El Pacto de Mayo es un conjunto de ideas para poner al país al servicio de los intereses dominantes: la expresión vacía de un futuro prometedor que no se detiene a analizar los problemas del aquí y el ahora.

La firma del Pacto de Mayo equivale a poner por escrito las reglas que ya dominan las relaciones sociales en la Argentina desde el fin del mundo bipolar y el abrazo a las ideas liberales impuestas por el Consenso de Washington. Nada nuevo bajo el sol.

El presidente Javier Milei consiguió el acompañamiento de 18 gobernadores y pudo, al fin, en la fría noche del 8 de julio y es vísperas de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, lograr la foto que tanto buscaba desde que arribó a la Casa Rosada siete meses atrás: la “casta” –representada por los mandatarios provinciales– rubricando un decálogo de ideas que, en el mejor de los casos, serán apenas una hoja de ruta para implementar el ambicioso programa de reformas económicas que pregona el líder libertario.

En aquella noche tucumana, Milei no se ahorró ninguna grandilocuencia: habló de “nuevo orden” y de “cambio de época”. Los gobernadores le hicieron los coros. El santafesino Maximiliano Pullaro planteó que la firma del Pacto de Mayo “puede ser el comienzo de una nueva Argentina” y en términos similares –con mayor o menor convicción– se expresaron sus colegas.

En el relato de Milei, el decálogo firmado en la Casa Histórica de Tucumán supone el inicio de una nueva era en la Argentina a la que se llega “después de décadas de pendular entre proyectos antagónicos que nos han hecho cada vez más pobres”.

El mensaje de Milei en Tucumán –del mismo modo que sus discursos de asunción el 10 de diciembre y de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el pasado 1º de marzo– estuvo cargado de referencias históricas, en línea con el carácter refundacional que busca imprimirle a su gestión.

Milei ha dejado en claro, desde la campaña, que el adversario a derrotar no es un partido político en particular, ni el movimiento obrero organizado, ni los gobernadores, ni las regulaciones económicas aún vigentes: para el presidente, el enemigo es el sistema democrático de los últimos 100 años encarnado en las funciones que –todavía hoy– cumple o debe cumplir el Estado.

Un pacto consigo mismo

El decálogo suscripto por los gobernadores es más una imposición presidencial que un acuerdo entre partes cuyo poder es asimétrico. Desde su primera enunciación, el Pacto de Mayo es, más bien, la expresión de un modelo económico, institucional y político diseñado por los sectores dominantes para sacarse de encima cualquier tipo de regulación.

En otras palabras: un pacto contra la centralidad del Estado que apunta a poner en marcha una serie de reformas normativas para liberar la economía a las leyes del mercado. No en vano, el presidente dijo, en una entrevista reciente en el extranjero, que su verdadera función es ser “el topo” que va a destruir el Estado “desde adentro”.

Los objetivos que se ha trazado Milei son ambiciosos: alinear a todas las fuerzas políticas bajo el mandato atemporal del “equilibrio fiscal”, más allá de las circunstancias históricas y de las necesidades puntuales de cada época; diseñar un nuevo sistema impositivo para favorecer a los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores; avanzar en un nuevo esquema de coparticipación federal para quitarle obligaciones al Estado nacional; reformular, en clave regresiva, las leyes laborales y jubilatorias; achicar el gasto público al mínimo; abrir las puertas al comercio internacional sin trabas ni aranceles; y forzar a las provincias a la explotación de sus recursos naturales bajo las reglas del modelo extractivista.

En rigor, los 10 preceptos incluidos en el Pacto de Mayo ya están plasmados en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes en nuestro país. La aceptación de los gobernadores –y a través de ellos, de los legisladores nacionales– no tiene efectos jurídicos concretos: es puro símbolo.

Con el acto de Tucumán, Milei busca enviarles una señal a los actores internacionales –en un momento de severas necesidades en materia de dólares e inversiones, bajo el yugo de la deuda impagable con el FMI– y, al mismo tiempo, quiere dejar tallada en piedra la arquitectura de una Nación puesta al servicio de los intereses dominantes. Aquí están las materias primas y los recursos naturales que el mundo necesita, parece ser el mensaje del presidente. Y, desde ahora, habrá cada vez manos restricciones para extraer y explotar esos recursos.

