La inexplicable decisión de la ministra Pettovello de acopiar alimentos en lugar de repartirlos derivó en la decisión de tercerizar la asistencia social. Fundación Conin al gobierno, Sturzenegger al poder.
Cuando la crisis política por las demoras en la entrega de seis mil toneladas de alimentos empezó a golpear con fuerza al gobierno de Javier Milei, apareció el economista Federico Sturzenegger con una idea que bien podría resumirse como la privatización o tercerización de la asistencia social.
Empujado por las fuertes críticas que recibió la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, el presidente Milei volvió a acudir a Sturzenegger, esta vez para que diseñe un nuevo sistema de compras de alimentos, así como antes había redactado el DNU 70/23 y el texto original de la Ley Bases.
El contexto: según datos del Indec, la pobreza fue del 41,7% al cierre del segundo semestre de 2023 y la indigencia llegó al 11,9%. Entre niños, niñas y adolescentes, la situación es más delicada: el 58,4% de las personas de entre 0 y 14 años es pobre, mientras que el 18,9% es indigente. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina calculó que, al cierre del primer trimestre de 2024, el 55,5% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza mientras que el 17,5% es indigente.
El nuevo mecanismo apunta a reemplazar la gestión de ayuda alimentaria para situaciones de emergencia, que según el economista ultra liberal es “ineficiente y cara”.
El principal cambio consiste en la puesta en marcha de un sistema alternativo en el que ya no se compran los alimentos, sino que se hace una “opción de compra” de esos bienes.
“El sector privado cobra por proveer ese seguro y, a cambio, se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera”, explicó Sturzenegger. En otras palabras, “el gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”. Timba alimentaria.
Siempre de acuerdo a la explicación del asesor estrella del gobierno de Milei, el sector privado “usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock. Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”.
Para justificar el nuevo sistema, el economista apeló a una metáfora de índole doméstica, fiel al estilo neoliberal: “Que el Estado maneje el stock (de alimentos) es como si una persona, en vez de comprar un seguro para su auto, decidiera tener en su casa los repuestos, por si tiene un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando los necesito”.
El mecanismo diseñado por la gestión de Milei implica el retiro del Estado de una función esencial –asegurar la provisión de alimentos para los más necesitados– y le abre la puerta al sector privado para intervenir en esas políticas. Quedará expuesto, llegado el momento, si los privados pueden satisfacer esas demandas con eficacia, como pregona el presidente. Ya está a la vista que no ocurrió así con la obra pública y no hay motivos para pensar que será distinto con la comida.
La crueldad como bandera
El hallazgo de comida acopiada y a punto de vencer generó una crisis en el gobierno que la ministra Pettovello trató de aplacar con el despido del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, a quien culparon por las demoras en la entrega de los alimentos.
No repartir comida en un contexto de pobreza creciente, inflación sin techo y caída de la economía, es una decisión política que da cuenta de la catadura moral de la gestión libertaria. No es novedad para un gobierno que hace de la crueldad una bandera y un método de construcción política.
En medio de la polémica, Milei se despachó con una de sus habituales diatribas cuando lo consultaron, durante una charla en Estados Unidos, por las personas que pasan hambre: “Se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir. Va a llegar un momento en el que la gente se va a morir de hambre y van a decidir alguna manera de no morirse”.
“No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad de un consumo, porque a la postre alguien la va a resolver”, apuntó el presidente. No hubo repregunta, aunque para los más memoriosos no pasó inadvertido el recuerdo de los saqueos de 1989 y 2001.
Las críticas contra la ministra Pettovello provocaron una reacción –bastante tardía– del gobierno. Recién el martes 4 de junio, el Ministerio de Capital Humano puso en marcha el operativo de distribución de alimentos que se encontraban acopiados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.
Para ello, el gobierno nacional firmó un convenio con la Fundación Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil), que dirige el médico antiderechos Abel Albino, para que, a través de sus 64 centros de distribución, comedores y merenderos, facilite la entrega de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales más vulnerables.
Esta primera entrega de la mercadería por parte del gobierno de Milei demandará dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. La Casa Rosada sumó al operativo al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa, “para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios”, según indicaron el lunes 3 de junio.
La tarea de la Fundación Conin será certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores.
Los que ponen el cuerpo
La demonización de las organizaciones sociales no es un fenómeno nuevo. Había ocurrido lo mismo en el gobierno de Mauricio Macri y ahora se repite con Milei, como una forma de ocultar el desinterés y la crueldad de las políticas oficiales.
Cuando estalló el escándalo de los alimentos, rápidamente la Casa Rosada buscó culpar a las organizaciones sociales, aunque la posterior salida de Pablo De la Torre del gabinete de Pettovello indica otra cosa.
Son precisamente las organizaciones sociales las que contienen a los sectores más vulnerables y ponen el cuerpo en los barrios pobres de todo el país para asistir a aquellos que ni siquiera tienen para comer.
La denuncia que puso en jaque a Pettovello provino, justamente, de la organización que lidera Juan Grabois. “Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello. Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos... ¡hay hambre y no están entregando alimentos!”, acusó el dirigente de Patria Grande.
“Insensibilidad y crisis moral”
A la par de la causa judicial, el debate político escaló a partir de un pedido de informes presentado por la diputada nacional de la UCR Carla Carrizo para que la ministra de Capital Humano rinda cuentas sobre la retención de alimentos con fechas próximas de vencimiento que debían distribuirse en comederos comunitarios.
La legisladora le atribuyó al gobierno “insensibilidad, falta de experiencia y una profunda crisis moral en la gestión de los recursos de los más vulnerables”.
Además, pidió que la respuesta de la Casa Rosada no se limite a la desvinculación de Pablo De la Torre, sino que sea más profunda y vaya al hueso del problema. “Seis mil toneladas de alimentos guardados y 42% de pobreza son incompatibles en democracia. No puede el silencio institucional ni la desafectación de Pablo de la Torre ser la única respuesta”, aseguró Carrizo.
“Mientras miles de kilos de alimentos están almacenados, muchas personas pasan hambre y son sometidas a extorsiones por parte de aquellos que deberían estar protegiéndolos”, agregó la legisladora, invirtiendo la lógica del gobierno que trata de extorsionadores a los dirigentes sociales que trabajan en los barrios.
En este sentido, Carrizo pidió que “Pettovello informe cuál es la política de su Ministerio para atender la emergencia alimentaria” y opinó que “la gravedad de la situación es tan evidente como incompresible”.
“Es imperativo que el Ministerio de Capital Humano brinde respuestas claras y precisas, garantizando la transparencia en la gestión de los alimentos retenidos y asegurando su distribución inmediata y justa a los comedores comunitarios”, finalizó la diputada.
Sos libre de morirte de hambre
En mayo de 2022, Javier Milei y Juan Grabois participaron de un debate organizado por Perfil en el cual el actual presidente planteó el “derecho a morir de hambre”, en una confusa defensa de las libertades individuales.
En el tramo central de ese debate, Grabois le dijo al entonces diputado nacional: “Si tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas o 14 horas o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad”.
Milei se atajó y descerrajó una respuesta brutal que, a la luz de la historia posterior, podría leerse como un preludio de su gobierno: “¿Cómo que no? También podés elegir morirte de hambre”.
