En 2054 la crisis climática será un hecho. Hasta ese año tendrán vigencia los beneficios para las empresas que se acojan al RIGI. Los silencios y opacidades que se convertirán en los males y dolores del futuro.

Año 2054. El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático dice que para esa fecha la temperatura global aumentará entre 1,5 y 2 grados centígrados. Esto significa que habrá más sequías, incendios e inundaciones y cambios drásticos en los regímenes de lluvia, colapsará la agricultura y la pesca, se derretirán los casquetes polares y desaparecerán innumerables territorios insulares y costeros por el aumento del nivel del mar, cientos de miles de especies ya estarán extintas o en peligro grave de desaparecer, existirá mayor riesgo de contraer enfermedades que son transmitidas por insectos (como el dengue o la malaria), aumentará el stress hídrico y será aún más difícil acceder al agua. Los efectos del cambio climático están presentes en nuestro día a día y nos afectan de modo desigual: quien no puede hacerse de repelentes o vacunas difícilmente enfrente al Aedes aegypti, quienes habitan en zonas inundables o desertificadas sin acceso a los servicios básicos tendrán una cotidianeidad cada vez más dura, quienes caminan cuadras o kilómetros para obtener agua potable posiblemente la consigan cada vez más lejos, si lo logran. 

La posibilidad de hacer frente a estas escenas, que dan cuenta de cómo ese mundo que algunas personas conocimos se nos está diluyendo entre las manos, la tenemos las generaciones presentes. Las alarmas están encendidas hace rato y es hora de hacerse cargo. Ese hacerse cargo se despliega a una multiplicidad de espacios: gobiernos, movimientos sociales y territoriales, sistemas científicos y tecnológicos, artes, partidos políticos, sindicatos, etc. Todos ellos dicen cosas o guardan silencios. Algunos silencios son ensordecedores, los ruidos incomprensibles y proliferan imágenes sintomáticas de la época que transitamos donde todo es igual, nada es mejor. Por un lado, algunos gobiernos niegan la existencia o la causa del cambio climático y, por otro, científicos se encadenan en un intento desesperado por llamar la atención de decisores, a la vez que grandes movilizaciones sociales despliegan la consigna de la justicia climática. 

En este contexto, en nuestra Argentina, se toman decisiones que guardan silencios brutales sobre uno de los temas que compromete nuestro presente y futuro. Hasta 2054 tendrán vigencia los beneficios otorgados a aquellos que se acojan al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) que fue aprobado como parte de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. A partir de 2024, quienes hagan parte de régimen, cuentan con tres décadas de privilegios de diversa naturaleza que son extensamente detallados en la ley citada: protección de derechos adquiridos, beneficios y exenciones tributarias e impositivas, facilidades cambiarias, etc. Tanto detalle contrasta con el silencio y con la opacidad: con lo que no dice. 

El RIGI, dice la ley, aplica a grandes inversiones en los siguientes sectores: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Esta enumeración abre la puerta a la profundización de los extractivismos cuyos efectos sociales y ambientales graves se denuncian hace décadas. Frente a esto siempre aparece la (falsa) dicotomía sobre la necesidad de desarrollo y progreso frente a la protección ambiental. Este régimen no es la excepción. Quienes lo defienden plantean que necesitamos desarrollarnos incluso indicando como fundamento la cláusula constitucional del progreso (art. 75 inc.18) a partir de una interpretación sesgada y a contramano de los desafíos contemporáneos. Esa misma constitución, una oración debajo, incorpora la cláusula de desarrollo humano y la necesidad de progreso económico con justicia social (art. 75 inc. 19). Además, esa misma Carta Magna, en su artículo 41, reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. En otras palabras: existe la justicia social, existe la justicia ambiental (y también ecológica) y existe la justicia intergeneracional. 

El RIGI, no obstante, se basa en silencios y opacidades que se convertirán en los dolores del futuro. 

Los silencios. Se verifican en una serie de omisiones inadmisibles a la luz de nuestro cuerpo constitucional y los tratados de derechos humanos y ambientales de los que Argentina es parte. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un régimen de incentivos que profundizará los conflictos territoriales y dejará grandes pasivos ambientales no diga una palabra sobre eso? ¿cómo es posible que no exista una sola referencia a la necesidad de generar evaluaciones de impacto ambiental sobre los proyectos que se presentan? ¿cómo es posible que no exista previsión alguna sobre sanciones ante episodios de contaminación? 

Las opacidades. El RIGI, por ejemplo, asegura el suministro de insumos. No pueden ser restringidos por ninguna regulación. ¿Sabemos qué son esos insumos? Entre otros, el agua. En estas décadas por venir, en las que se pronostica que será cada vez más difícil el acceso al agua para consumo humano, durante treinta años no se podrá realizar ninguna restricción de este suministro a quien sea beneficiario del régimen. Un detalle no menor: el agua es un derecho humano que la opacidad del lenguaje filtra como insumo.

¿Qué diremos, pienso, cuando promedie el siglo en curso sobre haber permitido que un conjunto de silencios y opacidades aprobados a fuerza de violencia estén profundizando nuestra propia degradación?

La autora es profesora de FCJS-UNL, investigadora CONICET y Principal Investigator Speak4Nature.