En una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, Santa Fe se movilizó para exigir la reforma de la Ley de Drogas, la continuidad del REPROCANN y el cese de la criminalización. Que siga habiendo personas presas por plantar es una deuda de la democracia.

Al igual que en 2023, este año el clima no acompaña del todo. Es la undécima edición santafesina de la Marcha Mundial de la Marihuana, y hace unos días que el frío y las nubes grises no se disipan del todo. Quizás el cielo intenta dar un mensaje. A pesar de que en el imaginario social la marcha es una manifestación alegre y celebratoria –y si bien efectivamente lo es-, su principal reclamo sigue siendo doloroso e ignorado sistemáticamente por el poder político: en 2024 sigue habiendo personas presas por cultivar o consumir marihuana. A pesar de esta cruel e injusta realidad, el reclamo por la reforma de la Ley de Drogas 23.737, que este año cumple 35 años, es considerado muchas veces una causa menor en lugar de ser juzgado como lo que es: una deuda de la democracia.

A pesar del mal clima, la gente se acercó en buen número a la esquina de Boulevard Gálvez y Rivadavia para marchar al ritmo de los tambores hacia la Plaza Pueyrredón, donde la militancia cannábica desplegó el color y el calor que la caracteriza. Entre porros, mates y birras se sucedieron los shows musicales a cargo de mariadelasnana, Zuvege Trío y Lande y un taller de esquejado.

En esta cultura todo se comparte: el porro gira por toda la ronda, las semillas y los plantines pasan de mano en mano, la cosecha se manicura en comunidad y la información circula todo el tiempo, aun entre desconocidos, sin mayor motor que la generosidad y la convicción de que, a contrapelo de lo que nos quiere hacer creer el capitalismo, la abundancia es más abundante cuando se reparte en más manos.

En el medio, representantes de Comunidata, la Asociación Civil Conectar y la Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas (AUPAC) Santa Fe leyeron fragmentos del documento consensuado a nivel nacional. El énfasis principal estuvo puesto en la reforma de la Ley 23.737, sancionada en 1989 bajo los estándares impulsados por Estados Unidos para el control de las drogas, con la supuesta intención de proteger la salud pública. 35 años después, la norma no sólo no ha conseguido el objetivo que se había propuesto, sino que ha propiciado un aumento exponencial del narcotráfico y un incremento gigante del gasto judicial, orientado en gran medida a perseguir a consumidores y transas de poca monta debido a la incorporación de la figura de la tenencia simple.

En un país golpeado repetidamente por las crisis económicas y el desempleo, en el que muchas veces el narcomenudeo representa la única fuente de ingreso posible para las poblaciones vulneradas, la Ley de Drogas también ha servido para llenar las cárceles de pobres, mujeres, travestis y migrantes, al mismo tiempo que se garantiza la impunidad para los grandes narcotraficantes.

En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó en el Fallo Arriola la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley, que establecía penas de un mes a dos años de prisión para personas que tuvieran marihuana para consumo personal, lo que parecía dar un puntapié inicial para la despenalización y una posible reforma de la norma. Sin embargo, ya pasaron 15 años, y la estigmatización sigue cristalizada en el marco jurídico de nuestro país; a pesar de los incontables avances en materia de derechos que ha acumulado la militancia cannábica en el último tiempo, pareciera que la Ley de Drogas es intocable. Y, mientras se abrían las puertas para la investigación, la producción de cannabis medicinal y el desarrollo de la industria, las puertas de las cárceles en las que aun hoy sobreviven víctimas de la Ley de Drogas se mantuvieron cerradas.

En la Argentina de Milei, la reforma de la Ley de Drogas parece cada vez más lejana, a pesar del carácter palmariamente antiliberal de la prohibición y de las no pocas voces dentro del espectro liberal que se pronuncian a favor de la legalización; sin ir más lejos, en su declaración de principios presentada ante la justicia electoral provincial, La Libertad Avanza Santa Fe se manifiesta a favor de “despenalizar el consumo y la producción de sustancias destinadas al consumo y uso recreacional”.

Sin embargo, a nivel nacional no sólo no se vislumbran avances en ese sentido, sino que ya se empiezan a evidenciar retrocesos en algunas de las conquistas que se habían logrado en el último tiempo. Las ridículas publicaciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en redes sociales, vanagloriándose de haber detenido a este perejil con cinco gramos o a este otro que tenía dos plantines en su casa, evidencian un cambio de paradigma que también quedó reflejado en el reciente anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, que anunció que el gobierno iba a auditar (ahora aprendieron esa palabra los muchachos) el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) tras haber detectado “más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”. En los pocos meses de gobierno de Milei, las trabas y las demoras en los trámites se han multiplicado notoriamente, y las gestiones nuevas están virtualmente paralizadas. Además, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) suspendió las inscripciones de nuevos operadores de cannabis en su registro.

“No se toca, el Repro no se toca” cantaba la multitud en la plaza para defender una política que visibilizó la efectividad terapéutica de la marihuana en sus múltiples variantes y la enorme cantidad de personas interesadas en acceder a ella para paliar sus dolores y mejorar su salud integral. “En sus años de vigencia la herramienta REPROCANN ha velado por los pilares de la bioética, registrando no maleficencia -no dañar-, beneficencia -mejoras en la calidad de vida-, justicia -ha democratizado el acceso y disminuido las brechas socioeconómicas- y autonomía -el derecho a decidir mediante el consentimiento informado-“, decía el documento de la marcha, que concluía que la restricción de su alcance “implicaría una violacion al principio de no regresión que ampara el marco de protección alcanzado en materia de salud integral”.

Entre otros puntos relacionados a la salud, la militancia cannábica exigió capacitaciones en el sistema de salud con una mirada no prohibicionista; el reconocimiento del trabajo de los cultivadores; el acceso gratuito de fitopreparados a personas con VIH y neurodiversidades y al colectivo de discapacidades; un cambio de paradigma en el abordaje de los consumos problemáticos que incorpore la perspectiva de reducción de daños; y protocolos en hospitales, clínicas y maternidades que contemplen los derechos de las personas gestantes usuarias de cannabis. Además, también se exigió con particular énfasis la capacitación de las Fuerzas de Seguridad y del Poder Judicial.

El documento también hizo referencia a la necesidad de impulsar la investigación científica en materia de cannabis y su incorporación en las currículas de las universidades. Además, exigió la conformación urgente de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el órgano encargado de regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición del cannabis.

Al respecto, se pidió que se garantice la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores del sector, y se hizo hincapié en la importancia de promover la vinculación de laboratorios públicos con las ONGs y el desarrollo de la industria del cáñamo, entendiendo que el cannabis puede significar “una herramienta de desarrollo de las economías regionales con protagonismo de las ONGs, cooperativas, pequeños y medianos productores que con sus productos fitopreparados de calidad hace décadas vienen garantizando el acceso a los usuarios”.

“Por una regulación integral de la planta de cannabis, respetuosa de los derechos humanos, animales y ambientales, la salud y las libertades individuales”. Esa fue la síntesis final del documento, y de una movilización que, una vez más, volvió a demostrar que son cada vez más las personas que se animan a salir del clóset y a marchar por sus derechos y los de toda una comunidad. Porque, al final del día, luchar y cultivar se parecen mucho. Es plantar una semilla y regarla, regarla, regarla, aunque el crecimiento sea invisible; hasta que un día florezca.