El principal acusado en el juicio que investiga el intento de atentado a Cristina Kirchner dijo que actuó para "pagar el precio de lo que otros no hicieron". La declaración completa, en la nota.

Fernando Sabag Montiel, el hombre que disparó en 2021 contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, aseguró esta semana en el juicio oral que se sigue por el intento de magnicidio que quería matarla por una cuestión de “interés público” y remarcó: “Yo soy el resultado o factor de muchas fallas de la Justicia”.

“Estoy acá porque una parte de la Justicia no funciona, me cargué una mochila, traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron”, sostuvo el imputado al declarar en el debate oral que comenzó en la mañana del miércoles en los tribunales de Retiro.

Acerca de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, argumentó que “Cristina Fernández de Kirchner es corrupta, roba, hace daño a la sociedad, y la mayoría siente lo mismo que yo” y en todo momento hizo hincapié en que se trató de algo “personal” y nadie le pidió hacerlo.

“Le apunté a la cara, gatillé una vez, no dos. No le volví a dar recámara al arma porque fui interceptado, no tuve momento de salida, de escape”.

Fernando Sabag Montiel

“Se me tildó de sicario, de psicópata, se me relacionó con Revolución Federal, que no conozco, o se dijo que recibí dinero, pero es un acto de justicia, no traté de favorecerme económicamente. Tiene una connotación ética y más comprometida con el bien social que otra cosa”,  aseguró Sabag Montiel.

Según el acusado, la única que sabía lo que iba a hacer era su entonces novia, Brenda Uliarte, también juzgada en este debate, con quien -sostuvo- “nunca” compartió aficiones políticas ya que él se considera “apolítico”.

“Las bases por las que cometí el atentado no es por estar en las antípodas del kirchnerismo, los fines tienen un tinte personal más que un fin que pueda beneficiar a un sector político”, consideró y agregó que el fin de matar a la expresidenta era por “una cuestión de incomodidad con lo establecido”.

En otro tramo de su declaración, Sabag Montiel dijo que la exmandataria era “ladrona, asesina, llevó a la Argentina a la inflación” y que el motivo para matarla también fue que se sintió “humillado por pasar de tener un buen pasar económico a ser un vendedor de copitos” (de nieve).

Acerca de la participación de la joven en el hecho, dijo que ella “escuchaba” sus ideas y adónde quería llegar. “Ella no estaba tan segura de lo que podía hacer, lo tomó como un juego de niños, no como algo serio y si bien eso la complicaba, no hubo un freno: ´no hagamos esto, podemos ir presos nos vamos a complicar la vida`. Ella no midió las consecuencias”, señaló a los jueces.

Consultado por la fiscal Gabriela Baigún sobre en qué consistía el atentado, respondió que “matar a Cristina”.

“Yo la quería matar y ella quería que muriera”, dijo de forma enfática sobre su postura y la de Brenda y restó importancia a los chats que constan en la causa donde la joven señala que preferiría ser ella la que cometiera el hecho. “Yo nunca la dejé que lo hiciera. Ella quería ser más una espectadora que una partícipe”, subrayó.

Luego se refirió al momento exacto del atentado contra Fernández de Kirchner y relató: “Le apunté a la cara, gatillé una vez, no dos. No le volví a dar recámara al arma porque fui interceptado, no tuve momento de salida, de escape”.

“La distancia fue prudencial para poder llegar, serán 30 centímetros”, estimó en referencia al lugar desde donde disparó, mezclado entre los militantes que esa noche se congregaban frente a la casa de Cristina días después de que pidieran 12 años de prisión en su contra en la causa conocida como Vialidad.

“No sabía disparar, el arma la usé una vez sola porque temía que Herrera (quien le había vendido la pistola) me estafara. No tuvo un uso, tiene 22 años, tiene un desgaste por el tiempo que él la tuvo en su poder”, agregó.

Consultado sobre el otro imputado, Nicolás Carrizo, dijo que tuvieron una “relación laboral” y  que no tuvo vinculación con el atentado sino que “se autoincriminó” en el hecho.

“Tanto Carrizo como su exmujer son cobradores de planes sociales, creo que Progresar Trabajo. El tampoco tenía una afición contraria al kirchnerismo”, sostuvo Sabag Montiel y dijo que, al igual que Brenda Uliarte, “recibió dinero para inculparse de la señora Fernández de Kirchner”.

Ya promediando las dos horas y media de declaración, el principal acusado dijo que no conocía al exdiputado del PRO Gerardo Milman, a quien se investigó porque presuntamente conocía de antemano que se iba a producir el atentado según declaró un testigo en la causa.

Tras su declaración, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, cuando se espera que empiecen a desfilar los primeros testigos.

