![](https://www.pausa.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/SF-Provincia_Bnnr-Mamografia_728x90.gif")
En una resolución vergonzosa, el máximo tribunal de la provincia anuló las sentencias previas y dejó sin condenados a la causa por las responsabilidades políticas en la peor catástrofe de la historia de Santa Fe.
La Corte Suprema anuló los fallos de primera y segunda instancia de la causa Inundación. De esta forma, el máximo tribunal ‘de Justicia’ de la provincia dejó sin condenados al expediente penal iniciado hace 21 años para establecer los responsables políticos por la peor tragedia que sufrió la ciudad, por la que 130.000 personas resultaron damnificadas y 158 fallecieron.
En una vergonzosa resolución, los ministros Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler, con la presidencia de Rafael Gutiérrez y el agregado del juez de Cámara Daniel Acosta decidieron que la causa no tuvo un “plazo razonable” y que ello perjudicó al único sentenciado que quedaba, Ricardo Fratti.
Hace dos décadas los inundados vienen enarbolando un reclamo: “la Justicia tardía no es Justicia”. Evidenciando un cinismo sin igual, la Corte utilizó ese argumento en contra de las víctimas, al decir que el paso del tiempo generó un perjuicio en la administración de justicia, pero para Fratti. Y lo absolvió.
21 años de lucha
El 5 de mayo de 2003, la titular del Sindicato de Amas de Casa Ana Isabel “Chabela” Zanutigh presentó una denuncia ante el fiscal Ricardo Favaretto para que se investiguen presuntos ilícitos cometidos por funcionarios durante la tragedia. El juez era Diego De la Torre.
El proceso estuvo regido por el Código Procesal Penal viejo, el oscurantista sistema que funcionó hasta 2014 en la provincia, en el que los expedientes se dirimían y con la participación de jueces, fiscales y abogados, pero sin contemplar la figura de las querellas. Sin embargo, el matrimonio de Milagros Demiryi y Jorge Castro consiguió ser incluido como actores civiles.
De 2003 a 2005, De la Torre llamó a declarar a 34 personas. El ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, el director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el intendente de Santa Fe Marcelo Álvarez, más otros siete servidores públicos, debieron atravesar indagatorias.
En cambio, quienes son considerados por los damnificados como los máximos responsables del desastre, nunca fueron imputados: Carlos Alberto Reutemann, gobernador durante la inundación, Jorge Obeid, el mandatario que en 1997 inauguró la defensa inconclusa por la que irrumpió el agua, y el pluriministro del expiloto de Fórmula 1, Juan Carlos Mercier. Los tres fueron citados solamente en tanto testigos.
El 19 de abril de 2006, el juez Jorge Patrizi procesó a Berli, Fratti y Álvarez por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas, y en un curioso apartado, aseveró: “No existen elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado de los hechos”. Hasta el día de hoy persiste la duda: ¿por qué el magistrado dispensó de responsabilidades a alguien que nunca fue indagado y que no estaba entre los imputados?
Reutemann hizo su primera declaración testimonial el 12 de abril de 2004, por escrito, como se lo permitían sus fueros de senador nacional. “Ningún organismo técnico ni ninguna autoridad o persona, dio aviso de la magnitud que alcanzaría el hecho, que constituyó una verdadera catástrofe imprevisible”, escribió.
Sus palabras refritaron la tristemente célebre frase “a mí nadie me avisó” que había pronunciado en mayo de 2003. En 2013 hizo su segunda declaración. En ella adujo que no recordaba lo sucedido y reprodujo en un 68% el texto anterior: a él, insistió, nadie le había avisado nada. El exmandatario murió el 7 de julio de 2021
El 5 de marzo de 2008, el fiscal Norberto Nisnevich pidió que se eleve a juicio el expediente. Fue el primer funcionario judicial que se animó a decir que los procesados “se desempeñaron en forma negligente”, y en dar “por probado que la inundación del Salado era previsible”.
En 2013 fue asignada a la causa la fiscal Mariela Jiménez, quien consiguió que fueran llamados a declarar Obeid y Mercier. El paso de ambos por Tribunales no sirvió para nada a los efectos de la causa; pero tuvo un importante valor simbólico. El 28 de enero de 2014, Obeid falleció.
El 1° de febrero de 2019 el magistrado Octavio Silva condenó a Berli y Fratti a tres años de prisión condicional por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. El tercer imputado, Marcelo Álvarez, había muerto el 9 de abril de 2018.
La resolución de Silva fue apelada por Fratti y Berli, que perdieron también en esa segunda instancia. El ex ministro murió de coronavirus el 12 de mayo de 2021. Fratti, el único condenado que quedaba con vida, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que ahora le dio la razón.
