Hablamos con el politólogo y analista de Fundar Joan Vezzato sobre las reformas laborales, el impacto del DNU, la Ley Bases y la desregulación, la caída de los ingresos y la creciente preocupación sobre el desempleo.

Javier Milei atravesó medio año de gestión en el que pudo delinear y presentar su proyecto de gobierno en relación al mundo del trabajo, cuyos efectos directos e indirectos comenzaron a evidenciarse. Por un lado, la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 –contenida por la Justicia– y la aprobación del capítulo laboral en la Ley Bases; y por otro lado, la gran pérdida de puestos laborales en el sector privado, el deterioro de los ingresos y la creciente preocupación por la desocupación, a pesar de una aparente desaceleración de la inflación.

Joan Manuel Vezzato es politólogo por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Sociología Económica por la IDAES/UNSAM, además de docente en la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Nacional de La Matanza.

Actualmente, integra como analista el área de Trabajo e ingresos de Fundar, una organización centrada en la investigación y el diseño de políticas públicas para el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. En dicha área producen análisis y propuestas de política pública para impulsar el crecimiento inclusivo a partir de las formas de determinación del ingreso y las regulaciones laborales.

De este modo, dialogamos con Joan Vezzato para conocer no solamente el trabajo que vienen realizando desde Fundar, sino también cuáles son las perspectivas sobre la actualidad y de qué modo las condiciones actuales se contrastan con los estudios, los análisis y las propuestas que realizan desde el área.

—Algunos meses atrás, desde Fundar elaboraron un informe sobre reformas laborales inclusivas en América y Europa. Ese informe fue publicado luego del DNU de Milei y previo al avance de la Ley Bases en el Congreso. ¿Cómo observás las reformas y los cambios que plantea el Gobierno nacional en materia laboral?

—Bueno, lo primero que podemos decir de la reforma laboral aprobada de la Ley Bases es que efectivamente avanza en un camino de desregulación y desprotección de las relaciones laborales. En ese sentido, quizás el máximo exponente de esto es la legalización del empleo informal a través de la figura del “colaborador” en microempresas, en empresas de hasta tres trabajadores, donde se autoriza una relación laboral como figura encubierta en una figura de trabajador autónomo.

En ese sentido, lo que podemos señalar es que tanto esta medida como la ampliación del pedido de prueba, la eliminación de las multas por informalidad y demás ítems incluidos en esta reforma van en camino contrario a lo que nosotros analizábamos en el documento de reformas laborales inclusivas en América Latina y Europa, que contrariamente tendían a fortalecer, por un lado, la negociación colectiva, y por otro lado, fortalecer y consagrar nuevos derechos en materia laboral.

Obviamente, se puede agregar que las ambiciones iniciales del Gobierno fueron de mayor a menor, y es cierto que esta reforma sancionada no tiene las características desregulatorias incluidas en el decreto de necesidad y urgencia en el Título IV. Pero, de todas maneras, no deja de perder ese carácter desregulatorio y de flexibilización del marco laboral.

—Dentro del informe plantean un atributo fundamental para analizar las reformas laborales que está relacionado al diálogo social. ¿Cómo ves esa instancia con las medidas actuales?

—Sin dudas, el diálogo social es un elemento central en las reformas que analizamos en América Latina y Europa, a las que caracterizamos como inclusivas por la serie de regulaciones y ampliación de derechos laborales que se dan, pero que todas efectivamente se caracterizan por darse en el marco de un diálogo social tripartito, con participación de los actores involucrados con el Estado articulando ese diálogo. Y claramente la reforma laboral incluida en la Ley Bases no abreva a esa tradición, sino que todo lo contrario: empezó de la manera más unilateral posible, que es en el marco del impulso a través del DNU 70 del año pasado, que derivó en distintas intervenciones en el marco del Poder Judicial, y que luego en curso de la negociación de la Ley Bases, se termina aprobando, pero efectivamente sin participación de las principales representaciones involucradas.