El afán de quedar en la historia

Los ciclos políticos que quedan en la historia grande son aquellos que resuelven los problemas del presente sin dejar de proyectar a futuro.

Para el gobierno libertario, todo es futuro. De allí el entusiasmo con la foto de Tucumán, porque advierten que esa postal –recortada de su contexto– expresa un amplio consenso institucional para acompañar las políticas de ajuste que se pusieron en marcha en diciembre de 2023 vía motosierra y licuadora.

Pero otra cosa será cuando el decálogo libertario deba traducirse en leyes y reformas que requieran del aval del Congreso y las provincias. En ese punto, y más allá de sus filiaciones partidarias, los gobernadores y los legisladores mostrarán sus reparos, como ya lo hicieron en el primer semestre del año cuando se discutieron la Ley Bases y el paquete fiscal.

El apoyo de gobernadores y senadores a la Ley Bases, ante el espejo de Misiones

Porque, en definitiva, no hay pacto que dure para siempre: cuando los indicadores sociales y económicos empeoren, habrá que observar si se mantiene firme el apoyo los gobernadores y del círculo rojo o si empiezan a mirar con ansiedad otras opciones de futuro. La política es, en buena parte, la gestión de las expectativas.

Milei y los suyos piensan que en la madrugada del 9 de julio se empezó a forjar una nueva Argentina: un país con menos Estado y con más libertad (para los negocios, no tanto para la gente). El presidente no se amilana ante la idea de imprimirle un carácter histórico o refundacional a la humilde gesta tucumana, como si la firma de ese decálogo de políticas neocoloniales fuese equivalente a los pactos que permitieron la sanción de la Constitución de 1853 o la organización definitiva del Estado nacional a partir de 1880.

Pero, como señala Marcelo Falak en Letra P, “la validez de los hitos históricos se mide en el tiempo, no en una noche de gala”. El Pacto de Mayo no es el punto de llegada: es solamente el punto de partida de un nuevo modelo de país que solo será posible si los otros, que son muchos, bajan sus banderas y aceptan sin protesta el catecismo libertario.

El contexto social en que se firmó el Pacto de Mayo es de los más difíciles en, al menos, ocho décadas. La mitad de los argentinos y las argentinas viven bajo la línea de pobreza. Cada vez se genera menos empleo de calidad y, en contraste, crece la precarización y aumenta la desocupación. El consumo masivo se desploma en forma sostenida desde hace siete meses y no hay signos de reactivación económica a la vista. La suspensión de trabajadores, el cierre de pymes y la caída generalizada de las ventas expresan los límites de un modelo que se reduce a ajustar las cuentas públicas sin medir las consecuencias sociales.

Prepárense porque falta lo peor

En la Argentina libertaria de 2024 lo único que crece es la desigualdad, el endeudamiento de las familias trabajadoras y las ganancias del sector financiero. Si el decálogo del Pacto de Mayo se traduce en políticas concretas, se profundizarán –aún más– las asimetrías y nuestro país estará cada vez más lejos de avanzar hacia un esquema de desarrollo sostenible con inclusión plena.

Argentina necesita un pacto para crecer y, antes, un pacto para vivir. La pobreza, la desigualdad, el hambre y las necesidades más urgentes de los sectores postergados no pueden esperar respuestas de largo plazo. El momento es ahora.

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

La redacción definitiva del Pacto de Mayo incluyó un ítem sobre la educación, a pedido de la UCR, y conservó los lineamientos originales enunciados el 1º de marzo por el presidente Javier Milei:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. Equilibrio fiscal inamovible.
3. La reducción del gasto público en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una educación inicial, primaria y secundaria ágil y moderna, con infraestructura plena y sin abandono escolar.
5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el crecimiento.
6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias.
7. El compromiso de las provincias argentinas de encargarse de la explotación de los recursos naturales del país.
8. Una reforma laboral que promueva el trabajo formal.
9. Una reforma previsional que de la total estabilidad al sistema y aporte a quienes aportaron con su vida.
10. Abrir el comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.