El gobierno busca simplificar la tenencia: ya no hay que demostrar idoneidad para renovar la credencial. Hablamos con Joel Theytaz, ex funcionario provincial del área de prevención de la violencia armada.

El 16 de mayo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich envió al Congreso un proyecto de ley para regularizar la tenencia de armas. “En Argentina hay más de 800 mil armas de fuego con tenencia irregular; este gobierno tiene la convicción de facilitar el acceso legal y legítimo a armas de fuego”, señalaba el comunicado con el que acompañó la presentación.

El proyecto comprende dos aristas. Por un lado, la simplificación del proceso de regularización de la tenencia, implementando “trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares”; por otro, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años más. 

Además, en la misma comunicación, el gobierno informaba que desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) se seguiría trabajando en la eliminación de los “procedimientos innecesarios y costosos para facilitar la legítima tenencia”. Esto se efectivizó con la Resolución 67/2024, que estableció que los legítimos usuarios “podrán renovar su credencial de legítimos usuarios individuales sin necesidad de presentación del certificado de idoneidad en el manejo de armas de fuego cuando su requisitoria haya sido realizada dentro de los noventa días anteriores a su expiración”.

Pausa dialogó con Joel Theytaz, ex subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, que aportó sus consideraciones sobre estas iniciativas y señaló sus críticas al paradigma de liberalización en materia de armas que de a poco intenta impulsar el gobierno nacional, de la mano de Patricia “el que quiere andar armado, que ande armado” Bullrich.

—¿Qué consideraciones tenés acerca del proyecto de Bullrich?

—El no reempadronamiento de los legítimos usuarios es un problema. El gobierno hace bien el diagnóstico, el tema es cómo lo quiere resolver. Creo que es una muestra más de que lo que no hicimos cuando había que hacerlo, lo hacen ellos y mal. El gobierno pretende resolverlo simplificando los trámites; lo que nosotros proponíamos era agilizarlos.

—¿Qué diferencia habría entre agilizar y simplificar?

—Agilizarlo es resolverlo más rápido: que no demore tanto, que no sea engorroso para el usuario. El gobierno quiere simplificarlo. Con la Resolución 67/2024 sacan el requisito de la idoneidad: si vos vas a renovar el registro dentro de los 90 días previos a que se te venza, no hace falta que presentes el certificado de idoneidad. Está mal eso. El certificado de idoneidad implica que un instructor de tiro vea las condiciones en las que está el aspirante, si sabe usar un arma, si está en condiciones psicofísicas. Hay un doble control con el psicólogo y el instructor de tiro. Sacarlo es un problema. El plan de reempadramiento es necesario: tres de cada cuatro legítimos usuarios tienen la credencial vencida. Efectivamente hay un problema, lo que está mal es cómo lo resuelvan estos tipos.

—¿Y esa simplificación abarca solo a las renovaciones o también a las personas nuevas?

—El proyecto de ley de Bullrich es para quienes tienen la credencial vencida. La resolución que sacó ANMaC es para todo aquel que la tiene regularizada y la quiere renovar. La Ley Nacional de Armas fue sancionada en 1973, pero normativamente sirve: lo que falla son los controles. Y esto es porque los gobiernos nacionales no le dan bola, sobre todo en cuanto a presupuesto. Hay pocas delegaciones, con poca gente para hacer controles, los controles son esporádicos y no hay articulación entre el gobierno nacional y los provinciales o locales.

—En el proyecto también figura la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria. ¿No hay una contradicción entre prorrogar eso y favorecer la regularización de armas irregulares?

—Lo que plantea el gobierno nacional tiene dos vías. Si vos no querés tener el arma, la entregás voluntariamente a cambio de un incentivo mínimo. Y, por otro lado, podés regularizar tu situación, simplificando los pasos. Tras que no hay un buen control, lo están reduciendo mucho más, en este marco de liberalismo, de “cuanto menos Estado mejor”.

—Y en términos de experiencias internacionales, ¿este paradigma ha demostrado algún resultado?