Incluso, no solamente sin participación, sino con una clara oposición de las centrales obreras en el marco de una conflictividad creciente que tuvo que ver, en parte, con este avance en términos regulatorios, normativos, contra el mundo del trabajo, pero también en el marco de una fuerte erosión de los salarios a partir de la devaluación de diciembre que también tensó la cuerda en ese sentido. La falta de diálogo social, que uno la encuentra en la reforma, también puede encontrar esa unilateralidad en el accionar en cuestiones vinculadas al mundo del trabajo, por ejemplo, en la implementación de los aumentos del salario mínimo, vital y móvil, que si bien deberían darse en el Consejo del Salario, terminaron definiéndose por decreto sin llegar a un acuerdo entre partes, cuestión que no pasaba hacía tiempo.

—Si bien no está planteado en el informe, ¿las reformas laborales suelen estar asociadas a momentos de crisis como el actual?

—Efectivamente, la cuestión de la crisis no es un elemento que le damos especial centralidad en el análisis que hacemos de las reformas laborales inclusivas. Pero sí uno puede señalar algunos elementos que tienen que ver con distintos escenarios en cada uno de los casos. Por ejemplo, en España nosotros lo que vemos es que buena parte de la reforma se implementa a partir de la pospandemia en el marco de un nuevo aumento de los contratos temporales.

Que en Argentina la discusión sobre las reformas se dé en el marco de una crisis económica como la que vivimos, quizás no sería tan problemático si se hubiese dado en el marco de una discusión abierta y franca, más allá de los términos y la orientación de esa reforma. El problema es que se da en el marco de una erosión sin precedente, en un tiempo muy corto, de los salarios. Una caída brutal de los salarios en diciembre y enero. Y bueno, y un aumento creciente de los despidos producto de la mala situación económica, ¿no? El parate de la actividad y la recesión que se produjo en el marco de lo que el Gobierno llamó el ajuste vía licuación y motosierra. En ese sentido, pareciera poco propicio.

—En el informe señalan que usualmente las reformas laborales inclusivas son realizadas por gobiernos de centroizquierda. ¿Por qué te parece que nuestro país no avanzó en este tipo de iniciativas?

—La verdad que es una pregunta bien interesante que quizás habría que orientarla a los decisores de política. Uno tiende a pensar que efectivamente hay como... Dentro de la centroizquierda y los distintos gobiernos populares, nacional-populares, hay como una especie de resquemor en torno a la idea de reforma laboral. Lógicamente, uno puede rastrear a qué se debe, y tiene que ver con que la historia de las reformas laborales recientes, o por lo menos cada vez que se esbozaron en ese marco, en ese gran paraguas que puede ser la idea de una reforma laboral, se dieron en términos regresivos o desregulatorios. Podemos señalar los 90, los 2000 antes de la crisis de convertibilidad. Y bueno, entonces en ese sentido hay una posición defensiva que impide el avance de una discusión más profunda.

Hay una necesidad de abrir ciertos debates. Hay ejemplos concretos, recientes y en diversos países con trayectorias distintas, como pueden ser desde España, que supo tener un mundo del trabajo con sindicatos fuertes, con regulaciones fuertes, hasta Chile o EEUU que tienen características bien disímiles. Nos parece importante recuperar esos ejemplos que se dan, como bien señalamos, en el marco de gobiernos de centroizquierda, y que implican adaptaciones de la regulación laboral a las transformaciones que también tuvo el mundo del trabajo y a las nuevas necesidades de los trabajadores y las trabajadoras.

—El año pasado escribiste sobre la evolución de la inflación y los salarios y sus diferentes impactos en distintos sectores. ¿Qué rasgos del proceso actual estás comenzando a observar con este proceso inflacionario y con un aparente debilitamiento de las paritarias?

—En relación a los ingresos de los distintos sectores populares, ya sean formales o informales, asalariados o no, es decir, en relación de dependencia o no, lo que uno tiende a pensar, si bien no hay todavía mucha información estadística para analizar lo que ocurrió en el mundo de la informalidad en estos primeros meses, lo que uno tiende a pensar es que eso que veíamos el año pasado en el marco de un gobierno que nosotros caracterizábamos como un gobierno popular o de centroizquierda, pero en un contexto de alta inflación, se intensificó.

