el reclamo al Congreso el 15 de mayo siguiente, durante la primera presentación del jefe de Gabinete Nicolás Posse ante la Cámara Alta. La legisladora consiguió una respuesta del funcionario libertario, pero escueta y sin ninguna precisión.

Hartos

El lunes 13 de mayo, luego de una manifestación de vecinos del sábado anterior a la vera de la ruta 11, la ciudad de Malabrigo fue sede de una reunión calificada como “histórica”.

En la ocasión, el defensor del Pueblo de Santa Fe Jorge Henn y su par de Chaco, Bernardo Voloj, fueron citados por intendentes y presidentes comunales, legisladores, concejales, representantes de instituciones intermedias, productores y comerciantes, quienes les entregaron un contundente manifiesto en el que exigen la reparación del corredor, con el objetivo de que aquéllos se hagan eco del reclamo y entreguen el documento a autoridades de Vialidad Nacional. Entre los asistentes estuvo, en primera plana, el diputado Scarpin, considerado uno de los actores políticos que más se ha puesto al hombro ese reclamo, incluso antes de sufrir en carne propia un siniestro.

“Baches profundos, hundimientos, pavimento deteriorado a extremos sorprendentes, falta de demarcación, iluminación y nulo mantenimiento de banquinas aumenta considerablemente el riesgo de accidentes viales, muchos de los cuales tienen consecuencias fatales. Por lo tanto, es de considerarse esta inacción del Estado como un acto de omisión grave”, acusa en uno de sus tramos el documento, además de “instar a los decisores nacionales a que prioricen la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración”.

El texto revalida los reiterados dichos de Lisandro Enrico —incluso ante Pausa—, quien frente a la decisión del Presidente de desfinanciar completamente la obra pública, ha remarcado una y otra vez que en ciertos casos, si no se hace cargo de los aportes necesarios, la Nación está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. En efecto, el mismo día de la convocatoria en Malabrigo, el ministro santafesino fue vehemente para el portal Reconquista Hoy: “Reparar una ruta no es una obra pública, es una obligación legal que el Estado tiene que cumplir, porque es su deber mantener la infraestructura vial en condiciones: si no, la gente se mata por esquivar pozos. Ahí no hay opción”.

En la misma entrevista, el funcionario provincial contó que, según le plantearon en una reunión en Buenos Aires el 9 de mayo pasado, el único tramo de la ruta 11 que aún tiene contrato vigente de reparación y mantenimiento es el que abarca desde Gobernador Crespo hasta Avellaneda; el cual la Nación se comprometió a reactivar, pero solamente para “tareas de mantenimiento mínimas”. Mucho, mucho gusto a poco.

Expuestos

Gracias a la viralización de las imágenes de Dionisio Scarpin caminando con la linterna de su celular por la deplorable banquina de una ruta lúgubre, medios como Clarín y La Nación tomaron el guante de la situación de la RN11. “Abandono y muerte: quejas por el estado de una ruta clave para el campo”, tituló el sitio web del gran diario argentino. “La vía, por la que se transporta la producción agrícola y ganadera de la región hacia los puertos y centros urbanos, se encuentra en pésimo estado”, se queja la nota en su interior.

Seguramente la publicación no pasó desapercibida para la gestión Milei. Como tampoco pudo pasar desapercibida la requisitoria de Carolina Losada al jefe del Gabinete nacional Nicolás Posse, durante la primera exposición de éste ante el Congreso.

“Las obras de mantenimiento contratadas se encuentran priorizadas. En particular están previstas las obras en las rutas 33, 11 y 178”, aseveró el funcionario libertario como respuesta a la pregunta de la senadora por Santa Fe. También garantizó que la prioridad está en los “contratos vigentes, sobre todo identificando urgencias vinculadas a la seguridad: todo lo que es prioridad en vida y evitar accidentes, o priorizar la seguridad vial, es lo primero en la lista”.

Sus palabras motivaron un eufórico tuit de Dionisio Scarpin: “Empezamos a ser escuchados. Sigamos”, celebró en su cuenta de X el diputado provincial. Pero su entusiasmo resulta más cándido que contagioso: en rigor, Posse no dio una sola precisión sobre los trabajos a realizar o su cronograma de ejecución. Lo que sí hizo fue una referencia temporal hacia atrás: “el estado de la infraestructura es muy malo; son años de desatención, de desfinanciamiento y de falta de mantenimiento”; y otra, muy vaga, a futuro: “poner esto en orden nos va a llevar tiempo”.

El 23 de mayo pasado, Henn y Voloj, junto a su par de Formosa Sylvina Portillo, llevaron el manifiesto de Malabrigo a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Fuentes de la Defensoría de Santa Fe habían adelantado previamente a Pausa que la intención era tener una entrevista con el administrador general de la DNV Raúl Bértola "o con alguien con poder de decisión". Es evidente que eso no ocurrió: el parte oficial no dice que nadie los recibiera, y la foto que lo acompaña muestra a los defensores entregando un papel a una mano ignota a través de una simple ventanilla.

De todas maneras, probablemente pretender que haya algún funcionario "con poder de decisión" en la DNV haya sido, y sea, una utopía. Básicamente, porque es una repartición que depende del ministerio más devaluado de la gestión Milei: el de Infraestructura. Pero bueno, seamos como Scarpin, creamos que "empezamos a ser escuchados", y no perdamos las esperanzas.