Se puso en marcha en sistema acusatorio en la Justicia Federal. La meta central: atacar al narcotráfico.
Con la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal, el gobierno nacional busca dotar al Poder Judicial con las herramientas necesarias para investigar y desmantelar las redes de narcotráfico y lavado de activos que tienen epicentro en Rosario. “La prioridad es atacar a las mafias y sacar al crimen organizado”, resumió el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en la presentación del nuevo sistema judicial, el lunes 6 de mayo en la ciudad del sur santafesino.
El sistema acusatorio en la Justicia Federal implica un cambio de raíz respecto al esquema anterior. “El objetivo es tener una justicia efectiva y rápida”, definió Cúneo Libarona durante el acto formal del cual también participaron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti y autoridades nacionales, provinciales y del Poder Judicial.
Hasta ahora, solo tres distritos habían adoptado el sistema: las provincias de Salta y Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para las autoridades nacionales, la aplicación del nuevo sistema en todo el país es un cambio necesario para darle mayor celeridad a las investigaciones por narcotráfico y por otros delitos federales, como lavado de activos, contrabando y secuestros.
Un cambio de raíz
El profundo cambio en la Justicia Federal implica dejar de lado los procesos escritos para pasar a la oralidad, tal como ocurre en la Justicia Penal de Santa Fe a partir de la reforma de 2014. Así, serán los fiscales quienes tendrán el mando de las investigaciones y los jueces ocuparán un rol de control de garantías.
“Hay una Justicia que se extinguió, murió el sistema inquisitivo perverso que nos regía, con un juez poderoso y un fiscal que investigaba y a veces dictaminaba. Ahora hay diferentes roles: un fiscal que está a cargo de la recepción de las denuncias, de métodos alternativos para terminar con las causas y un juez que es un tercero imparcial, que decide sobre medidas trascendentes como allanamientos, detenciones e interceptación de teléfonos”, explicó el ministro de Justicia.
Según el funcionario nacional, el nuevo sistema judicial brindará “mayor eficacia, transparencia, celeridad, digitalización y modernización. Confiamos en que va a mejorar sustancialmente el sistema para que la sociedad, las víctimas y los imputados, reciban un sistema procesal que sea más efectivo”.
El cambio de paradigma comenzó con una resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que, en marzo de este año, ordenó la “inmediata implementación” del Código Procesal Penal Federal para dejar atrás el sistema mixto que funcionó en el fuero federal desde 1994, que implicaba un proceso escrito en la etapa de instrucción y un proceso oral en la fase de juicio.
A partir de esta reforma, las causas penales federales pasarán a estar en manos de los fiscales del Ministerio Público, quienes tendrán un rol decisivo en la persecución de los delitos ya que serán quienes inicien una investigación judicial.
Los jueces ahora pasarán a tener un rol de garantes del proceso, por lo que fallarán, en audiencia oral y pública, en base a las pruebas que presenten los fiscales y los defensores que intervengan en un determinado conflicto penal.
Los viejos juzgados federales funcionarán en paralelo al nuevo sistema con las causas que ya tienen en trámite. Tal como ocurre en la Justicia provincial, el inicio de cada causa estará a cargo de una Oficina de Gestión Judicial que se encargará de la organización “administrativa y operacional” de las audiencias orales y definirá qué jueces las encabezarán.
El cambio de modelo judicial abarca a toda la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que tiene lugar en Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, San Lorenzo, Venado Tuerto y la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.
El nuevo rol de los jueces
La nueva estructura arrancará con un Colegio de Jueces que contará, en la provincia de Santa Fe, con solo cinco magistrados federales que encabezarán las distintas audiencias que programe la Oficina de Gestión Judicial, cuya sede central estará en Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y tendrá subsedes en el resto de las ciudades.
El Colegio estará compuesto por los jueces que actualmente se desempeñan en la parte de instrucción: Reinaldo Rodríguez, de Santa Fe; Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros, de Rosario; Aurelio Cuello Murúa, de Venado Tuerto; y Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás (Buenos Aires) que, si bien es de Buenos Aires, integra la Cámara Federal rosarina.
Los cinco serán designados para audiencias de distintos casos judiciales que surgirán en las distintas localidades de la provincia, por lo que será primordial la utilización de la videoconferencia para impartir justicia. De todas maneras, y tal como ocurría con el sistema anterior, los magistrados serán quienes autoricen, o no, allanamientos o escuchas telefónicas, como también planteos de incompetencias jurisdiccionales.
Por su parte, los jueces de sentencia, que actualmente se desempeñan en los tribunales orales, dos en Santa Fe y nueve en Rosario, continuarán con su rol de juicio en el nuevo sistema acusatorio.
De igual manera, tienen la posibilidad de ofrecerse para integrar el Colegio de Jueces de Garantías de manera subrogante. No obstante, cada juez convivirá con el viejo sistema ya que las causas que tramitaron hasta el final seguirán abiertas.
En la jurisdicción de Rosario, por ejemplo, quedan en trámite un total de 5000 causas federales, mientras que en Santa Fe quedará otro remanente ya que en el Tribunal Oral hay 670 expedientes sin resolución y alrededor de 800 entre los dos juzgados penales que tiene la capital provincial.
Lo mismo ocurrirá con las sedes de Rafaela, Venado Tuerto y San Nicolás. “Van a convivir los dos sistemas, todos los jueces serán del sistema acusatorio o del residual”, explicó una fuente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al portal Aire de Santa Fe.
Por último, las causas que deban ser revisadas por un tribunal superior, en la etapa previa al juicio, tendrán como destino la Cámara Federal de Rosario que cuenta con cuatro jueces y que además son “multifuero”, ya que intervienen en expedientes civiles.