El niño de 5 años desapareció hace ya una semana en la localidad de 9 de julio. Dialogamos con Nicolás del Mastro, de la Fundación Alameda, que cuestionó que no se incorpore la hipótesis de un posible caso de trata de personas.

La Fundación Alameda realizó una presentación judicial ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) pidiendo que la búsqueda de Loan, el niño desaparecido hace ya una semana en Corrientes, pase de la justicia ordinaria al fuero federal, específicamente al Juzgado Federal de Goya.

Loan desapareció el pasado 13 de junio en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de julio; fue visto por última vez cuando salió a buscar naranjas junto a su tío y dos personas más. Trabajan en su búsqueda más de 800 rescatistas, bomberos, policías y soldados. Los tres adultos que lo acompañaban -Bernardino Benítez, Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi- permanecen detenidos.

Mientras los días transcurren, las versiones se multiplican: el dueño de una parrilla en Entre Ríos aseguró haberlo visto allí el día de su desaparición, y el intendente de 9 de julio Hugo Ynsaurralde relacionó el hecho con el narcotráfico. Desde Alameda, ONG que se dedica hace más de 20 años a luchar contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico, aseguran que la investigación no está siendo llevada adecuadamente, y exigen su traspaso al fuero federal.

Pausa dialogó con Nicolás del Mastro, representante de la fundación, que afirmó que la Justicia correntina "no está respetando los protocolos ni la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que se deben establecer estándares de delitos más graves, complejos o de crimen organizado y una pluralidad de hipótesis en la investigación".

—Se está abordando o encarando la investigación de manera unidireccional, como extravío o búsqueda de paradero, sin la gravedad que implicaría un posible caso de trata o de compra-venta del niño o niña de corta edad.

—¿Cómo califican el accionar de la Justicia hasta el momento?

—La intervención de la Justicia ordinaria en estos casos se encuentra limitada por los entramados locales que naturalizan los circuitos y por el carácter estructural de híper vulnerabilidad que atraviesan los niños. Vemos mucha precariedad en la intervención, y una Justicia que no hace uso de otras instituciones estatales para la investigación: por ejemplo, la CNRT,  la Dirección Nacional de Migraciones o las cuatro fuerzas federales de seguridad. Entonces se recurre a elementos acotados. El plazo que tardaron las pericias nos recuerda a casos como el de Guadalupe en San Luis, donde se tardó ocho meses en el traspaso de la investigación de la Justicia ordinaria a la federal. Por otro lado, Corrientes es una provincia limítrofe, con altos indicadores de precariedad laboral y vulnerabilidad social y una dificultad institucional que hemos vivido en carne propia: cuando estuvimos a cargo del Comité de Lucha Contra la Trata fue la única provincia donde no pudimos articular con el gobierno. Todos estos elementos nos hacen inferir que la intervención de la Justicia es imprudente y negligente.

—¿Existen elementos para presumir la hipótesis de la trata de personas?

—Sí, hay muchos elementos que hacen inferir la posibilidad de que no estemos hablando de un simple extravío: relatos inconsistentes y contradictorios en los vínculos familiares -lo que reclama la madre es distinto de lo que reclama el padre y de lo que ahora manifiesta la abuela-; representación en la querella de diferentes abogados; silencio y omisión de los últimos adultos que tuvieron contacto con el niño. Todos esos elementos hacen presumir la necesidad de poder indagar con más herramientas, y muestran que hay un entramado de violencia y de naturalización que tiene que ver con circuitos de explotación laboral, en los que los grupos familiares hacen partícipes a los niños de las jornadas laborales vinculadas a la cosecha de los cítricos.

—¿Y qué ventajas conllevaría que la causa pase al fuero federal?

—Bueno, trabajar con la Fiscalía Federal de Goya nos permitiría dotar de más herramientas a las fuerzas federales de seguridad, trabajar con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) e Interpol e íntegramente con la Alerta Sofía, y abordar el esquema de trata o explotación. En Argentina no está tipificada la figura de compra-venta de niño o niña de corta edad, incumpliendo así una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2012, pero es un elemento que se puede suplir con otras figuras de delitos conexos. Esto nos permitiría subir en la escala de mayor niveles de responsabilidad, no solamente con los autores inmediatos y desentrañar un esquema económico transnacional en forma de red para avanzar mucho más en la investigación. Argentina tiene 19 mil personas en búsqueda, y cuando el proceso se ameseta hay que cambiar el criterio de búsqueda: no buscar un cadáver, sino una persona con vida.