Javier Milei recortó los fondos (incluso a cero) de las bibliotecas populares, y en su primera versión de la Ley Bases buscaba desmantelar la Conabip. Provincia y Municipio tampoco se destacan por su apoyo.

Para las bibliotecas populares, el día a día nunca fue fácil. Pero desde que asumió el poder Javier Milei, incluso la supervivencia de algunos establecimientos está en riesgo: al brutal incremento de los servicios se suma que el Gobierno central suprimió, bajó o retacea fondos, imponiendo requisitos cada vez más imposibles de acreditar para acceder a aquéllos.

No estamos hablando de instituciones que se reduzcan a prestar libros. Hace tiempo que dejaron de ser solo eso y se abrieron a la comunidad, impulsando acciones como roperos solidarios, apoyo escolar y alfabetización de los pibes. Y para una gestión que ya ha demostrado su intención de embrutecer y anular a los más vulnerables, estas instituciones seguramente representan un verdadero peligro.

La Provincia y la Municipalidad también cargan con su parte de responsabilidad: así sus intenciones no sean espurias, lo cierto es que no desembolsan los montos que las bibliotecas populares necesitan con regularidad ni con un criterio fijo, mientras las exigencias para otorgarlos se multiplican al ritmo de la inflación.

Reduciendo riesgos

Pablo Fazzino es el presidente de la comisión directiva de la biblioteca popular “Mateo Booz”, sita en Pedro Ferré 2928. Hace un año y medio desembarcó allí junto a un grupo de estudiantes y egresados de Bibliotecología. Antes de eso eran meros usuarios, pero decidieron comprometerse con la realidad que observaban. “Nos fuimos enterando de las necesidades de ‘la biblio’, de la falta de presencia de la comisión que estaba en ese momento. Tenía muchos problemas, mucho atraso de papeles y demás. Veíamos que cerraba, que estaba caída, que no venía gente, entonces hicimos el traspaso de la comisión anterior a nosotros y ahí empezamos a actualizar los papeles”, contó.

Su tarea, como la de sus compañeros, es ad honorem, por lo que todos ellos se organizan para sostener sus respectivos trabajos, en ciertos casos estudiar, y además abrir las puertas de la institución, cobijada en la sede de la vecinal Fomento 9 de Julio.

Desde su llegada, este grupo de jóvenes quiso imprimirle a la Mateo Booz una nueva impronta. Inspirados en el docente e investigador Julio Díaz-Jatuf, impulsaron “la bibliotecología de cara a ayudar a la sociedad”. “El estereotipo de bibliotecario antiguo que es serio, que te hace callar, se va rompiendo. Buscamos un cambio”, remarcó. “Si bien nuestra biblioteca está en un barrio, por así decirlo, bastante privilegiado, tenemos muchas personas que se acercan con dificultades, gente de paso que viene a pedirnos y sufrimos sus inquietudes. No nos podemos quedar quietos viendo que las cosas pasan delante de nuestra nariz y no hacer nada”, se conmovió.

Entre las actividades para hacer frente a esas realidades, organizaron un ropero solidario. No hizo falta que Pablo expusiera la utilidad de esa iniciativa: mientras Pausa se acomodaba para hacerle la nota, un hombre que portaba una camperita nada acorde con esa gélida mañana se acercó a pedirle un abrigo.

Entusiasmo y ganas, entonces, sobran. Lo que está lejos de sobrar son los recursos. En mayo, la Mateo Booz debió organizar una venta de bolsones de pasta, porque ante la quita de subsidios a la electricidad por parte de Nación, la EPE se despachó con una boleta un 100% más cara.

Pero quizás el recorte más significativo se dio en abril. Fue una verdadera declaración de principios (y, por qué no, de guerra). Milei no solamente desfinanció a la Feria del Libro, como se supo, sino también a todo lo que oliera a cultura alrededor del acontecimiento literario más importante del país.

Históricamente, las bibliotecas populares con los papeles en regla recibían pasajes, dos noches de hotel y viáticos, para que dos de sus dirigentes asistieran al evento. En esta última edición, el Gobierno elevó a niveles inabarcables las exigencias de rendición de cuentas, lo comunicó con poca anticipación (de forma tal que no se pudieran cumplimentar) y redujo las anteriores condiciones: una persona y una noche. Como resultado, las 2.500 bibliotecas populares que normalmente asisten se redujeron a 900.

Es importante que se entienda: los enviados de bibliotecas populares no van a la Feria del Libro a pasear, como la mayoría de nosotros. Es SU oportunidad de conocer editoriales, negociar precios y adquirir ejemplares con 50% de descuento para surtir sus estanterías durante todo el año. Quienes hemos recorrido el inconmensurable predio de La Rural sabemos que esa labor es imposible para una sola persona en un día y medio. Y el señor de la motosierra también lo sabe, claro. De allí la reducción de riesgos: ¡qué peligro libros nuevos en los barrios!

Ninguna panacea

Fazzino tiene la esperanza de que la Mateo Booz seguirá recibiendo dinero por parte de la Nación, aunque desconoce en qué proporción y tiempos. Es lo que le queda, ya que desde el gobierno local nunca tuvieron aportes (recién ahora, ellos los están gestionando) y desde el provincial se los cortaron. “Cuando nosotros agarramos la comisión, veníamos recibiendo el subsidio de Cultura, siendo que los papeles estaban muy mal. Este año entregamos todo al día, las rendiciones y demás, y no lo recibimos. Y no te dan un justificativo de por qué”.

