Justificado en un supuesto achicamiento del Estado, el Gobierno avanzó en la destrucción de derechos y protección de las minorías en su supuesta "batalla cultural" con el cierre del INADI.

Este martes el Gobierno nacional retrocedió nuevamente en materia de derechos al comunicar oficialmente la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El instituto funcionó durante 30 años para generar políticas de integración de las minorías, luchar contra las distintas formas de discriminación en nuestro país y promover acciones de defensa de derechos, pluralidad e igualdad.

La destrucción del INADI forma parte del relato oficial de una supuesta "batalla cultural", que se materializa en un avasallamiento a derechos conquistados y la desprotección de cada vez más sectores. En este caso, el desguace del INADI comenzó en mayo pasado con el despido masivo de los trabajadores.

El cierre de la institución había sido anunciada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del mismo modo lo hizo el vocero Manuel Adorni. Finalmente, el Decreto N° 696/2024 publicado esta mañana habla de la “disolución” definitiva de ese organismo descentralizado.

Llegó el primer decreto delegado. Cierre del INADI. Vale la pena leer los fundamentos del decreto para tomar dimensión del dispendio, descontrol e hipocresía en la q los K habían sumido al Estado argentino. https://t.co/iGJ912doHX

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 6, 2024

Lo insólito resulta que Sturzenegger mencione el "dispendio, descontrol e hipocresía en la que los K habían sumido al Estado argentino", cuando el INADI se creó en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem, luego de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA.

Los argumentos del Gobierno para cerrar el INADI

El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial presentó una serie de argumentos para justificar el cierre del INADI que marcan el tono ideológico del Gobierno nacional.

En primer lugar, la fundamentación abre con una relativización de la discriminación al sostener que "todos sus habitantes son iguales ante la ley y gozan de protección contra toda forma de discriminación".

En segundo lugar, como parte de su visión del Estado, el Gobierno justifica el cierre por supuestamente constatar "(i) graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; (ii) sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; (iii) retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e (iv) ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia".

No le tiembla el pulso al Gobierno para disolver la institución con el fin de "ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan".

En tercer lugar, el decreto menciona una "ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones", lo que "no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia".

Sin embargo, el aspecto central es cuando afirman que "la obligación constitucional de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato no exige necesariamente la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional en tanto que la lucha contra toda discriminación es uno de los altos propósitos de la Ley Fundamental y no conoce, ni podría conocer, de banderas políticas o ideológicas específicas".

De esta manera, el Gobierno cuela su prejuicio ideológico sobre el trabajo contra discriminación al que condenan por "persecución ideológica" o estar vinculado a valores de "ideología de género". Nuevamente, Milei olvida que su citado referente político, Carlos Menem, creó el INADI.

Por último, cabe resaltar que otra justificación se centra en los superpoderes que el Congreso le otorgó con la Ley Bases.