La cámara baja dio luz verde al dictamen de minoría impulsado por la UCR, que ahora deberá ser votado en el Senado. El proyecto propone actualizar cada dos meses los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios y tendría efecto retroactivo.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, que ahora deberá ser votada en el Senado. El proyecto propone actualizar cada dos meses los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de acuerdo a la inflación, y tendría efecto retroactivo: la recomposición comprendería hasta el 1 de diciembre de 2023.

El dictamen que había presentado el kirchnerismo fue rechazado, pero luego se aprobó el dictamen de minoría que impulsó la Unión Cívica Radical (UCR) con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención. La iniciativa propone que el presupuesto se distribuya en función de criterios tales como el número de estudiantes de cada institución, las carreras que ofrecen, la cantidad de egresados y su labor científica, tecnológica y de extensión.

Además, establece mecanismos de seguimiento y evaluación del presupuesto de cada universidad, acordados entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional, con la supervisión de la Auditoría General de la Nación. Finalmente, se habla de una "ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles".

Esto se da en el marco del paro de docentes y no docentes que tuvo lugar esta semana, en respuesta a la negativa del gobierno de abrir una discusión paritaria. Milei viene recortando el presupuesto de las universidades públicas desde su asunción; en los últimos siete meses, los salarios de sus trabajadores perdieron más del 50% del poder adquisitivo.

🔵 :: 12, 13 y 14 de agosto: Paro Nacional de 72 horas en las Universidades Nacionales::
⏯️ Mirá el video. ¡Sin salarios dignos, no hay Universidad Pública de calidad! pic.twitter.com/EnHHWiDiTc

— CONADU Histórica (@CONADUHistorica) August 13, 2024

Además, en la misma sesión se aprobó la controvertida iniciativa de Alejandro Finocchiario (Pro) que declara a la educación como "servicio esencial", lo que obligaría a las y los docentes a garantizar las clases aun en días de paro, estableciendo un sistema de guardias mínimas obligatorias.