Lo cierto es que la Provincia y la Municipalidad tampoco son la panacea. Leonardo Cabral, presidente de la “Amílcar Renna” de barrio Pompeya desglosó ante Pausa cómo funcionan esos aportes, lo engorroso que resulta rendirlos y las consecuencias que la imprevisibilidad de su llegada tiene en la cotidianeidad de las entidades.

“Lo que nos estaba manteniendo en pie era el subsidio municipal, pero ya es junio y estamos cobrando abril”, grafica. Desde comienzos de este año, la partida mensual es de 260 mil pesos. “Gracias a Dios se pudo aumentar pero con este cambio de gobierno nos piden muchos más requisitos. Por ejemplo: en mayo de 2024 se pidió el balance de 2023. Los balances son muy costosos, están alrededor de 200 mil pesos más los honorarios de los contadores. Entonces todo el dinero se nos va en la gestión de nuestros ingresos”, lamentó.

En cuanto al gobierno provincial, explicó, el subsidio es anual pero dividido en cuotas. “Nosotros nunca podemos prever cuántas van a ser”, aseguró Cabral. Además, la primera de ellas llega en mayo o junio (ahora ya llegó, y fue de 220 mil pesos), de forma tal que “enero, febrero, marzo y abril quedan afuera para cubrir servicios”. Porque encima, en muchas oportunidades sucede otra incoherencia: “la Provincia el 28 de diciembre nos da dinero, pueden ser 100 mil o 200 mil pesos, y nos dice que lo tenemos que rendir en el año corriente. Como que nos dan las sobras y tenemos que salir a gastarlas en dos días. Terminamos corriendo, comprando cosas que no sirven”.

Ley Bases: alerta bibliotecas

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares es el organismo encargado de remitir los fondos a esas instituciones, que con eso compran insumos y pagan los servicios. Fue fundada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870.

Hasta 2023 otorgaba una o dos cuotas a principio de año y una tercera en junio. En ese período el total fue de 800 mil pesos. En lo que va de 2024 la Amílcar Renna aún no recibió un peso. Y es que probablemente la Conabip no lo tenga: ya en la primera versión de la Ley Bases (cuando todavía se le decía Ley Ómnibus) Milei plasmó su decisión de desmantelarla —y consecuentemente, de extinguir a las bibliotecas barriales—.

Cabral nos instruye: “En la parte de la Conabip decía que solamente iban a cobrar sueldo el presidente, el vice y la tercera persona, y todas las demás no. Iba a ser ad honorem. Entonces si llegaba a salir la ley, la Conabip no iba a tener empleados, porque nadie trabaja gratis”. “Si desaparece, la parte legal que nos avala con Provincia y Municipalidad se iba a terminar, y estaban en el derecho de quitar el financiamiento, cuando la Conabip fue financiada por el gobierno de Sarmiento con el argumento de que esparcía el conocimiento en el territorio nacional”.

Según consigna La Nación en una nota del 22 de enero pasado, “las protestas de reconocidos artistas, escritores, intelectuales, bibliotecarios y gestores culturales tuvieron su efecto” y “el Gobierno nacional cedió e introdujo modificaciones en la Ley Ómnibus”. Así, asevera el texto, “el Fondo Nacional de las Artes y la Conabip quedaron a salvo del cierre y las restricciones presupuestarias”. Conociendo la orientación política de ese medio, y ante la imposibilidad de dar con un solo párrafo que hable de la Conabip en las versiones de la última Ley Bases disponibles, nos reservamos el derecho a dudar sobre lo que efectivamente apruebe el Congreso tras la nueva revisión prevista en Diputados. Porque además, la movida oficial por desprestigiar lo cultural, y más aún lo cultural popular, nunca se detuvo. “Estamos señalados por la sociedad, por los políticos, por el Estado como que les sacamos el dinero a los ciudadanos, cuando estamos haciendo el trabajo que debería hacer el Estado. Somos instituciones muy desvalorizadas”, reflexionó Cabral.

Como sea, si hay que dar una nueva batalla, se dará. “Volveremos a salir a la calle”, anticipó. Y es que él, y los pibes de su barrio, tienen mucho que perder. “El analfabetismo es muy grande en Pompeya, y estamos luchando contra él. Hay chicos de 12 o 15 años que no saben leer, y ante esa situación tratamos de ayudar”.

Mientras tanto, la mamá de Cabral, Mónica Vázquez, mantiene en el mismo edificio el centro comunitario, que brinda bolsones de comida a 70 familias. “Le pedí el lugar y la biblioteca hace 11 años que está funcionando con el objetivo de que no les demos el pescado, sino que le enseñemos a pescar. Y ha dado muy buenos resultados en la educación de los chicos del barrio”. Pibes alimentados y alfabetizados quieren. Qué peligro.

La respuesta de la Provincia

Sobre la situación de la biblioteca popular, fuentes del Ministerio de Cultura provincial afirmaron a Pausa que "la Biblioteca Mateo Booz está en el sistema de Provincia y cuando no pudo rendir para cobrar otra cuota de los subsidios fue por falta de la subsistencia ante la IGPJ".

En este sentido, dicho requisito es el único exigido por ley provincial para que las Bibliotecas Populares registradas puedan cobrar, es decir, tener sus asociaciones civiles de forma activa, de acuerdo a fuentes de Provincia.

"No hay nada cortado desde Provincia", señalaron desde el sector.