La fiscalía intentará probar que hubo violencia de género

Previo a la declaración de Sabag Montiel, en el arranque de la jornada, la fiscal federal Gabriela Baigún adelantó este miércoles que intentará probar que existió el agravante de violencia de género en su forma de violencia política cuando se intentó asesinar a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022 en la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta.

El Tribunal Oral Federal (TOF) Número 6 dio inicio este miércoles al juicio oral y público a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados por el intento de magnicidio.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el debate comenzó pasadas las 10.30 en la sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Py y está a cargo de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.

“El fiscal (Carlos) Rívolo terminó desistiendo de la acusación de tentativa de homicidio agravado por violencia de género en su forma de violencia política (en la etapa de instrucción). Anticipo a las partes, a fin de evitar planteos nulificantes, que voy a sostener este agravante e intentar acreditarlo”, explicó Baigún cuando se terminaron de leer los requerimientos de elevación a juicio y se declaró abierto el debate.

Baigún sostuvo que “la tentativa de dar muerte a quien resultaba ser la vicepresidente de la Nación y las razones por las que querían dar muerte es la forma de impedirle seguir ejerciendo su cargo en la vida pública” y agregó que solicitó a la división específica del Ministerio Público Fiscal que participe en el juicio.

Detalló además que el año pasado visitó el país un comité de expertas para determinar si en la Argentina se cumplía con la Convención de Belem do Pará, tratado interamericano al que el país adhirió en 1994 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y que recomendó que este caso se aborde desde esa perspectiva.

En ese sentido, pidió al tribunal que cite a declarar a una de las expertas.

Esto originó un cruce con la defensora oficial de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, quien sostuvo que si la fiscalía estaba ampliando la acusación, el debate debía ser suspendido para que la defensa se preparara.

Por su parte, el abogado de Uliarte, Alejandro Cipolla, pidió la suspensión del debate pero con el argumento de que nunca pudo “tener privacidad” con su defendida en el penal porque era grabado por el Servicio Penitenciario Federal cada vez que concurría, algo en lo que coincidió Puleio.

Namer, presidenta del tribunal, rechazó el planteo de Puleio al considerar que la fiscalía “está adelantando lo que puede ser un eventual cambio de calificación” y no ampliando la acusación y respecto de la incorporación de nueva prueba entendió que “no necesariamente esto priva a la defensa de ejercer su derecho”.

Sobre lo planteado por Cipolla, entendió que se trata de un desacuerdo sobre las condiciones de detención de su asistida y también rechazó su solicitud.

Otro planteo fue realizado por Gastón Marano, defensor de Carrizo, quien solicitó que se realice un juicio por jurados teniendo en cuenta la “grieta” por la que estaba atravesado el caso pero la solicitud fue rechazada por ser extemporánea.

Acerca de la llamada “grieta”, Namer dijo que “esta característica se da en varios juicios que se desarrollan en este edificio” y eso no impide que los jueces cumplan con su trabajo.

A su turno, Marcos Aldazábal, representante de la querella de Cristina Kirchner, sostuvo que el pedido de juicio por jurados “es improcedente porque no está previsto en el fuero federal” y remarcó que la palabra “grieta” no estaba incluida ni una sola vez en su requerimiento de elevación a juicio.

Al comenzar el juicio, cuando se permitió el ingreso de fotógrafos y camarógrafos a la audiencia, Sabag Montiel, de jeans y campera roja, posó con un cuaderno que en una hoja decía “Me tienen secuestrado”.

Para comenzar, Namer dio las indicaciones de rutina a los acusados: que pueden pedir la palabra en cualquier momento del juicio o seguirlo desde la antesala del tribunal y que debían estar atentos a la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que poco después inició el secretario del TOF 6.

La única novedad fue que la fiscal Gabriela Baigún informó que un grupo de tres auxiliares fiscales se sumarán a su equipo de trabajo para el debate.

Al dar comienzo a la audiencia, Sabag Montiel estaba acompañado de los defensores oficiales María Fernanda López Puleio y Nicolás Ossola, Uliarte del abogado particular Alejandro Cipolla y Carrizo de Gastón Marano, en tanto que también estaban presentes los representantes de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.

La expresidenta no estuvo en la primera audiencia, pero Ubeira -en diálogo con la prensa antes del inicio- adelantó que “va a declarar seguramente después de la feria” judicial de invierno.

Sobre sus expectativas acerca del juicio oral, Ubeira comentó que intentaron que se hiciera lo más rápido posible porque los imputados “son personas jóvenes, sin antecedentes y están en un estado de detención riguroso porque no comparten población carcelaria”.

“Hay que decidir cuáles son la responsabilidades de ellos lo más rápido posible y de forma clara en un juicio oral”, sostuvo el letrado, quien destacó que “tenemos un juicio contra la persona que tuvo la responsabilidad que se vio en televisión, o sea, el atacante, y los que lo rodeaban pero todavía tenemos en una nebulosa que es lo qué lo motivó y quién lo financió”.