¿Qué es lo que nosotros observábamos y que ahora uno tiende a pensar que se intensifica? Bueno, es la heterogeneidad en la posibilidad de la negociación y de la protección de esos ingresos. Si nosotros decíamos que, frente a la aceleración inflacionaria, los trabajadores que no tienen instancias de negociación como puede ser una paritaria, estaban más dificultados en actualizar sus ingresos que los que sí lo tienen. Poníamos el ejemplo o la metáfora de que si los precios subían por el ascensor y los ingresos de los trabajadores subían por escalera, había trabajadores que tenían mayor capacidad de adaptarse a eso y de correr más rápido por esa escalera, con mucha dificultad para alcanzar los precios, pero mucho mejor posicionados que otros segmentos, como podían ser los trabajadores de cuenta propia, los informales.

A eso se suman otras heterogeneidades en el presente que tienen que ver con que, si antes dentro de los trabajadores formales asalariados los del sector público quizás tenían un mayor acompañamiento desde el Estado, hoy se ve que los salarios del sector público sufrieron una caída todavía más abrupta de la que sufrieron los del sector privado, a lo que se le suma el aumento en los despidos. Después, dentro de los trabajadores del sector privado, uno ve mayores heterogeneidades. Ahí podemos señalar, por ejemplo, el caso de los trabajadores de la construcción, donde la combinación de despidos masivos con la aceleración inflacionaria de los últimos meses provocó un debilitamiento enorme en la posibilidad de la negociación colectiva que lleva a los salarios también a una caída abrupta que podría estar rondando los 20 puntos de noviembre hasta abril o mayo. En ese sentido, mayor heterogeneidad en esa negociación, mayores dificultades para preservar los ingresos.

En una primera instancia el Gobierno había asumido paritarias libres. Eso se dio en una primera etapa, en enero y febrero. A partir del cambio en las autoridades de la Secretaría de Trabajo da la sensación de que se está avanzando en una instancia de búsqueda de ciertas pautas en la negociación colectiva. En ese sentido, bueno, lo que significaría es que esa idea inicial del presidente de paritarias libres y autoregulación en el marco de la negociación de los actores, ahora se estaría pasando a una etapa de mayor intervención de las autoridades laborales en la cuestión de la negociación colectiva.

—Por último, algunas encuestas comienzan a indicar que crece la preocupación sobre la desocupación, frente a un virtual descenso de la inflación. ¿Considerás que ese es un escenario a futuro a prestar atención o que estamos ante una relativa estabilización?

—En relación al desempleo como eje cada vez más preponderante de la discusión del mundo del trabajo, sin duda uno tiende a pensar que eso va a ser así. Que la discusión en relación a la pérdida de poder adquisitivo contra la inflación va a ir quedando en un plano de mayor disputa con la cuestión del desempleo. Ésto se debe a que efectivamente están aumentando rápidamente, y sobre todo en sectores particulares, la pérdida de puestos de trabajo. Si uno analiza el escenario de todos los trabajadores registrados, uno lo que puede ver ahí es que hay una pérdida de asalariados tanto del sector público como del privado, que en cierto punto por ahí se compensa sin llegar a compensar la pérdida total, pero se compensa en buena medida por el aumento de trabajadores autónomos y monotributistas, pero esto da cuenta de una mayor inestabilidad laboral.

Es decir, si uno considera que el trabajo asalariado registrado es un trabajo con mayores características de estabilidad, la pérdida de este tipo de empleo, que podríamos señalar que en el sector privado entre noviembre y abril ya es de 100 mil puestos, se vuelve bastante preocupante esa situación. Después uno puede hacer un zoom en ese sector de los asalariados privados registrados y ver que el sector más damnificado es el empleo de la construcción, pero no es el único. Vemos también caídas muy fuertes en el sector servicios. Vemos caídas también en los trabajadores industriales. En algunos sectores específicos, como puede ser en metalúrgicos con grandes situaciones de conflicto. Y la verdad que es una situación que empieza a tomar mayor protagonismo después de varios años en la que el bajo desempleo era la norma. Hoy pareciera ser que llega este elemento que, obviamente, también va a empujar hacia abajo lo que era el foco de la discusión del mundo del trabajo que era la discusión sobre el poder adquisitivo y los salarios, que, en el marco de un aumento del desempleo y la pérdida de puestos de trabajo, va a perder protagonismo.