Sellando la impunidad
El más activo en la redacción de la última resolución, de 79 páginas, fue Daniel Erbetta. En cambio, al igual que Spuler, el ministro Gutiérrez se redujo a votar en concordancia con sus pares. Su incapacidad para expresarse con el más mínimo grado de idoneidad no es un misterio para nadie, pero seguramente ese no es el motivo por el que no escribió ni una sola palabra propia en el texto. Probablemente este haya sido su último y burdo intento por desviar la atención de su responsabilidad en la impunidad de Reutemann. El expiloto fue quien lo nombró en la Corte, y fue por años su primo político: el presidente del máximo tribunal santafesino es primo hermano de la exesposa de Reutemann y madre de sus dos hijas, María Noemí Claudia Bobbio, más conocida como ‘Mimicha Reutemann’.
El argumento principal para absolver a Fratti versa sobre “la razonabilidad de la duración del proceso penal”. Como si fuera el hijo del verdulero, y no uno de los máximos representantes de la Justicia provincial, Erbetta señala: “Es obligación de los órganos estatales encargados de la persecución penal garantizar un juicio justo y en un plazo razonable”.
Además, rememora (como si no lo supiéramos) que “han transcurrido más de 20 años desde la denuncia presentada el 05.05.2003”. Aunque, curiosamente, considera que “no se verifican lapsos temporales específicos en los que se vean demoras excesivas”. Son incontables las apelaciones de los imputados buscando que el proceso prescribiera, y más de 20 jueces y 15 fiscales se revolearon el expediente entre sí para no hacerse cargo de esa papa caliente, pero para Erbetta nada de eso tiene que ver con que la causa lleve 21 años tramitándose.
Párrafo aparte merece la intervención de la jueza Gastaldi. Haciendo gala de una ignorancia preocupante (aunque no sorprendente), la ministra de la Corte escribió: “en la pericial oficial se informó que la crecida del año 2003 correspondió a un evento extremo, y que no se contaba en el 2003 con ningún tipo de sistema (ni organizado ni precario) que permitiera establecer un pronóstico de la evolución en el tiempo, tanto de caudales como de niveles de agua”.
No, Doctora. No. La pericia hecha en 2005 por los técnicos Jorge Bacchiega, Jorge Maza y Juan Carlos Bertoni dice exactamente lo contrario. Dice: “la capital provincial presentaba problemas estructurales que no correspondían ser resueltos en una situación de emergencia, sino que debieron haberse evaluado y corregido en forma previa”, dice que “el inicio del ingreso del agua a la ciudad y su incremento el 27 y 28 de abril conforman un aviso importante que debió haber determinado acciones de evacuación”, y dice que “con los registros existentes en poder de las autoridades de la provincia y la utilización de modelos de fácil y libre disponibilidad, era factible establecer la fecha, la cantidad de agua y la velocidad de la misma”.
O sea: dice que con lo que venía pasando en días previos, los funcionarios estaban avisados de lo que pasaría el 29 de abril de 2003, y que cerrar la defensa Oeste en plena inundación jamás iba a servir de nada.
El fallo dice asimismo que se debe constituir un “tribunal subrogante” que determine lo ocurrido “según los lineamientos” de la propia resolución. O sea: se vuelve a foja cero. Pero la Corte no da precisiones sobre quiénes deben integrar esa nueva cámara, ni sobre qué cuestiones debe resolver.
La lucha continúa
La ecuación es muy fácil: si ningún funcionario provincial de 2003 es condenado por la causa Inundación, el reutemannismo, que no murió con su líder, no queda pegado. “Lo dijimos desde un primer momento: (en la Corte) eran y siguen siendo reutemannistas”, afirmó Jorge Castro en diálogo con los medios. “Lo que querían era absolverlo a Fratti para que no quede ningún funcionario público dentro de la causa”.
“La defensa del oeste estaba abierta y por eso nos inundamos. Pero solo hablan de la incertidumbre del ingeniero Fratti en estos 21 años que duró la causa”, manifestó. Y, preguntó: “¿Qué queda para los muertos, para los secuelados, para todos aquellos que han sufrido de una forma incontrastable?”.
“Esto abre la puerta a que cualquier funcionario que cometa un hecho aberrante contra los ciudadanos salga libre. Porque la única táctica es dilatar, dilatar y dilatar, y que no haya justicia”, anticipó.
A su turno, Demiryi advirtió que “la Corte falló en contra del pueblo santafesino”. “Esto es consagrar la impunidad”, añadió. “La Corte ha llegado a la conclusión de que nadie es responsable de esto, o sea que los funcionarios están para cobrar su sueldo nomás”.
La activista por los derechos humanos anticipó que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “De una vez por todas, el que las hace las tiene que pagar”, exigió. Y Castro la respaldó: “No estamos ni atemorizados ni vencidos. Y seguiremos luchando”.