—No, para nada. El ejemplo más palpable es el de Estados Unidos. La normativa para el acceso a armas de fuego es muy laxa y tienen los problemas que ya conocemos todos. Las armas del fuego son un problema, tener un arma en tu casa no te va a brindar más seguridad. Primero, porque si entran a tu casa lo primero que van a buscar es plata y armas de fuego. Segundo, porque si no tenés la idoneidad para el uso de armas lo más probable es que te termines pegando un tiro vos o matando a alguien. Y después está la cuestión simbólica: la relación de pareja no es lo mismo si hay un arma en la casa que si no la hay, la relación con los hijos no es la misma, las crisis subjetivas no son lo mismo. Nunca es bueno tener un arma en la casa.

—Hace poco leía en una nota en Página 12 que las personas que más acudían a las entregas voluntarias eran mujeres víctimas de violencia de género, o madres preocupadas por sus hijos, o tipos a los que los convencieron para entregarlas.

—Claro. Eso sí, un delincuente que tiene un arma no registrada no va a ir a registrarla por esta ley. Es alarmante, pero no tanto, no va a haber un blanqueo. El proyecto sí plantea una especie de amnistía, pero para quienes fueron legítimos usuarios y están en una situación irregular, no para todos.

—¿Y en qué consiste la amnistía?

—Si vos hace 10 años estás en una situación irregular sos pasible de denuncia y de que te retengan el arma. Ahora en esa situación te dan la posibilidad de ponerte a derecho. No es una amnistía para la población en general, es solo para quienes tienen la credencial vencida.

—¿Y de dónde sale la cifra esta que dice el gobierno de más de 800.000 armas con tenencia irregular?

—Nadie sabe cuántas armas hay andando vuelta. Ese número lo sacaron en función de cuántos legítimos usuarios hubo, cuántos tienen la credencial vencida y cuántas armas registradas hay. Después hay cálculos a nivel internacional que dicen que por cada arma registrada hay tres ilegales, o cinco, los más pesimistas. Lo bueno del programa de entrega voluntaria es que saca muchas armas irregulares de circulación, que si no se filtrarían a los circuitos ilegales. Todo este proyecto estaría bueno si viniera acompañado de mayores controles sobre los legítimos usuarios, sobre las armerías legales, sobre las armas registradas; un control permanente sobre el mercado legal. Porque las armas siempre nacen legales, y en algún momento se te cuelan a los circuitos ilegales. Ese espacio por el que se te cuelan es por falta de control del Estado.

—Y si las estimaciones hablan de una legal por cada tres ilegales, son más las que se cuelan que las que no. 

—Sí, las armas que están circulando ilegales se van filtrando. A veces con buena voluntad, pero sin los papeles.

—Y después están las que se filtran de la Policía, ¿no?

—Sí, también. Nosotros cuando llegamos se perdía un arma policial cada cuatro días. Cuando nos fuimos era una cada once días. Tuvimos que ponernos encima, recorríamos toda la provincia, todas las armerías, hacíamos los controles. Se te van a colar igual, porque en nuestra oficina éramos tres personas, pero si intensificás los controles reducís considerablemente las filtraciones. Lo mismo con las municiones. En 2018 se habían comprado un millón de municiones y para febrero de 2020 quedaban 108.000. Eran algo de 1100 disparos por día: era mucho. Entonces hicimos una burocratización de la asignación de municiones: si venías a pedir municiones tenías que traer tres firmas y la justificación de en qué habías gastado las que tenías. Además, les agregamos el marcaje para tener una trazabilidad más concreta. El sistema funciona bien, lo que falla son los controles.

—Esta idea de que faltan controles va en contra de este otro paradigma que dice que sobran controles. ¿Tiene algún asidero esa idea de que liberalizar todo va a redundar en más seguridad para los ciudadanos?

—No, al contrario, va a promover que se filtren más armas y municiones. Si siguen avanzando en ese sentido, va a terminar siendo un problema. Que cada ciudadano ande armado termina siendo un problema grave. Imaginate que hay armas circulando previas a una ley que se sancionó en 1973: sería liberalizar de vuelta algo que se está intentando contener.