“Por otro lado, lamentamos que la mitad de este proceso haya quedado abajo, que es la investigación de (Gerardo) Millman y las dos mujeres que lo acompañaban”, agregó en referencia a la sospecha de que el exdiputado conocía de antemano que el intento de magnicidio se iba a producir y se lo comentó a sus asesoras en un bar cercano al Congreso.

En este juicio se prevé que declaren unos 277 testigos, en función de los pedidos que realizaron las partes, por lo que se estima que se extenderá por varios meses.

El intento de magnicidio

El hecho ocurrió cuando la expresidenta volvía a su domicilio y los tres imputados están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego”.

Los principales testigos son los policías de la custodia que estuvieron aquella noche; los militantes que presenciaron lo que pasó y persiguieron a Sabag Montiel; los peritos del arma que utilizó el joven en el ataque y los especialistas que se encargaron de extraer la información de los teléfonos de los acusados e hicieron los informes que constan en la causa.

Por ahora, las audiencias serán todos los miércoles, aunque no se descarta que una vez pasada la etapa de lectura de requerimientos e indagatorias, se sumen más días de la semana para tomar las declaraciones testimoniales.

Los argumentos del fiscal

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Rívolo le imputó a Sabag Montiel “haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”.

“Dicha conducta tuvo lugar el 1° de septiembre de 2022, a las 21:00 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente frente al catastro 1409 de la calle Juncal, cuando la víctima se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado, aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia su rostro y, a corta distancia, accionó, en al menos una ocasión, la cola del disparador de una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos. Para ello, contó con el aporte de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el acuerdo, cooperación, apoyo moral y logístico para su realización”, describió en el documento.

“Asimismo, se le imputa haber portado, en las condiciones y circunstancias antes descriptas, el arma de fuego antes mencionada sin contar con la debida autorización legal, la cual receptó previamente con la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura, a sabiendas de ello”, agregó.

Los acusados

En este proceso, el Tribunal 6 no analizará la implicación en el intento de asesinato que pudo haber tenido el grupo Revolución Federal, que desde las redes sociales arengaba ataques contra Cristina Fernández y funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández.

Los acusados supieron tener presencia en varias de las manifestaciones y escraches que protagonizó esta agrupación durante el 2022.

Caputo Hermanos, la empresa de la familia del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le pagó al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, un millón de pesos para la fabricación de muebles, pese a que este sujeto había aprendido carpintería siguiendo tutoriales que se emitían por la plataforma Youtube.

La querella de la exmandataria aportó información en relación a los desembolsos que recibía el grupo, que montaba actividades violentas en las calles.

Estos pagos se cortaron a fines de agosto de 2022, horas antes del intento de magnicidio.

En una conversación registrada en su teléfono, Sabag Montiel describió cómo haría para matar a Cristina Fernández, y lo que contó coincide con la forma en la cual se desarrollaron los hechos.

Para Montiel, había que infiltrarse entre los manifestantes que por esos días se congregaban en respaldo a la expresidenta, quien había recibido un pedido de 12 años de prisión en el juicio de la causa “Vialidad”.

Proponía actuar ante el descuido y actuar, para que, de esta forma, la entonces titular del Senado pasara a la historia.

Varios de los integrantes de Revolución Federal se instalaron en los días previos al atentado en el departamento de arriba de Cristina Kirchner.

Desde allí sacaron fotos, observaron movimientos, en actividades que fueron facilitadas por una vecina que, sin conocerlos, los contrató para que le hicieran trabajos de mantenimiento y refacción en su vivienda.

Unos días después, se produjo el atentado contra la vicepresidenta y la convicción de la querella era que estas personas realizaban tareas de inteligencia con la finalidad de preparar el ataque.

Sin embargo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti que tuvo a cargo la instrucción de esta causa no profundizó en las vinculaciones que los integrantes de Revolución Federal pudieron tener con el intento de asesinato, y envió la causa a juicio oral para que se analice las responsabilidades de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.

Otro de los aspectos del caso que no se profundizaron en la instrucción de Capuchetti fue el de la posible vinculación con el hecho que pudo haber tenido Milman.

Un asesor de otro legislador asegura haber escuchado a Milman mantener una conversación con otras dos asesoras en una confitería cercana al Congreso, en la cual el legislador soltó una intrigante frase: “Cuando la maten, voy a estar en la costa”. 

El teléfono de Milman y los de sus asesoras fueron borrados en oficinas de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Milman incluso le entregó a la jueza Capuchetti un teléfono que ni siquiera se vendía en la Argentina cuando ocurrió el ataque.

Esta nota fue originalmente publicada en el portal "Somos Telam", que sostienen las y los trabajadores de la ex agencia pública de noticias, despedidos por la gestión Milei.